Piden al Parlamento canario que destituya al director de la RTVC, por @FeSPeriodistas

La Fiscalía Anticorrupción aún tiene que resolver la denuncia presentada por el sindicato y por Izquierda Unida Canaria contra Guillermo García por las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en la Radiotelevisión autonómica

 La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) exige al Parlamento de Canarias que asuma su obligación como garante de la ciudadanía canaria y tome las medidas necesarias para apartar definitivamente de su cargo de director general de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) a Guillermo García. Las nuevas revelaciones públicas sobre la alta cuantía de los contratos firmados con algunas productoras y la existencia de programas pagados que nunca se emitieron, denunciadas esta semana por el PP y el PSC, ponen nuevamente de manifiesto la nefasta gestión que García ha realizado desde que fuera colocado en su cargo.
Desde el sindicato se pide a los diputados regionales que hagan un pequeño ejercicio de hemeroteca para comprobar cómo sistemáticamente la gestión de García ha estado repleta de irregularidades en todos los frentes posibles, desde el funcionamiento del consejo de administración hasta los dos expedientes de regulación de empleo que han dejado en la calle a más de medio centenar de trabajadores, tanto del ente público como de la productora de los servicios informativos, Videoreport Canarias. Estos despidos se produjeron mientras, según ha manifestado el PP, se gastaban 2.301.680 euros en sólo diez programas de televisión.
La gestión del actual director sido denunciada públicamente por la UPCC, que ha pedido en numerosas ocasiones la destitución de García sin que hasta el momento ninguno de los tres partidos que han tenido responsabilidades políticas haya dado el paso necesario.

Denuncia en Anticorrupción
El sindicato recuerda, además, que la Fiscalía Anticorrupción ha prorrogado el estudio de la denuncia que UPCC e Izquierda Unida Canaria presentaron en agosto de 2013 para analizar si las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas fueran constitutivas de delito. Dado que Guillermo García no tiene intención de dimitir de su puesto, y que el Gobierno regional no parece que tenga la intención de destituirlo, debe ser el Parlamento el que lidere la defensa de los intereses de los ciudadanos ante la mala gestión de García, los evidentes daños causados en las arcas autonómicas y al prestigio de la línea informativa de la televisión pública. La reprobación del Parlamento que ya ha tenido el actual director, limitada al tono de sus intervenciones en la Cámara, es insuficiente ante las reiteradas irregularidades cometidas.
La UPCC, como única organización regional del sector de la comunicación, considera que es su deber garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a la información que sólo puede pasar por la existencia de unos profesionales del periodismo formados y que ejerzan su labor con las máximas garantías profesionales y laborales, sin injerencias de intereses políticos y económicos.

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