.Reporteros Sin Fronteras (@rsf_es) urge a los grupos políticos a poner en marcha la reforma de RTVE

El pasado mes de septiembre, Reporteros Sin Fronteras celebraba el acuerdo alcanzado por todos los grupos políticos en la oposición para reformar la Ley de RTVE y construir un nuevo modelo de ente público basado en el artículo 20.3 de la Constitución española, que encabeza el redactado de la nueva norma y que reza: “la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. Lamentablemente, cuatro meses después de este pacto por consenso, la reforma de RTVE sigue encallada en su trámite parlamentario, habiendo superado con creces el plazo que la propia ley se fijó para concretarse, y que expiró el 31 de diciembre de 2017.

Según lo acordado por todos los grupos políticos, con la abstención del PP, en la esta Ley 5/2017, la corporación pública contará con un nuevo presidente y un nuevo Consejo de Administración. Éste estará formado por diez miembros (seis designados por el Congreso y cuatro, por el Senado), será paritario y se elegirá por concurso público, como también lo será el presidente. Las cámaras de las Cortes deberán elegir en primera votación a los consejeros y al presidente con un respaldo de dos tercios. En caso de no darse este apoyo, se celebraría una segunda votación, que requerirá la mayoría absoluta y el apoyo de la mitad de los grupos. Este sistema retoma, si cabe de forma más garantista, el aprobado en la Ley 17/2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que el Partido Popular derogó con su mayoría parlamentaria, durante su primera legislatura.

El nombramiento por concurso público de un nuevo presidente de RTVE, en sustitución del actual, José Antonio Sánchez, es una de las grandes novedades de la reforma, pero ha resultado ser también uno de los mayores escollos. Para desarrollar el reglamento y la mecánica de elección por concurso, la ley daba a los grupos políticos un plazo de tres meses, ya expirado, aunque no irremediablemente, puesto que ninguno ha enterrado la voluntad de desplegar la Ley.
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