'Privados de seguridad’, por Javier Astasio

 
Por más que a algunos nos pareciera imposible, lo han hecho: el afán privatizador de este gobierno, al que una mayoría suficiente de ciudadanos, tan inconsciente como estúpidamente, han dado con su voto la potestad de hacerlo, ha llevado al Partido Popular, con el apoyo de CiU y PNV, a privatizar la seguridad en alginas de las calles de nuestras ciudades. Resalto el hecho de que el PP tiene votos suficientes para hacerlo, porque desgraciadamente es así y porque, si es así, es porque todos, todos, por acción u omisión le hemos dado poder para hacerlo. Se la hemos dado los que le votaron hace dos y los que no nos empeñamos lo suficiente en convencerles para que no lo hicieran.
Cuando escuché ayer que se había aprobado la nueva ley y que, gracias a ella, los vigilantes a sueldo de empresas de seguridad podrán detener, identificar, cachear y retener en la calle a los sospechosos de haber cometido delitos dentro los centros comerciales o recintos que custodian, me vino a la memoria un desagradable incidente vivido a las puertas del Corte Inglés en la calle Mesonero Romanos de Madrid hace ya unos años.
Pude ver aquel día, aquella tarde de verano, como un par de "chaquetas rojas" armados de walkies dirigían a otros elementos, de paisano y también con walkies, que cercaron, derribaron, patearon e inmovilizaron en el suelo a un individuo, después de lanzarle contra un escaparate. Y no sólo eso. A mí que me detuve y les grité indignado que no podían hacer aquello, me miraron de ese modo que no quiere decir otra cosa que "¿quieres ser el siguiente?". Recuerdo que fue tal mi indignación que llamé a la Policía, para denunciar que había presenciado una detención ilegal o, quizá, un secuestro, porque después de agredirle como le agredieron, le condujeron al interior de los almacenes a través de la puerta que, junto a la rampa del parking, utilizan los empleados para entrar y salir de la tienda. Me temo que la Policía nunca acudió a mi llamada, pese a la amabilidad con que me atendieron, y me temo también que el “detenido" se  llevaría más de un golpe cuando le escondieron de las miradas incómodas.
Recuerdo otro incidente, sucedido esta vez en las instalaciones del metro de Madrid, donde un vigilante de seguridad y otro empleado asistieron impasibles a los intentos de una madre para bajar las escaleras con su hijo en la silla, en una de esas estaciones, casualmente de barrios obreros, a las que Aguirre se olvidó de poner ascensores. Yo que, como sabréis, no veo como quisiera me arriesgué a ayudarla, mientras criticaba en voz alta -la boca me pierde- la actitud del vigilante y su compañero de charla y fue entonces cuando me enteré por uno de ellos de que tienen prohibido prestar ese tipo de ayudas para evitar responsabilidades para la empresa en caso de que se produjese un accidente.
Es eso lo que podremos esperar de los vigilantes, que defiendan los intereses de la empresa y no los de los ciudadanos, que nos partan la cara si consideran que hemos robado un libro, aunque no sea cierto y que nos dejen rodar por las escaleras, para no comprometer a su empresa. Menudo panorama, porque quienes, como yo, paseamos habitualmente por la calle Preciados de Madrid vamos a hacerlo por un territorio sin ley, por exceso, en el que quedaremos privados de la seguridad que pagamos con nuestros impuestos, igual para todos, ejercida por personal preparado para ello, dispuesto a auxiliarnos si es preciso y responsables ante sus jefes. Porque, cuando la ley entre en vigor, las calles de nuestras ciudades, especialmente las comerciales, pasarán a ser un inmenso Madrid Arena, en el que la Policía de todos y nuestros derechos serán sólo personajes secundarios.
 
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