Quién espía en España, por @CarlosPenedoC

El director del CNI, Félix Sanz, da explicaciones sobre el espionaje de la NSA en España, aparentemente en colaboración con los servicios secretos españoles
Soraya Sáenz de Santamaría coordina la heterogénea comunidad de la inteligencia en nuestro país

Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

El director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz, comparece este miércoles en la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados del Congreso, a puerta cerrada y con la confidencialidad siempre relativa de los presentes, para informar sobre las actividades de espionaje de EE.UU. en España. El foro es la conocida como comisión de secretos oficiales, que en su largo nombre oficial conserva el recuerdo de otros tiempos en los que el gasto parecía más importante que la actividad que se financia.
Sin llegar a los 16 organismos de inteligencia con que cuenta la administración estadounidense –sólo su Agencia Nacional de Seguridad tiene 35.000 empleados y un presupuesto de 10.800 millones de dólares, una estimación porque ambas cifras son confidenciales-, en España hay mucho profesional público y privado y varios organismos que se dedican a captar una cantidad ingente de  datos, que convierten gran parte de ellos en información y de donde sale ya en menor medida productos de inteligencia para el gobierno del país o de la empresa.
Aquí algunos de ellos, los principales.

  • Centro Nacional de Inteligencia -CNI –:  muy lejos queda la creación por Carrero Blanco en 1972 del embrión de nuestro principal servicio de inteligencia, llamado Servicio Central de Documentación –SECED- y como misión la vigilancia de la oposición a la dictadura de Franco. Ya en democracia, en 1977 se convierte en Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y en 2002 en CNI. A diferencia de otros países, este organismo integra inteligencia exterior e interior. El Centro ha vivido en los últimos años una transformación completa: en medios, hoy 3.500 profesionales y 240 millones de euros de presupuesto, con un crecimiento espectacular bajo la presidencia de Zapatero desde los 2.000 empleados públicos y 200 millones que encontró; y actividad, un proceso de transformación que parte de los atentados del 11 de marzo y la obsesión de la lucha contra ETA, a la situación actual, cumplidos dos años del fin de ETA y con el terrorismo salafista y la inteligencia económica como prioridades. Desde 2009 su director es Félix Sanz y desde diciembre de 2011 el Centro está adscrito al Ministerio de Presidencia, procedente del Ministerio de Defensa, con la importancia que tiene quién paga las nóminas todos los meses.
  • Centro Criptológico Nacional –CCN-: organismo integrado en el CNI, responsable de coordinar la acción de los diferentes organismos de la Administración que utilicen medios o procedimientos de cifra y de garantizar la seguridad de las tecnologías de la información en ese ámbito.
  • Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas –CNPIC-: dependiente del Ministerio del Interior. Entre las competencias del CNPIC se encuentra la ciberseguridad: ataques que puedan poner en riesgo las redes informáticas y de telecomunicaciones.
  • Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas –CIFAS-: se da la circunstancia de que el actual director del CNI fue entre 2004 y 2008 como jefe de Estado Mayor de la Defensa responsable también de la inteligencia militar. Ambos servicios trabajan conjuntamente sobre todo en los despliegues de tropas españolas en operaciones internacionales (Afganistán, Líbano, Irak, Malí). Aparentemente el CIFAS es un organismo modesto, las promesas de impulso abundan tanto como las de la reforma del Senado, déficit que muy probablemente las FAS suplen en escenarios exteriores con la ayuda de la inteligencia militar OTAN –es decir, de algunos de sus miembros-. Una importante novedad en el seno de los ejércitos ha sido la creación el pasado mes de febrero del Mando Conjunto de Ciberdefensa.
  • Servicio de Información de la Guardia Civil: a su espalda cuenta con el prestigio ganado durante años en la lucha contra ETA, incluida su actuación en territorio francés. Y la Guardia Civil es importante destacar que opera el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior –SIVE-, un complejo sistema nacido modestamente para vigilar la inmigración en el Estrecho en 2002 que hoy abarca con más de 20 estaciones fijas –además de los medios móviles- desde Canarias hasta Tarragona y Baleares, y comienza su implantación en Galicia.
    Estaciones del SIVE (Fuente: www.agrupacionahumada.com).
  • Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía: Ministerio del Interior en estado puro, donde encontramos la lucha contra la delincuencia organizada. Al parecer la normativa que creó y regula esta Comisaría otorgan el carácter de secreto a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas. Sus funciones son la captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública, y la utilización operativa de la información, específicamente en materia antiterrorista en el ámbito nacional e internacional.
  • Sector privado: multinacionales tecnológicas o financieras como Indra, Amper, Abertis, Santander y otras hablan naturalmente de inteligencia económica y ciberseguridad. Les va en ello su existencia o el negocio. Aquí el sector público no es que vaya por detrás –que va-, sino que debe apoyarse obligatoriamente en un sector privado avanzado en un doble sentido: para aprovecharse de avances tecnológicos no desarrollados en el ámbito de la Defensa (los videojuegos y la simulación militar son hermanos siameses tecnológicos) y que tradicionalmente, y la tendencia es creciente, los servicios de inteligencia se apoyan en el sector privado, para disimular su actividad y como refuerzo en nichos tecnológicos o localizaciones concretas.

La seguridad interior y exterior hace tiempo que rompieron sus límites. Las fuerzas militares se destinan a combatir el terrorismo –aparentemente- y las policiales actúan cada vez más en el exterior.
La coordinación entre todos los organismos españoles dedicados a la inteligencia es muy cuestionable, no existe de hecho un órgano establecido más allá de la referencia del CNI como coordinador de estos asuntos. Por la vía de los hechos, la integración de la inteligencia conseguida por varias fuentes se produce por relaciones personales, algo siempre ineficaz, y confluye en Moncloa. Sanz Roldán por parte de la oferta y la vicepresidenta y el director del Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas –también referente de la Estrategia de Seguridad Nacional-, por parte de la demanda, son las tres personas que debieran estar más al día de los asuntos de inteligencia en nuestro país.
La Ley reguladora del CNI de 2002 dice que “el Centro Nacional de Inteligencia funcionará bajo el principio de coordinación con los demás servicios de información del Estado español. A estos efectos, se crea la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, presidida por el Vicepresidente del Gobierno”, hoy vicepresidenta. Ahí debiera estar la coordinación de la inteligencia española, en esa Comisión que se reúne muy de vez en cuando.
La información en cualquier ámbito circula mal, más aún cuando cuesta conseguirla. Ningún organismo la cederá fácilmente salvo que le interese, o exista una estructura por arriba que no les deje otra salida. Todos los servicios de espionaje son instrumentos de terceros, del Gobierno, de la investigación policial o judicial, de la empresa. La falta de coordinación de estos servicios sólo puede incrementar la autonomía de quien se dedica a elaborar inteligencia. Autonomía del que consigue la información, no de su destinatario oficial.
El supuesto espionaje de EE.UU. en España afecta directamente a las competencias de Sanz Roldán. La línea de acción número nueve de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 está dedicada a la contrainteligencia: plantea como objetivo el adoptar medidas de contrainteligencia en la defensa de los intereses estratégicos, políticos y económicos de España, para prevenir, detectar y neutralizar las agresiones encubiertas procedentes de otros Estados, de sus servicios de inteligencia y de grupos y personas que estén dirigidas a la obtención ilegal de información.

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