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Castigados con pena de prisión, por Mar García Martinez-Albelda (@mar_y_tal)

Recoge la Real Academia Española –RAE- en la novena acepción de la palabra “Política” lo siguiente: “Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo”. Y eso hacemos, creamos poder popular e intervenimos en los asuntos públicos, esos que determinan nuestro presente y nuestro futuro. Y lo hacemos convencidas, como medio de supervivencia para que el conformismo no nos destruya. Lo hacemos por nosotras pero también por aquellas personas que no ven o no quieren ver lo que se nos viene encima. Y así llevamos unos cuantos años, unas más que otras. Nos enfrentamos, casi a diario, a detenciones arbitrarias, atestados falsos, sanciones administrativas, insultos, criminalizaciones, golpes y abusos de poder.
Y sin saber muy bien hacia dónde vamos, pero convencidas de que tenemos que seguir caminando, el poder vuelve a dejarnos claro que hacemos daño. Vuelve a su política del miedo, si es que alguna vez la dejó de lado. Ante una sociedad tremendamente conformista y anestesiada ni siquiera hace falta esforzarse en disimular. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ese que legisla sobre nuestros úteros, ese que no sabe qué hacer con cuatro ex-altos cargos de la Guardia Civil y de la Policía acusados por Argentina de torturas a víctimas del franquismo, se saca de la manga una reforma del Código Penal que persigue terminar con cualquier indicio de protesta social tal y como la conocemos actualmente. Somos muchas las que nos enfrentamos en primera persona y por primera vez a una crisis de estas características. Y quizás por eso, las formas de protesta se han ido reinventando desde las manifestaciones hasta los escraches. De las  ocupaciones de plazas a ocupaciones de oficinas bancarias.
El derecho a la rabia es el precursor de la necesidad de luchar. Y eso es lo que ahora nos quieren quitar. Medidas redactadas a la luz de la repercusión mediática esconden un golpe más de autoritarismo de un Gobierno que tiene muy claro la importancia de reprimir parte de la sociedad antes de que el resto se contagie. Y así, de la noche a la mañana, nuestra Democracia queda un poco más coja que ayer, el artículo 21 de la Constitución se resiente de nuevo. Ante estos atropellos han sido varias las voces que han alzado la voz. Así, la Comisión Legal del 15M –LegalSol- ha publicado recientemente un informe en el que analiza los puntos más destacados de esta reforma. Del abanico de ocurrencias de Gallardón destaca especialmente una quizás por recordar demasiado a tiempos pasados que, por otra parte, se niegan a condenar. Llega el artículo 559 con la nueva creación de un delito que, lejos de proteger a sus ciudadanos, condena al ostracismo la libertad de expresión y comunicación. Y dice así: “La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.” ¿Quién decide cuál es el grado de incidencia que tiene una comunicación sobre un tercero? ¿Volvemos al reparto clandestino de octavillas?
Por su parte, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas –que realizó una recogida de firmas contra el Anteproyecto el pasado mes de Septiembre- alerta sobre otra modificación que atenta directamente con el derecho a protestar. Así, la desaparición de los términos “grave” y “activa”, refiriéndose a las formas que ha de adoptar la resistencia a la autoridad policial para que ésta sea considerada delito de atentado, del artículo 550 del mencionado Anteproyecto, muestra la voluntad de crear confusión respecto a lo que es o no un comportamiento violento. Al desaparecer el adjetivo “activa” en relación a la resistencia a la acción policial se introduce un margen importante de discrecionalidad y subjetividad en casos de resistencia pasiva, lo que favorecerá la arbitrariedad tanto de la policía en sus informes como de la ley en caso de ser juzgado este tipo de acción no violenta.

Paradójicamente, en relación a los delitos de desórdenes públicos se contempla la “alteración de la paz pública” como resultado de actuaciones “tanto en grupo como individuales amparadas en el grupo”. Y yo me pregunto quién está realmente alterando la paz pública, quienes son los responsables de que las calles se llenen de ciudadanos hastiados que se juegan su integridad física. Me pregunto si los recortes o los desahucios no alteran esa paz pública. Me pregunto hasta dónde vamos a permitir su impunidad, cuánto poder estamos dispuestas a darles. Es necesaria y urgente una respuesta contundente ante una reforma del Código Penal que está pasando desapercibida. Es indispensable la unión de diferentes plataformas que trabajan desde hace tiempo en este ámbito y es necesario que salgamos todas a las calles en defensa de nuestros derechos. ¿Si no tuvieses miedo qué harías?

“Nuestra integridad vale tan poco… 
pero es todo lo que tenemos, 
es el último centímetro que nos queda de nosotros,
 si salvaguardamos ese centímetro, somos libres” 

-V de Vendetta-




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Javier Astasio
Blogueros

Fiar en otros, por Javier Astasio

 
 
Entre las muchas y a veces ingeniosas definiciones que hay de la política creo que falta una, a lo mejor no, que la describiría como el arte de no tener nunca la culpa o el de encontrar siempre algo o a alguien a quien echársela. Lo comprobamos a cada minuto y, si además somos madrileños, a cada segundo, y nos sobran los ejemplos.
Si para llegar al ayuntamiento Ruiz Gallardón necesita hacernos creer que Madrid será olímpico, sea. Con el mayor de los desparpajos y cargado de babeantes superlativos nos hace creer por dos veces, no sólo que esta vez -2016 y 2020- lo será, sino que él seguirá siendo fiel al compromiso adquirido con los madrileños. Luego, su espíritu de servicio le llamará como ministro de Justicia del gobierno de Rajoy, quien, por cierto, debe invertir horas y horas en buscarse el puñal en la espalda cada vez que nuestro escurridizo ex alcalde le enjabona bien enjabonado.
Al final, después de centenares, qué digo centenares, miles de millones de euros invertidos Madrid ha sido desalojado por tres veces de su artificial paraíso olímpico. La última, estando la vara de alcalde en manos de Ana Botella, que, gracias al sospechoso silencio de Gallardón, tan dado a posar en las fotos, si está seguro de salir guapo, claro, anda comiéndose el marrón, acompañado de un relajante café con leche, en alguna terraza de la Plaza Mayor. Gallardón se ha quitado de en medio, como se quita uno de debajo de un chaparrón.
Pero no sufráis, porque doña Ana, la alcaldesa, también se ha puesto a cubierto y lo ha hecho con el impermeable de la maldad del COI, capaz de engañarnos y de no creer en las bondades de un Madrid austero y simpático para recibir a atletas y visitantes, repletos de camareros dispuestos a servirles café con leche y cenas románticas, con su inglés de Mangold, en terrazas y restaurantes.
Del final del sueño olímpico tuvo la culpa el COI, pero ¿y de lo que está tardando en materializarse la pesadilla de Eurovegas? Ahí, los apostantes embaucadores han sido, cada uno a su manera y, a veces, escondiéndose las cartas unos a otros, la ex presidenta Esperanza Aguirre, que se quitó de en medio, dimitiendo de la presidencia de la comunidad, cuando el proyecto dejó de estar tan claro, pese a lo que, al parecer, siguió en contacto con el padrino Adelson, a espaldas del pringado de su sucesor, que se enteraba por la prensa de su agenda en el proyecto.
El dinero necesario para convertir un erial en una nueva Las Vegas no aparece, porque no hay nada más cobarde que el dinero y son tantas las concesiones legales y tanto el dinero público para llevar adelante el proyecto que tiene que hacer y poner un gobierno desprovisto de futuro y de la confianza que se lo diese, en un país que es, y lo va a ser aún más, de pobres. El dinero no aparece y el señor González, don Ignacio, nos quiere hacer creer que es por un quítame allá esos humos, cuando, en realidad, lo que Adelson quiere, y al parecer alguien le ha prometido, es que nosotros pondremos el culo, mientras el dinero y el trabajo se lo llevan otros, porque exige que los premios coticen a las haciendas de los países de origen de los jugadores y unas condiciones laborales al margen de las que reconoce la legislación española. Y, claro, ningún gobierno que se precie, salvo gente sin escrúpulos y sin futuro como González, parece dispuesto a bajarles los pantalones a los que luego les han de votar.
Otro tanto está pasando con Mas y su proyecto soberanista del que anda ya reculando, culpando de sus pocas posibilidades de éxito a la salida de la Unión Europea que conllevaría la independencia que, entre otras cosas, espantaría a los inversores del proyecto de mega casinos -e todas partes cuecen habas- de Barcelona World. O que decir del hombre de confianza de Rato y Blesa en Caja Madrid y Bankia, que, después de años de cobrar una pasta por esa confianza, ayer, ante el juez negó, como Pedro a Jesús, a la hora de asumir responsabilidades sobre la salida a bolsa del banco hoy en manos del Estado.
No hay vuelta de hoja, lo importante no es no tener la culpa, sino tener a quién echársela, lo que importa es saber reconducir nuestros fracasos achacándoselos a imponderables o, lo que es más fácil a otros. Nuestros políticos llevan décadas fiando en otros  sus proyectos cuando se tambalean. Otra cosa es lo que ocurre a la hora de ensartarlos en el anzuelo electoral. Entonces, tales proyectos son fruto de su desvelo y su amor por nosotros y nuestro bienestar.
 
 
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