Resumen diario de la prensa nacional (La Moncloa, 28 de septiembre de 2014)

ACTUALIDAD

MAS CONVOCA LA CONSULTA SOBERANISTA Y LLAMA A LOS CATALANES "A DECIDIR SU FUTURO"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocó ayer oficialmente la consulta soberanista para el 9 de noviembre. El presidente catalán firmó el decreto de convocatoria en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat que contó con la presencia de representantes de los partidos que han apoyado la celebración del referéndum, a excepción de ICV. En el decreto se llama a los catalanes a "decidir su futuro político" el 9-N en una consulta en la que se les realizará una doble pregunta: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?". Y en caso afirmativo, "¿quiere que este estado sea independiente?".

En un mensaje pronunciado en catalán, castellano e inglés, Artur Mas destacó que la convocatoria de la consulta se ha guiado por cuatro máximas: consenso político, voluntad de diálogo, respeto a los marcos legales y grandes movilizaciones ciudadanas. "Queremos votar, queremos decidir y ahora tenemos el marco adecuado para hacerlo", afirmó. El presidente de la Generalitat aseguró que existe "una mayoría social que reconoce a Cataluña como nación y unidad política, en la diversidad ideológica, que han servido para pactar la fecha, la pregunta y los marcos legales necesarios" para la celebración del referéndum. Frente a esa unidad, según Mas, se encuentran "aquellos a los que solo les une la voluntad de negar, de no hacer ni dejar hacer o de hacerlo todo para no dejar hacer nada". Pese a todo, se mostró dispuesto "a pactar las condiciones para hacer posible la consulta". "Lo que no podemos es caer en la trampa del inmovilismo vestido de presunta ilegalidad", añadió. En otra parte de su discurso dirigida al resto de los ciudadanos españoles, el presidente catalán aseguró que "los lazos de hermandad que nos unen son intensos y profundos", y abogó por "continuar con una voluntad de construcción conjunta".

Los partidarios de la consulta celebran su convocatoria

Cientos de personas se concentraron ayer con banderas independentistas a las puertas del Palacio de la Generalitat para mostrar su apoyo a la consulta. Tras la firma del decreto de convocatoria del referéndum, el líder de ERC, Oriol Junqueras, pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que "sea respetada la voluntad de los ciudadanos de poder votar". "Si nos prohíben votar, soy partidario de votar, y para mi desobedecer significa votar", añadió. El líder republicano dijo que "todos los demócratas del mundo" harán posible que los catalanes voten el 9-N y advirtió al Gobierno de que se intenta impedir la celebración de la consulta estará "contraviniendo todo el marco legal y la legitimidad democrática".

El coordinador general de CDC, Josep Rull, dijo que la convocatoria de la consulta del 9 no debe ser vista como un "problema" por parte del Gobierno, sino como una "oportunidad". "Esta consulta es legal porque responde al principio de legalidad, al principio democrático y porque es legítima", afirmó. El líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, que no acudió al acto oficial en que se firmó la convocatoria de la consulta, señaló que es un "día histórico" para Cataluña. "¡Ahora queremos votar!", afirmó en la red social Twitter.

El diputado autonómico de la CUP Quim Arrufat vaticinó un "otoño histórico" en Cataluña y llamó a los ciudadanos a seguir movilizándose para poder votar pese a los recursos que pueda interponer el Gobierno ante el Tribunal Constitucional para impedir la celebración de la consulta. Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana anunció que convocará movilizaciones en toda Cataluña si el Tribunal Constitucional impide la celebración del referéndum soberanista. "Entendemos que la mejor respuesta es democracia, democracia y democracia", afirmó Carme Forcadell, presidenta de la ANC.

Entre quienes no apoyan la convocatoria de la consulta, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, acusó ayer a Mas de haber cruzado "la línea roja de la ilegalidad" y aseguró que el Gobierno de Mariano Rajoy garantizará "la estabilidad de la democracia y dará respuesta a todos los intentos de los que quieran saltarse la ley". "Mientras gobierne el PP nadie va a separar Cataluña del resto de España", afirmó.

Para el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cuya formación sí apoya la consulta, la solución es que los catalanes voten, pero dentro de la legalidad. "En ese camino nos encontrarán siempre a los socialistas todos los que quieran contribuir a buscar esa solución verdadera, real, definitiva y que no genere ni falsas expectativas ni frustraciones", señaló.

SÁENZ DE SANTAMARÍA ASEGURA QUE LA CONSULTA NO SE CELEBRARÁ "PORQUE ES INCONSTITUCIONAL"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el referéndum soberanista catalán "no se va a celebrar porque es inconstitucional". En una declaración pronunciada en La Moncloa, Sáenz de Santamaría recordó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido a Artur Mas en repetidas ocasiones que "el pueblo español es el titular único de la soberanía, y que a todos los españoles les corresponde decidir qué es España y cómo se organiza". La vicepresidenta subrayó que "sin ley no hay democracia y ningún gobierno ni nadie está por encima de la ley, porque nadie está por encima de la voluntad soberana del conjunto de los españoles". Pese a todo, aseguró que el Ejecutivo seguirá trabajando para "fortalecer" los lazos que unen a los catalanes con el resto de los españoles, "para unir y no dividir".

Sáenz de Santamaría aseguró que los recursos que el Gobierno piensa interponer ante el Tribunal Constitucional garantizarán que la consulta catalana no se celebre. "Al Gobierno le corresponde velar porque la ley se cumpla, que es tanto como velar por la pervivencia de nuestra democracia", señaló. En este sentido adelantó que mañana se celebrará una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en el que, previsiblemente, el Gobierno aprobará dos recursos que elevará al Tribunal Constitucional: uno para impugnar la ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña y otro contra la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre. El Ejecutivo ya ha solicitado un informe sobre la consulta al Consejo de Estado, que tiene previsto reunir hoy mismo a su Comisión Permanente.

El presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, podría convocar mañana un pleno para realizar un primer estudio de los recursos que presentará la Abogacía del Estado. Si el alto tribunal admite a trámite los recursos, la convocatoria del referéndum y la ley de consultas catalana quedarán suspendidas de forma inmediata y por un plazo de cinco meses.

Desde China, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo ayer que Mas "se ha metido en un lío" convocando la consulta. "Quizás se pensó en que íbamos a recular", añadió en alusión en la determinación del Ejecutivo para impedir que se celebre el referéndum. En una conversación informal con los periodistas antes de regresar de su viaje oficial al país asiático, Rajoy empleó dos proverbios chinos para referirse al desafío planteado por el presidente catalán: "Es mejor volverse atrás que perderse en el camino" y "La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta".

El PSOE apoya la impugnación de la consulta y acusa a Mas de "fracturar a la sociedad"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró ayer que los socialistas apoyan al Gobierno en su decisión de recurrir la consulta catalana ante el Tribunal Constitucional y se mostró convencido de que no se celebrará porque, según dijo, "es inconstitucional". "Apoyamos la impugnación para que se cumpla la Constitución y para que una decisión que compete a los españoles de toda España, independientemente de la comunidad donde vivan, no se tome por una parte de la ciudadanía española", señaló en una conferencia de prensa celebrada en Almería. Según Hernando, "el presidente Mas sabe que el decreto de convocatoria se va a impugnar, que la consulta no se va a realizar y que lo que está produciendo es una enorme fractura y frustración en la sociedad catalana y en la sociedad española". Tras insistir en que los socialistas son partidarios de reformar la Constitución en clave federal para dar solución al encaje de Cataluña en España, dejó claro que, antes de que se realice esa reforma, se debe "cumplir" lo dispuesto en la Carta Magna.

Desde el PP, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, tachó a Artur Mas de "irresponsable" y "suicida" por convocar una consulta que, a su juicio, pone "en tela de juicio el Estado de Derecho y la democracia". La dirigente popular acusó al presidente catalán de pretender "robarnos el derecho que tenemos todos los españoles a decidir sobre el futuro de nuestro país", algo que, según destacó, el PP "no va a consentir". Cospedal atribuyó la convocatoria de la consulta a un intento del presidente de la Generalitat de "tapar su incompetencia y la falta de valor para tomar decisiones".

La convocatoria de la consulta en los diarios

Todos los diarios nacionales destacan en sus portadas la convocatoria oficial de la consulta soberanista catalana. "Mas firma la ruptura de la legalidad", titula EL MUNDO, y subraya también que la vicepresidenta Saénz de Santamaría anunció que el Gobierno recurrirá "inmediatamente" ante el Constitucional la convocatoria del referéndum catalán. en la misma línea, ABC destaca en su principal titular de portada: "El Gobierno activa el Estado de Derecho para tumbar el 9-N". "Mas deja el destino de Cataluña en manos de la movilización callejera", titula EL PAÍS, que destaca también que "el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional con el pleno apoyo del PSOE". "No romperán España", señala LA RAZÓN sobre una fotografía de Artur Mas y Oriol Junqueras. En la prensa catalana, LA VANGUARDIA titula "Mas da el paso ", mientras que EL PERIÓDICO habla de "pulso al Estado".

EL PAÍS 1, 14-21/ABC 1, 18-24/EL MUNDO 1, 4-16/LA RAZÓN 1, 10-32/LA VANGUARDIA 1, 20-32/EL PERIÓDICO 1, 2-11

ETA PIDE EMULAR A ESCOCIA Y CATALUÑA PARA LOGRAR LA INDEPENDENCIA

ETA difundió ayer un comunicado en el que la banda terrorista apela a la unidad de la militancia independentista para apoyar un proyecto unitario de soberanía "a partir del ejemplo de Cataluña y Escocia". En su escrito, publicado por el diario Gara, los etarras admiten la existencia en la izquierda abertzalede un sector disidente con la estrategia de ETA y Sortu de secundar el final de la violencia hasta el punto de advertirles de que no cuentan con su apoyo y que sus actuaciones son "muy perjudiciales". Para la banda terrorista estas disidencias no contribuyen a la unidad necesaria ante la estrategia de "construcción nacional" en la que entiende que se encuentra la realidad vasca. ETA se dirige, sin citarlos, al grupo IBIL (comités revolucionarios) y a Amnistía Ta Askatasuna, desde donde se critica la actual estrategia del entorno abertzalea favor de las vías democráticas porque consideran que supone integrarse en el sistema y privilegiar la actuación institucional, renunciando de paso a la movilización en la calle y a la amnistía.

ETA quiere la unidad abertzaleporque augura que los próximos meses "serán especialmente importantes para avanzar en el proceso de construcción nacional". Es ahí donde sitúa los ejemplos de Cataluña y Escocia, para plantear una "vía unilateral" de actuación ante "el rechazo del Estado español a reconocer el derecho a decidir". La banda terrorista sostiene que "se debería abrir el debate nacional entre las fuerzas que están de acuerdo con la defensa del derecho a decidir de Euskal Herria", que culminaría con "un Acuerdo Nacional amplio para materializar el derecho a decidir, con la formulación, plazo y programación correspondientes".

Desde el PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, coincidió con la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, en que ETA se ha aliado con los nacionalistas catalanes "rupturistas y secesionistas" con el objetivo de destruir y "romper" España. Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, consideró que la banda terrorista entiende "directamente perjudicial" la vía que algunos presos ya "han adoptado o puedan adoptar en el futuro" para resolver.

Queman tres autobuses en Bilbao

Después de que la banda terrorista lanzara a través del diario Garauna advertencia a los grupos detractores de la línea oficial sobre sus "perjudiciales" actuaciones, éstos respondieron con la quema de tres autobuses de la empresa Bizkaibus. El ataque se produjo en las cocheras de la compañía de transporte del barrio bilbaino de Zorroza, junto a las cuales aparecieron pasquines con el lema Gudari Eguna, borrokada bidea(Día del soldado vasco, la lucha es el único camino). La existencia de estos impresos a una veintena de metros del aparcamiento tornó en un acto de kaleborrokalo que en un principio había sido considerado por la Ertzaintza como un incendio fortuito.

EL PAÍS 22/EL MUNDO 19/ABC 29/LA RAZÓN 31/EL PERIÓDICO 8

Y ADEMÁS…

NACIONAL

Gallardón se incorpora al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. El exministro de Justicia cobrará 8.500 euros al mes como consejero (TODOS)

Mayor Oreja lamenta la retirada de la reforma de la ley del aborto. "Unos quieren destruir la nación y otros enterrar valores cristianos" (ABC 54/LA RAZÓN 38)

Populares y socialistas se movilizan para la decisiva batalla de Madrid. Rajoy se toma con calma la elección de candidatos mientras Sánchez opta por Gómez y Carmona (EL PERIÓDICO 26, 27)

Eduardo Zaplana: "No presumo, pero lo cierto es que jamás tuve un problema judicial". El expresidente valenciano aboga por responder al desafío soberanista catalán "desde la ley y la política" (ABC 30-32. Entrevista)

Defensa denuncia a los gestores del hospital militar central ante la fiscalía. Destituidos el coronel interventor y dos intendentes por graves irregularidades (EL PAÍS 24)

Interceptados tres inmigrantes en los fondos de un camión en el puerto de Ceuta (EL PAÍS 28)

Víctimas del pederasta de Ciudad Lineal relatan como las amedrentó y violentó sin piedad (TODOS)

Más de 200.000 fieles asisten al acto de beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei (TODOS)

ECONOMÍA

Las reticencias de Francia e Italia amenazan la recuperación en la UE. El Gobierno alemán baraja estímulos a la economía, pero se aferra al objetivo de no generar más deuda (ABC 50, 51/EL PAÍS 30)

Un verano de récord impulsa la mejora de las previsiones en España. el aumento del consumo y el tirón exportador, claves para la revisión al alza del PIB (LA RAZÓN 48, 49)

Las empresas españolas pasan de la congelación salarial de 2013 a un aumento medio del 0,47% este año (EL PERIÓDICO 30, 31)

INTERNACIONAL

Aviones del Reino Unido realizan su primera misión en Irak dentro de la lucha contra el Estado Islámico. EEUU sigue bombardeando posiciones yihadistas en Siria (TODOS)

Rusia acusa a Occidente de querer revivir la lógica de bloques. Lavrov critica en la ONU el "unilateralismo" y la "interferencia militar" de EEUU (TODOS)

La policía china detiene a decenas de manifestantes que protestaban en Hong Kong para exigir más democracia (TODOS)

OPINIÓN

EL DESAFÍO DE MAS EXIGE PROPUESTAS BASADAS EN EL DIÁLOGO

El presidente de la Generalitat convocó ayer un referéndum en pro de la independencia de Cataluña. Artur Mas no convoca a especificar el vínculo de los catalanes consigo mismos y con el conjunto de los españoles, sino que invita a romperlo. La quiebra de legalidad debe allegar adecuada respuesta en el Tribunal Constitucional. Pero el Gobierno de Rajoy haría bien en superar el reto frentista y acompañar sus anunciados recursos con propuestas constructivas, basadas en el diálogo. Se plantea un problema de fondo: muchos catalanes rechazan el statu quoy quieren romper con el resto de los españoles; pero muchos más, que no quieren destrozar esos vínculos, reclaman un autogobierno más satisfactorio. La reforma federal de la Constitución, propuesta por el líder del PSOE, necesita de muchas concreciones y no está planteada solamente para resolver la cuestión catalana. Pero esa oferta socialista desmiente el alegato soberanista de que "en España no hay nadie" con quien se pueda hablar. El PP es indispensable para cualquier cambio constitucional, dadas las fuertes mayorías requeridas en las Cortes para ese fin. Y sin llegar a un objetivo tan complejo, el Gobierno todavía no ha dado respuesta a los 23 puntos planteados por Mas en su última entrevista con Rajoy. De ahí la responsabilidad en que incurriría la principal fuerza política de España si, una vez descartada la consulta convocada unilateralmente por Mas, se negara a plantear propuesta alguna ni a iniciar un diálogo estructurado. Hay que ponerse a trabajar para superar el bloqueo, siempre dentro de la estricta legalidad.

EL PAÍS 36 Editorial

SI NO SE CUMPLE LA LEY NO HAY DEMOCRACIA

La consulta convocada por Artur Mas es un acto de irresponsabilidad política que consuma el desafío del nacionalismo catalán a la Constitución. El paso es muy grave por la fractura que abre entre los propios catalanes y en su relación con el resto de españoles. Puestos a votar, lo lógico sería que lo hicieran todos los españoles, pues a todos los ciudadanos atañe lo que tratan de decidir unilateralmente los nacionalistas catalanes hurtando sus derechos al resto. Algunos argumentos aportados por Mas para justificar su proyecto rupturista son el rechazo del Gobierno a su propuesta de diálogo y la legalidad de la consulta, que atribuye al hecho de que esté amparada por el Parlamento catalán. En ningún momento el presidente de la Generalitat se ha avenido a negociar con Rajoy. Desde el primer momento impuso la celebración del referéndum ilegal como un trágala, y lo único que consintió en pactar fueron detalles insignificantes, como la fecha y la textualidad de la pregunta. La Constitución establece con claridad que ningún Parlamento autonómico tiene competencias para conculcar la soberanía nacional, que no es fraccionable y reside en todo el pueblo español. En cuanto el Constitucional tumbe la ley de consultas catalana, la pelota estará en el tejado de Mas. Si la Generalitat acata la decisión, el Gobierno hará bien en sentarse a dialogar. Existe un problema con Cataluña al que hay que dar respuesta. Lo primero es cumplir la ley y sólo después llega el momento de la política, nunca al revés. Cualquier demócrata debe saber que no hay nada más antidemocrático que incumpla las leyes quien ha de velar por ellas.

EL MUNDO 3 Editorial

EL GOBIERNO HA DE INTERVENIR ANTE EL GRAVE DESAFÍO DEL EJECUTIVO CATALÁN

La Generalitat de Cataluña ha violado la Constitución, vulnerando el principio de soberanía nacional y promoviendo una consulta separatista. La trampa está en la ley aprobada, que ordena que los poderes públicos se pronuncien en dos meses sobre la incidencia del resultado de la consulta en la actuación política. En definitiva, no es más que crear una sucesión de coartadas para justificar una posible declaración unilateral de independencia. El Gobierno y todas las instituciones estatales han de intervenir en el proceso de reacción ante este grave desafío protagonizado por el Ejecutivo catalán. Cualquier actuación pública tendente a mantener la convocatoria de la consulta debería ser perseguida por el Ministerio Fiscal como delito de prevaricación o de desobediencia o ambas cosas. La contumacia del Gobierno catalán en el proceso separatista puede llevar la respuesta legal y constitucional a límites que nadie desea, pero que, una vez en ellos, no permitirían al Estado ignorar los recursos constitucionales previstos para responder a toda aquella comunidad autónoma que actúe contra el interés nacional. No serán los nacionalistas que están queriendo romper la legalidad constitucional quienes digan al Estado lo que este puede o no puede hacer con la ley en la mano. Por tanto, cuando se pregunta qué pasará el 9-N si la Generalitat saca las urnas a la calle, la respuesta debe ser un problema para la propia Generalitat, no para el Gobierno de la Nación.

ABC 4 Editorial

MAS LLEVA HASTA EL EXTREMO UN DESAFÍO INÚTIL AL ESTADO

La convocatoria oficial de la consulta catalana no ha sido otra cosa que la confirmación política, vergonzante para muchos ciudadanos, de cómo un representante del Estado, consumaba un acto de ilegalidad tan palmario. Provoca melancolía tener que repetir la obviedad de que la sujeción a la Ley no es negociable ni puede ser objeto de consulta de cualquier tipo. Sorprende cómo el presidente de la Generalitat se ha empecinado en mantener un guión que sabía condenado de antemano al fracaso y que, en el peor de los casos, sólo puede derivar en un enfrentamiento entre los propios ciudadanos, atizado por un sector del separatismo catalán, que no tiene ningún empacho, pese a formar parte de las instituciones, en llamar a la desobediencia civil y a la imposición de su voluntad por medio de la presión callejera. Hoy mismo se requerirá el preceptivo informe del Consejo de Estado, como paso previo a la interposición del recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. A partir de ese momento, la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la Generalitat quedarán suspendidos. Y con ellos, cualquier decisión tendente a ejecutarlos, continuarlos o a que surtan efectos. Artur Mas ha llegado al final de un camino en el que no cabían sorpresas, pero sí efectos muy negativos para Cataluña.

LA RAZÓN 3 Editorial

EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBE DE ESCUCHAR A LA SOCIEDAD CATALANA

Democracia y respeto a la ley, esa es la ecuación que debe aplicarse en este momento difícil. Hay una realidad política y social en Cataluña que no puede ser ignorada. Y, a la vez, debe respetarse la Constitución. El cumplimiento de la ley no es una posibilidad más, entre otras. Es la única opción posible en la Europa democrática. Artur Mas ha demostrado determinación y coraje, aun a costa de elevar la tensión política. En cualquier caso, el presidente de la Generalitat ha reiterado en diversas declaraciones públicas que no figura entre sus propósitos la violación de la ley. Mas ha cumplido y ahora debemos confiar en que aplique el mismo tesón y coraje a la gestión de los próximos días y semanas. El president cuenta hoy con el respeto de una amplia mayoría social y dispone de margen político y parlamentario. La gestión inteligente de la actual coyuntura depende en buena medida del Gobierno de España, que no puede vivir encadenado a una visión seca y reglamentista del mandato constitucional. El Ejecutivo tiene la obligación de escuchar a la sociedad catalana. No es una posibilidad. Es su obligación, en un momento político extremadamente delicado y con unas perspectivas de recuperación económica favorables que podrían verse negativamente afectadas por una mala gestión del problema. En una España en la que se producen situaciones delirantes, como la rebaja de impuestos en comunidades perpetuamente beneficiarias de la solidaridad interna, el Gobierno no puede ser una figura enjuta escudada en la Constitución.

LA VANGUARDIA 1, 38 Editorial

LOS PASOS DE MAS DEBEN CEÑIRSE A LA LEY

La Generalitat quiere forzar al máximo la interpretación de la legalidad para proseguir con los preparativos de una consulta que solo se podría celebrar si el Constitucional la autorizase por sorpresa o si Artur Mas, faltando a su palabra, cruzara las líneas rojas de la desobediencia o la insumisión. Está en juego la ilusión -o la decepción- de los ciudadanos que anhelan poder votar. Hasta hoy, Mas ha impulsado este proceso amparado en la demanda social, buscando acuerdos parlamentarios y ciñéndose a la ley. Sus próximos pasos y actitudes deberían ceñirse a estas premisas. Ningún gesto político o artimaña jurídica estarán justificados si inoculan tensión en la sociedad catalana; por ejemplo, poniendo a los funcionarios en la tesitura de conculcar la ley. El Gobierno de España debe actuar con cautela y sin un exceso de gesticulaciones que pueden minar la moral de los catalanes que desean seguir en España por voluntad propia, no por imposición legal. Contundencia legal, toda. Altanería, cero, y sin anteponer el interés electoral a la necesidad de reconducir el conflicto. Ahora toca la batalla legal porque los políticos, digámoslo alto, han fracasado. Pero después se deberá volver a la política de altura, sin trampas semánticas ni inmovilismos. En democracia no todo son votaciones y leyes pero ninguna posición política se puede legitimar despreciándolos.

EL PERIÓDICO 1, 12 Editorial

Otro 1714 (Francisco Marhuenda LA RAZÓN 11) Mas sigue la tradición de hacer el ridículo y buscar la ruptura de España, aunque sin éxito.

La cuenta atrás (Márius Carol LA VANGUARDIA 2) Ha empezado una cuenta atrás, simbolizada en un reloj que marca el tiempo que falta para el 9-N.

Más allá del 9-N (Enric Hernández EL PERIÓDICO 13) Mas pretende que, abundando en su doctrina, el Constitucional ejerza de rompehielos en el glaciar conflicto político entre Cataluña y el Estado, habilitando de paso una salida en el presente y umbrío callejón.

Hay que encontrar una salida (Francesc de Carreras EL PAÍS 39) El poder de Artur Mas se sostiene por sus continuas apelaciones al pueblo que se manifiesta en la calle.

Doble secuestro a los catalanes (Xavier Vidal-Folch EL PAÍS 18) Mas alegó que había seguido cuatro máximas impecables. Las retorció todas, y a fondo.

La Ley (Ignacio Camacho ABC 15) El referéndum de autodeterminación es un desafío a la soberanía de los españoles en nombre de un derecho que no existe.

Un falso mesías (Pilar Ferrer LA RAZÓN 14) Mas entra en la historia como el hombre que desafió al Estado, empobreció a Cataluña y fracturó a sus ciudadanos como ningún otro presidente.

La sombra de Pujol (José María Carrascal ABC 16) De separarse, Cataluña se convertirá, de entrada, en un paria.

Los motivos de Rajoy(José María Marco LA RAZÓN 21) Cataluña se encamina a un experimento inédito: la primera expulsión de la UE.

Y ADEMÁS…

• Un estorbo nacional (Pedro J. Ramírez EL MUNDO 23, 24) Si a Rajoy no le convencía el proyecto de la ley de Gallardón, podría haberlo dicho en el Consejo de Ministros que lo aprobó por unanimidad.
• Con la ciudadanía por delante (Josep Ramoneda EL PAÍS Domingo 13) El tándem Rajoy-Gallardón planteó la reforma de ley del aborto como una cruzada y ha hecho el ridículo.
• Objetivo: una ley de la Corona (Fernando Rayón LA RAZÓN 34, 35) En sus tres meses de reinado, Felipe VI ha abordado cambios para devolver el prestigio a la Institución. Ahora trabaja para que la Monarquía española sea la más transparente de Europa.
• El ocaso de RTVE o por qué los abogados del Estado no sirven para todo (Casimiro García-Abadillo EL MUNDO 3) El gasto de personal es de 370 millones, el mismo que antes del ERE de 4.150 empleados.