Subcontratas, por Javier Astasio


Hay días en que uno se avergüenza de vivir en un país en el que, mientras algunos compatriotas se juegan la vida llevando la salud y el progreso a países tan inhóspitos como necesitados, aquí, a cinco paradas de Metro de casa, se dejó morir a una mujer porque no se quiso ver, qué complicación, que aquello que le causaba la fiebre y tan fuertes dolores de cabeza era meningitis.
Se llamaba Samba Martine y llevaba un mes encerrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Desde que la encerraron allí no hizo otra cosa que quejarse y reclamar la atención de los médicos porque se encontraba mal. Fue visitada por estos hasta diez veces y no recibió otra cosa que cuidados paliativos, supongo que paracetamol o algo parecido, hasta que el 19 de diciembre de 2011, a sólo unos días de esas fiestas de la solidaridad y el amor, fue ingresada en un hospital, donde, a las seis horas, con sólo  treinta y cuatro años y a miles de kilómetros de los suyos, falleció.
Fue tan injusta esa muerte y fue tan evidente que podía haberse evitado que, de inmediato y movido por las ONG que asisten a estos inmigrantes, el asunto llegó a los tribunales, donde inexplicablemente se archivó. Hace unos días la Audiencia Provincial resolvió el recurso contra esa decisión y reabrió el caso, imputando a los responsables médicos del centro, empleados de una empresa privada subcontratada, por lo que el instructor considera una actuación negligente ya que, de haber actuado de otro modo, la muerte de Samba podría haberse evitado.
La inmigrante congoleña que reclamó asilo en Melilla, donde, tras llegar con ocho euros y un teléfono, móvil se presentó a la Policía, estaba diagnosticada de VIH y cuando fue ingresada en el hospital madrileño se pensó en principio que estaba aquejada de meningitis o neumonía, aunque, cuando ya no tenía remedio, se acabó por diagnosticarle una infección múltiple asociada al VIH.
Es una historia terrible por sus consecuencias dramáticas, por la intención, detectada por el juez, de ocultación de la verdad, por las condiciones infrahumanas en que viven estos hombres y mujeres hacinados en peores condiciones que las que tendrían en una prisión o que las que le Unión Europea exige para el ganado, desatendidos y encerrados en un limbo legal en el que no son considerados presos, pero tampoco hombres y mujeres libres, a la espera de cargarlos en un avión para devolverles a países que en ocasiones ni siquiera son los suyos y  a los que, sin duda, no quieren volver.
Lo peor de todo es que esos centros están en gestionados total o parcialmente por empresas privadas subcontratadas y ya se sabe que el fin primordial de éstas es el lucro. Una filosofía que acaba por calar en sus trabajadores hasta el punto de que a veces, afortunadamente no siempre, mal pagados, desincentivados y sin medios, acaban olvidando su verdadera vocación, considerando a los enfermos como problemas y eludiendo esos problemas.
No sé cómo el gobierno puede descuidar de esa manera la atención sanitaria en estos centros, verdaderos lazaretos de este siglo, a los que van a parar seres humanos que, en la mayoría de los casos, han estado expuestos a todo tipo de miserias y enfermedades que o no hemos conocido o tenemos ya olvidadas. Quizá por eso, por esa visión que de la sociedad tiene el Gobierno, como algo a gestionar, como las basuras o el alcantarillado. Quizá por eso, por ese afán de subcontratar y gastar lo menos posible, en nuestro país han reaparecido enfermedades ya desterradas como la tuberculosis y están repuntando los casos de SIDA. 


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