¡Qué curioso!, por Javier Astasio



Sí, que curioso. O acaso no lo es que, mientras los jueces decanos de toda España reclamen más medios y que se aumente el plazo de prescripción de los delitos de corrupción, desde el gobierno se nos hable de la necesidad de limitar a seis meses el periodo de instrucción de los sumarios. Una y otra actitud son contradictorias y dejan claro que los intereses del poder, incluyo en él  al Consejo General del Poder Judicial, nada tienen que ver con la verdadera justicia, la que hacen quienes trabajan en los juzgados y conviven con la sociedad real a la que sí representan los jueces decanos.
En un estado como el español, en el que los políticos corruptos se quitan y ponen los aforamientos como quien se quita y se pone una chaqueta, si con ello consiguen forzar el cambio de tribunal y, de paso, ponerse en manos de un nuevo juez que necesitará tiempo para ponerse al día en el sumario, mientras el frustrante periodo de prescripción se agita inexorablemente.
Lo han venido haciendo sistemáticamente los dirigentes del Partido Popular en Valencia que han ido entrando y saliendo en las Cortes Valencianas a medida que se complicaba su situación judicial, a la búsqueda del paraguas del aforamiento y a sabiendas de que, al menos hasta las últimas elecciones, las europeas, la alegre y confiada sociedad valenciana cerraba los ojos ante el cáncer que ha acabado por convertir en cenizas la gran falla de prosperidad de cartón piedra que el PP había levantado.
No puede ser que la instrucción de procesos como el que investiga la trama Gürtel se demoren tantos años. No puede ser que los jueces que instruyen estos casos no cuenten con el apoyo necesario para su tarea. No puede ser que en lugar de esa más que necesaria colaboración reciban como respuesta de la administración torpedos en forma de negativas o silencio administrativo cada vez que reclaman la ayuda de peritos que les ayuden a bucear en determinada documentación o la documentación en sí misma.
Está claro que, si, como dijo el presidente del CGPJ, la legislación española esta trasnochada porque se hizo para combatir a los robagallinas, los distintos gobiernos que han sido en la ya de sobra mayor de edad democracia española no han mostrado el más mínimo interés en solucionar este anacronismo, enredados como siempre han estado en hacerse con los hilos del poder judicial que, estamos hartos de comprobarlo, se eligen como se eligen. Por eso, la declaración  hecha ayer por los jueces decanos es un soplo de aire fresco en el asfixiante panorama español y todo un síntoma que la clase política debe comenzar a tener muy en cuenta.
Y es que, tan importante como la movilización social en favor de un cambio, no de partido, sino de sistema o de equilibrio del sistema, lo es el movimiento cada vez más evidente de los jueces en demanda de los medios y el personal necesarios para hacer que la justicia se haga realmente efectiva porque llegue a todos y llegue a tiempo. Algo que sin duda tendremos que agradecer al patán de Gallardón que, queriendo llevarnos a la Edad Media también en la justicia, sólo consiguió cabrear y movilizar a todos sus estamentos.
La demanda de medios rubricada ayer por los jueces decanos de toda España en Valencia no es el único síntoma de que algo está cambiando en el panorama de la justicia. También lo es su petición de que se legisle para que los impagos de hipoteca y los consiguientes desahucios no dejen con una mano delante y otra detrás y al margen de la sociedad a los afectados. Justo lo contrario de lo que han defendido PP y PSOE porque, según sus sesudos portavoces, generaría inseguridad jurídica 
¡Qué curioso!


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