Varias organizaciones de la plataforma No Somos Delito, entre ellas la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), se han concentrado hoy frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Han denunciado que la iniciativa legislativa para reformar esta ley se tramita con mucha lentitud en el Congreso y, además, no elimina los elementos más lesivos para los derechos humanos ni las llamadas «devoluciones en caliente».
El secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, ha participado en representación de esta organización sindical y de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), entre cuyos fundadores está la FeSP. Además de integrantes de No Somos Delito, que han organizado el acto, también han asistido representantes de Greenpeace, Amnistía España, IRIDIA y Yayoflautas, entre otras organizaciones.Tras guardar dos minutos de silencio, ha sido leído un manifiesto y el grupo La Solfónica ha interpretado dos canciones.
El «Manifiesto contra la Ley Mordaza y por el fin de las devoluciones en caliente» indica, entre otras cosas: «La Ley Mordaza se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos. También ha servido para vulnerar los derechos humanos de personas en situación de mayor vulnerabilidad.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana lleva tiempo sin avanzar, se bloquea el proceso de tramitación legislativa una y otra vez. Pero además, tal y como se ha planteado, la protesta seguirá amordazada. El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley llegó en noviembre de 2021 con muchos años de retraso, pero lo que es peor, no plantea eliminar los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la Ley Mordaza.
Denunciamos también que la propuesta de reforma tampoco plantea eliminar el artículo relativo a la ‘difusión de imágenes’ de actuaciones policiales (artículo 36.23). Las actuaciones policiales deben poder ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general.
Denunciamos que la propuesta de reforma no reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni establece adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias.
Tampoco se prohíbe el uso de balas de goma. Ni incluye la prohibición expresa de redadas racistas, ni plantea eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley a las conocidas como devoluciones en caliente.
Situaciones como la vivida el pasado 24 de junio en el paso fronterizo entre Marruecos y Melilla, que supone la mayor tragedia en la Frontera Sur en los últimos 30 años, no pueden repetirse más. Ahora que se está negociando la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, debe derogarse la disposición adicional que busca dar cobertura legal a las expulsiones sumarias de España a Marruecos.
Somos miles de personas que nos hemos movilizado para que seamos escuchadas, y que el resultado sea una nueva ley que, de verdad y de una vez por todas, garantice el ejercicio de nuestros derechos y libertades.
