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Leales y traidores, por @CarlosPenedoC

A la literatura le gusta la traición, y la lealtad; dan juego psicológico.
Con pocos días de diferencia, dos menciones. Benjamín Prado defendía en un artículo a traidores estilo Julian Assange (Wikileaks), Edward Snowden (espionaje masivo) o Hervé Falciani (dinero negro en Suiza).
Javier Cercas, en su libro sobre el 23-F y en reciente artículo sobre el fallecido Suárez, vuelve a elogiar a traidores como el expresidente, que dinamitó el Movimiento por el que ascendió a primera línea política; como Carrillo, que renunció en la Transición a parte de las posiciones mantenidas durante toda su vida; como Gutiérrez Mellado, que acabó su carrera en las antípodas de su inicio, en la quinta columna de otro golpe de Estado, el del 36. Fueron traidores a su biografía y leales al tiempo histórico en su madurez. Literatura, análisis psicológico o ambas cosas.
En la fórmula establecida por la que los altos cargos de la Administración pública prometen por su honor o juran por Dios hacerlo lo mejor posible, aparece la lealtad al Rey. Literatura. Si recitaran un cuento de Monterroso traducido al esperanto los efectos prácticos serían los mismos, nada les eximiría de cumplir la ley, ni de los remordimientos.
La lealtad es un compromiso personal, particular, de cada uno con su pareja, con su jefe, con su guía espiritual, con su ejercicio profesional o con el cultivo de camelias, lealtad ante su conciencia, y nulo argumento legal. La lealtad se practica y deberíamos desconfiar de quien presume de ella.
Produce escalofríos –casi tanto como la chapuza en su ejecución- escuchar cómo los que activaron el golpe del 23-F y también quienes lo desactivaron utilizaban o se movían por lealtad al Rey, a Franco o a sí mismos, o eso decían, no a la ley ni a sus compatriotas.
En ambos bandos encontramos quienes se agarraron al parecer al testamento de Franco, no al que establecía el reparto de su multimillonario patrimonio, sino al político.

Testamento político de Franco, perfectamente editado.

En ese texto efectivamente aparece el deseo del dictador de que “rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”. Pero también figura en el mismo testamento la voluntad de “alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España”, y nadie ha invocado su testimonio para avanzar en esos ámbitos.
El marco legal ya estaba claro. El Real Decreto-Ley 10/1977 prohibió a los militares la actividad política.
La Constitución de 1978 señala que “el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado”.
Las Reales Ordenanzas que memorizaban los candidatos a oficiales en las academias militares decían en su versión de 1978 que “todo militar deberá conocer y cumplir exactamente las obligaciones contenidas en la Constitución”.
Decía el texto de la Ley Orgánica 6/1980 que regulaba los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar que “el Presidente del Gobierno dirige y coordina la acción del mismo en materia de defensa”.
Ni había ni hay lealtades por encima de la ley.
La lealtad a las personas además es resbaladiza, porque se les puede ir la cabeza y de hecho a la mayoría le ocurre o nos va a ocurrir, incluso al canonizado ex presidente que vivió sus últimos años sin recuerdos del mayor consenso que alcanzó: el que recibió en su contra.
Por mucho que yo jure con lágrimas en los ojos lealtad al consejero de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, si me para la Guardia Civil y descubre que no tengo la ITV pasada, me cruje.
No hay mayor tranquilidad que circular con la ITV en la guantera y con la pegatina en el cristal, que cumplir la ley. Y luego que cada uno tenga las lealtades que le parezca, que las vaya cambiando con el tiempo o no tenga ninguna.
Allá cada cual con su conciencia.

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Ha pasado trece meses desde que conocimos por El País que militares españoles torturaron en Irak. Esas personas o siguen dentro de las Fuerzas Armadas o andan tranquilamente por la calle. Los tiempos de la responsabilidad política, de la reputación de una organización, nada tienen que ver con los judiciales.

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