NO a la “Ley Mordaza” de Cifuentes, por @FeSPeriodistas

La PDLI, de la que es parte la FeSP, considera una aberración que un derecho fundamental como la libertad de expresión se pretenda limitar con una ley regional.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), de la cual la FeSP es miembro fundador, ha manifestado su rechazo al proyecto de Ley aprobado por el gobierno de Cristina Cifuentes que prevé multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales que la Administración regional llegue a considerar que son insultos.

Se trata del ‘Proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia’ que fue aprobado el pasado 13 de diciembre por el Ejecutivo autonómico para su tramitación en la Asamblea de Madrid.

La PDLI considera gravísimo que “un gobierno traslade al ámbito administrativo lo que es materia de derecho penal”, según señala su director legal, Carlos Sánchez Almeida. Y añade: “los problemas que pretende sancionar Cifuentes por vía administrativa están ya regulados en el artículo 510 del Código Penal”.

A juicio de la PDLI, es una aberración jurídica que un derecho fundamental como es la libertad de expresión se pretenda limitar en una ley regional, sin ninguna de las garantías que nuestro ordenamiento jurídico prevé, y todo ello bajo el manto de la supuesta protección a víctimas de posibles abusos.

La PDLI también critica la redacción imprecisa del proyecto cuando plantea la creación de un “Observatorio” que vigile el cumplimiento de esta nueva ley, dando pie a investigaciones prospectivas, o el incremento de las sanciones si la infracción es contra agentes de la autoridad. Por otro lado, también ha manifestado su oposición al texto que pretende sacar adelante el partido socialista, por su coincidencia, en los aspectos más preocupantes, con el proyecto del PP.

La PDLI, que comparte la preocupación de colectivos vulnerables sobre la necesidad de mejorar su protección frente a delitos de discurso de odio, entiende que la solución no depende de aprobar normas que vulneren otros derechos fundamentales, sino, al contrario, de mejorar las actuales haciéndolas más precisas y de dotar de medios a la Justicia para que las resoluciones se produzcan en el menor plazo posible, principalmente.

Según la PDLI y los juristas consultados, estas serían las principales amenazas del proyecto de Ley del gobierno madrileño:

1. Se pretende regular la libertad de expresión por vía administrativa y sin control judicial.

2. Se traslada al ámbito administrativo lo que está ya regulado en el Código Penal, pero sin las garantías del mismo. El proyecto también es redundante, no solo en lo que tiene que ver con redes sociales, sino también en lo relativo a medios de comunicación, regulación publicitaria o prácticas comerciales.

3. Se produciría una flagrante infracción del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pues solo el primero puede legislar en materia de libertades fundamentales. Además, saltándose las mayorías reforzadas de ley orgánica. Ambos aspectos son criticados por la propia la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en su informe preceptivo del proyecto, entre otras objeciones.

4. El proyecto contraviene el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia de desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al no cumplir con los requisitos de necesidad y seguridad jurídica que deben darse cuando se limita la libertad de expresión.

5. La ley permitiría las investigaciones prospectivas, es decir, “salir de pesca” a buscar aleatoriamente conductas penales, algo absolutamente prohibido en todos los ordenamientos jurídicos democráticos.

6. Se disfraza dentro de una ley de protección a las víctimas y prevención de delitos, pero ocultando que una administración, ni estatal, ni menos aún autonómica, no puede decidir qué es discurso de odio y qué es insulto, cuya valoración corresponde a un juez.

7. Las víctimas, que son el pretexto, no resultan beneficiadas por las multas porque las indemnizaciones no se pueden exigir ni imponer al infractor en vía administrativa.

8. La cuantía de las multas, hasta 45.000 euros, es desproporcionada.

9. En caso de que la ley llegase a aprobarse, el único que la podría recurrir, con posibilidad de suspensión, es el Gobierno estatal.

10. Para aplicar la ley habría que vulnerar otras leyes sobre privacidad para conocer la identidad del infractor.

11. La competencia territorial es imposible: ¿Cómo determinar qué es lo que sucede en Madrid, cuando estamos en redes sociales?

12. Un problema adicional son las notificaciones de expedientes sancionadores. ¿Cómo y a quien se va a notificar, cuando las redes sociales son anónimas?

El proyecto Cifuentes: http://libertadinformacion.cc/wp-content/uploads/2016/12/proyecto-c-madrid-13-12-2015.pdf

http://libertadinformacion.cc/la-pdli-considera-una-aberracion-juridica-la-ley-mordaza-del-gobierno-madrileno/

 

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