El Gobierno aprovecha el Consejo de Ministros del 1 de agosto para subir el gasto. Defensa acaba gastando cada año un 30% más de lo aprobado por el Parlamento
Entre las referencias del Consejo de Ministros de este 1 de agosto, colgadas en la web de La Moncloa a media tarde, se encontraba una sorpresa que supone incrementar un 16% el presupuesto aprobado por el Parlamento al Ministerio de Defensa para 2014.
La decisión se adjudica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y aparece camuflada entre dos acuerdos menores que afectan a temas como vacunaciones infantiles por Exteriores y gestión de purines por Agricultura. Con esa compañía el Gobierno informa de la aprobación de un Real Decreto Ley por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Ministerio de Defensa que suman 914 millones 215 mil 368 euros y 60 céntimos de euro.
El objetivo del crédito extraordinario es “atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento, por importe de 883.655.368,60 euros, y, por otra parte, se conceden suplementos de crédito para financiar gastos relativos a adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Conjunta, por importe de 30.560.000 euros”.
Dice la nota del Consejo de Ministros que con estos fondos “se pretende satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas Españolas, dotándolas de los mejores sistemas de armas, equipos e infraestructuras de apoyo para el cumplimiento de sus misiones, así como evitar que se resientan los planes de adiestramiento, mantenimiento y renovación de las unidades de las Fuerzas Armadas no desplegadas por limitaciones de presupuesto, ya que en el momento actual las dotaciones presupuestarias solo permiten atender el alistamiento de aquellas unidades que van a ser desplegadas en operaciones”.
Añade el Gobierno que “el suplemento de crédito atiende la deuda acumulada con proveedores como consecuencia de inversiones y planes industriales de alcance nacional e internacional en los que han participado los Ministerios de Industria y de Defensa”.
La interpretación de lo anterior es que el Gobierno de Rajoy ha elegido en los últimos tres años la fórmula de aprobar un crédito extraordinario a mitad de ejercicio para responder a los compromisos de pago de los programas especiales de armamento aprobados desde mediados de los 90. Los programas especiales de armamento recibieron también de fuera del Ministerio de Defensa un crédito extraordinario de 1.782 millones en 2012 y de 877 millones en 2013; además de otras cantidades extraordinarias procedentes del Ministerio de Industria o de la venta de propiedades inmobiliarias.
La causa hay que buscarla en que el sistema ideado por el propio Pedro Morenés, hoy ministro, cuando ocupó la responsabilidad de secretario de Estado de Defensa a finales de los 90, ha crujido. En síntesis, los pagos en los primeros años eran bajos y correspondían al Ministerio de Industria, y ahora son cada año más elevados y se adjudican a Defensa, que no tiene presupuesto para afrontarlos y necesita transfusiones de Hacienda normalmente alrededor del mes de agosto para intentar que pase desapercibido.
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, sobre los compromisos financieros de las grandes programas de armamento, ha insistido en sede parlamentaria que se deje ya de hablar de los reiterados 30.000 millones de euros. Señala que Defensa ya ha pagado 7.000 millones, que el Ministerio de Industria ha adelantado a las empresas 15.000 millones y entonces el problema financiero pendiente son 8.000 millones de euros que Defensa debe abonar en una década –a unos 800 millones anuales vía crédito extraordinario-.
Estas decisiones convierten en una ficción los presupuestos que cada otoño se debaten en Congreso y Senado para el Ministerio de Defensa, porque a los créditos extraordinarios para programas de armamento se suman el pago del despliegue exterior de las Fuerzas Armadas en operaciones como Afganistán, Líbano, Somalia, Malí o la República Centroafricana, escenarios actuales, que tampoco se recoge en el presupuesto inicial de Morenés.
En 2013 los gastos de las operaciones militares en el exterior sumaron 784 millones de euros, procedentes de un fondo de contingencia del Ministerio de Hacienda. En 2014 la cifra puede ser inferior por el repliegue prácticamente total del contingente en Afganistán, aunque el coste de repatriación del material ha sido muy elevado y sin duda afectará también al presente ejercicio.
La segunda decisión del Consejo de Ministros de ayer afecta a la nueva Fuerza Conjunta diseñada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa a la que se le conceden 30,5 millones extras de financiación para financiar gastos relativos a adiestramiento y alistamiento.
El jefe de Estado Mayor de la Defensa, mando operativo de las Fuerzas Armadas, Fernando García Sánchez, hizo público a comienzos de año el nuevo diseño de la organización militar que tiene como eje una fuerza de acción conjunta compuesta en su núcleo por 15.000 militares realmente operativos y desplegables por el Gobierno a un escenario determinado en caso de necesidad, 10.000 de ellos para operaciones combinadas con países aliados o en el marco de organizaciones internacionales, y otros 5.000 en principio destinados a responder a operaciones en las que España debiera actuar militarmente en solitario.
El Ministerio de Defensa ha estado especialmente activo en este final del curso político por los temas aprobados en el Consejo de Ministros.
El Gobierno autorizó ayer también la celebración del contrato de orden de ejecución para la construcción por la empresa pública Navantia de dos Buques de Acción Marítima oceánicos. La construcción se llevará a cabo entre los años 2014 a 2019 con un coste estimado de 166 millones de euros por unidad.
Otro acuerdo tomado en el primer día de agosto está relacionado con la venta de patrimonio inmobiliario de Defensa. El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa a enajenar el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, situado en la calle Raimundo Fernández Villaverde, en Madrid, inmueble tasado y valorado en 90 millones de euros y ya a disposición de cualquier inversor interesado.
En el celebrado el 25 julio, el Consejo de Ministros acordó asignar al Ministerio de Defensa la responsabilidad de la planificación, dirección, control y ejecución de las políticas necesarias para el fortalecimiento y consolidación del sector industrial de la defensa. Se puede traducir lo anterior en que Morenés ha quitado a Montoro, De Guindos y Soria el control sobre la industria de defensa pública o participada por el Estado, donde se encuentran los astilleros de Navantia pero también el 4% del gigante Airbus o el 20% público de la tecnológica Indra.
Como ocasión extraordinaria, la rueda de prensa del Consejo de Ministros del 1 de agosto no correspondió como es habitual a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada de algún titular de un Ministerio con temas importantes, sino al propio presidente del Gobierno. Mariano Rajoy no dijo una palabra sobre los dineros de Defensa.
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