Tampoco es pedir tanto, por Míriam Martín (@MiriMartin_)

La transparencia informativa es el derecho al acceso público a la información que tiene el conjunto de la sociedad. En palabras del Juan Luis Manfredi, el ciudadano tiene derecho a conocer las actuaciones de los Gobiernos, así como el gasto que éstos suponen. A este interés público se suma la figura del periodista, quien pregunta directamente a la Administración por asuntos tales como «la especulación urbanística, la financiación de los partidos, la información sobre las corporaciones municipales, la transparencia en la contratación de servicios y obras públicas», etc. Por lo tanto, la prensa actúa como «correa de transmisión entre públicos y Gobiernos». Los medios de comunicación en general son, por defecto, generadores de opinión pública. Así es como juegan un papel fundamental en la sociedad: desempeñan la función de «perro guardián». Los medios permiten al ciudadano conocer los asuntos de la esfera pública que, de alguna forma, le atañen, y, por consiguiente, formarse una opinión al respecto. En definitiva, los medios de comunicación caracterizan una democracia «basada en la información».

Pero esta lógica democrática no se lleva a cabo en su totalidad. Aunque «el ejercicio del periodismo consiste básicamente en hacer preguntas», muchas respuestas las tiene la Administración pública, la cual no siempre accede a responderlas. «Las preguntas cuyas respuesta tutela el Estado son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos», denunciaba Manfredi allá por 2008… Muchas veces, son los propios funcionarios los encargados de preservar estas cuestiones, alegando «confidencialidad, seguridad», con tal de mantener un poder al que, a fin de cuentas, también están supeditados. Podemos considerar, entonces, que, al desatender estas demandas de «una sociedad abierta y transparente», la Administración pública no sólo está vulnerando el derecho fundamental a la información, sino que está perjudicando el desarrollo del Estado de derecho. Como bien apunta Manfredi, la información de interés público «no debe ser un privilegio de los periodistas, sino de todos, porque alimenta la condición ciudadana y sustenta la democracia contemporánea».

 

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Es necesario, por tanto, que se legisle al respecto y que se vele por el marco legal que permite ejercer el derecho a la información, esto es, «investigar, informar y difundir». Desde mediados del siglo XVIII se elaboraron progresivamente leyes de prensa en Europa y Estados Unidos, las cuales supusieron grandes logros democráticos hoy consolidados… Pero en España se da una situación distinta a la de los países de nuestro entorno político. Si bien el Partido Socialista impulsó una ley de información pública en el año 2007, actualmente sigue existiendo un vacío legal. Es más, «las actuales normas de acceso están descoordinadas o no se ajustan a los patrones mínimos internacionales», advierte Manfredi. «La transparencia informativa es sinónimo de sociedad abierta y fuerte», pero, lamentablemente, ése no es el caso de la sociedad española. «La clase política tendría que estar más interesada en transmitir la información a los ciudadanos y no temer a la opinión pública». Coincido plenamente con Manfredi, pues considero que todos saldríamos beneficiados. Pero parece ser que nuestros representantes políticos optan por imponer el “no”, escudándose en el funcionariado que tiende a responder con evasivas al público que demanda una información que está en su derecho de conocer.

Estamos, por tanto, ante una asignatura pendiente más del Gobierno. Si bien el actual Ejecutivo se ha “apresurado” a elaborar un Anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, está por comprobar si, de una vez por todas, se cumple lo que, precisamente, se anuncia en el Artículo 1: «Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». La iniciativa ciudadana que reivindica la necesidad de esta ley justifica los motivos de dicha demanda popular: «La ausencia de este tipo de legislación favorece absolutamente la corrupción, dificulta enormemente la labor de denuncia de la misma, tanto a los ciudadanos en general, como a los medios de comunicación en particular, y fomenta el alejamiento entre la ciudadanía y las instituciones».

Los escándalos políticos más recientes (salpican a PP, PSOE e incluso a la Casa Real) nos pueden ayudar a entender la lentitud en la tramitación y el poco interés que realmente suscitan este tipo de normativas en quienes tan bien saben escurrir el bulto, entre otras cosas…

 

Fuente: lainformacion.com

Fuente: lainformacion.com

 

 

*Texto: Míriam Martín, @MiriMartin_

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