Responsabilidades penales

La gente de Mario Conde agazapada en torno a lo que se ha dado en llamar “Foro de la Sociedad Civil” lo puede decir más alto pero no más claro: “por menos los directivos de Banesto fueron a la cárcel”.

Si examinamos la sentencia del Caso Banesto observamos que el tribunal que condenó a Conde, Romaní, Lasarte, Pérez Escolar, y Fernando Garro lo hizo basándose en cuatro tipos de delitos contemplados en los códigos penales anterior y posterior a 1995: apropiación indebida, administración desleal, estafa y falsedad documental. Vamos a centrarnos en este último, la llamada “falsedad documental ideológica” que no es otra cosa, en lenguaje leguleyo, que la reiteración de una actitud a sabiendas de que es delictiva.

Son los llamados artificios contables. Enrique Lasarte, consejero delegado en 1993 cuando la intervención del Banco de España, sabía lo que estaba pasando, pero “consintió y promovió el maquillaje de las cuentas”, incluso en el transcurso de la macro ampliación de capital con la que se pretendió salvar la cuenta de resultados. Lo sabían el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, su jefe de servicio de inspección, Pepe Pérez, los directivos de la J.P. Morgan que promovieron la ampliación y entraron en ella. Lo sabía mucha gente, pero nadie de estos se sentó en el banquillo junto a Conde y los suyos. ¿Por qué?

Pepe Pérez fue el verdadero instigador, el que más presionó, para acabar con este tipo de cosas en Banesto, pero, al parecer, aunque nunca se podrá saber ya que es un secreto que se llevó a la tumba, a Rojo le dio miedo en un principio.

Semanas después del 28-D de 1993, en el transcurso de una comisión parlamentaria de investigación, Hernández Moltó, diputado por Toledo, se dirigió a Conde más o menos en estos términos: “usted, señor Conde, ha engañado a clientes y accionistas. Sólo por eso merece el desprecio de esta Cámara”.

Hernández Moltó fue presidente de Caja Castilla La Mancha hasta que fue intervenida por el Banco de España. Los inspectores de la autoridad monetaria no quisieron cifrar el agujero que fue tapado por el Gobierno a través de un rescate mediante aval de 9.000 millones. Así pues, es fácil de calcular el “pufo”.

Concluyamos con el mayor escándalo financiero producido en los últimos años. Bankia va a necesitar algo así como 30.000 millones para salir del pozo en el que se encuentra metido el grupo de Caja Madrid. Su matriz, a decir de los expertos, está en quiebra técnica. Las cuentas han sido falseadas porque de beneficios declarados se ha pasado a unas pérdidas en el anterior ejercicio de unos 3.000 millones. Es decir, Rato y los suyos pudieron cometer “falsedad documental ideológica” un delito penado con 4 años de cárcel.

Del resto de delitos por los que se condenó a Conde y los suyos poco se sabe para estos casos. Pero el salón de la Casa de Campo habilitado para el macro juicio contra los narcotraficantes gallegos, Oubiña, charlines y demás gente, se quedaría pequeño si se empiezan a comprobar las cuentas de las entidades intervenidas. Créditos particulares a políticos “condonados”, financiaciones a fondo perdido sin justificación para las entidades locales, provinciales y autonómicas…. En fin, dicen que sólo los préstamos “fallidos” ocultos de Bankia ascienden a millones, en número, no la cantidad, que esa debe ser de escalofrío.

¿Hay o no artificios contables en Bankia, en CCM, en Unim, en Catalunya Caixa, en CAM y en otras tantas?
El paralelismo entre lo que ocurrió en Banesto y lo que está pasando, no resiste ningún “test” judicial.

 

El autor de este somero análisis fue especialista en información sobre delitos económicos, en RNE. Desde el 28 de diciembre de 1993 hasta la publicación de la sentencia del Caso Banesto por el Tribunal Supremo se dedicó, casi en exclusiva, al seguimiento informativo de este asunto. Mario Conde lo llegó a considerar “medio hostil” acusándole de haberle intentado chantajear en un artículo publicado en la revista MC de la que fue propietario.

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