Monte de El Pardo, ¿salvado o secuestrado?, por @CarlosPenedoC

El rey Felipe VI vive rodeado de 15.000 hectáreas de bosque cerrado como un búnker. Silencio informativo en torno a una propiedad pública gestionada por el Estado


Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
En el corazón de España, de la Comunidad de Madrid y de Madrid, de cuyo término municipal ocupa la cuarta parte, existe un agujero negro con un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar, tampoco la información: el Monte de El Pardo, 15.000 hectáreas de bosque mediterráneo que rodean el palacio de la Zarzuela y cuya gestión es secreto de Estado, su uso una incógnita. La falta de información impide saber si su propiedad pública y uso particular por el rey son garantía de conservación o lo contrario. El Gobierno admite su falta de control.
Rueda de prensa del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2013. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es preguntada sobre la finca La Angorrilla, dentro del Monte de El Pardo, en la que se pudo haber alojado alguna amistad del rey Juan Carlos: “con arreglo a la Ley de Patrimonio Nacional, se definen e identifican los bienes que están afectados al uso y al servicio de la Jefatura del Estado. Es el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional quien tiene legalmente encomendada la conservación, el mantenimiento, la mejora y la administración y seguridad de dichos bienes; existen dos tipos de bienes en Patrimonio Nacional: determinados bienes que son susceptibles de compatibilizar esa función al uso y servicio de la Jefatura del Estado con otro tipo de actividad, que entraña el acceso del público a los mismos. Sobre esos bienes, entre el que no está el que usted me indica, es sobre los que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional puede aportar información, porque la tiene; respecto de los otros y su uso, no”. 
Julio de 2014: ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Comunidad ni grupos de protección de la fauna con proyectos cercanos ni Patrimonio Nacional –propietario legal del Monte-, nadie informa, los primeros porque no cuentan con acceso ni información, todos remiten a Patrimonio, que aplaza la demanda del periodista para dentro de dos meses. La única excepción al silencio, Ecologistas en Acción. 

¿Patrimonio nacional?

Una ley de junio de 1982 es la base normativa, firmada por el propio Juan Carlos como rey y Calvo Sotelo como presidente, que en sus primeros artículos aclara que “tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen”.
Por tanto, los bienes de Patrimonio, y muy especialmente los que rodean su casa, son para el servicio del rey y su familia –el alcance de familia ha cambiado recientemente-, en este caso 15.000 hectáreas, el espacio de 15.000 campos de fútbol, 300 veces la Ciudad del Vaticano, 70 veces el Principado de Mónaco. Cualquier otro uso es secundario.
El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (“la institución”, se autodenomina en su página web) se configura como una entidad de derecho público orgánicamente dependiente de la Presidencia del Gobierno. La titular del Ministerio de Presidencia es Sáenz de Santamaría.
Dice la ley de 1982 que “se entenderán excluidos del perímetro del monte de El Pardo los terrenos que a la entrada en vigor de esta Ley, se encuentren arrendados o cedidos a cualesquiera entidades”. Cabría pensar incluidos en esta exclusión los terrenos de los clubes deportivos Puerta de Hierro y Somontes, el Hipódromo de la Zarzuela y restaurantes varios que salpican la zona sur del Monte, quizá también fuera una salvedad para blindar urbanizaciones como La Florida, Casaquemada o Puerta de Hierro, construidas a partir de las décadas de los cuarenta y cincuenta –en suelo público- y donde se alojaron las élites económicas del régimen.
Aliviadero del pantano de El Pardo, donde
el río Manzanares vuelve a nacer (Foto: PND).
Patrimonio Nacional cuenta con un presupuesto anual de 110 millones de euros en 2014 y una plantilla de 1.350 trabajadores, 262 en la Delegación de El Pardo y entre ellos deberán figurar el medio centenar de guardias forestales que trabaja en el Monte. La seguridad de la familia real e invitados no está incluida ni en los presupuestos ni en los organismos mencionados, porque corren con esos gastos el Ministerio de Defensa (Guardia Real, 1.700 militares, 45 millones de presupuesto), Interior (Guardia Civil) y Presidencia (CNI).

Protección medioambiental a medida

Aunque su ley fundacional daba un año de plazo, Patrimonio Nacional tardó cinco en tener un Reglamento, que afirma que “en el uso de los bienes del Patrimonio Nacional se velará especialmente por la protección del ambiente y por el cumplimiento de las exigencias ecológicas en los terrenos que gestione y, especialmente, en el Monte de El Pardo”.
El Monte de El Pardo no pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, figura de protección de la Comunidad de Madrid que lo rodea por casi todas partes y con el que forma un mismo entorno natural.
Tampoco es Parque Nacional, como así quiso por unanimidad la Asamblea de Madrid en 1992 que incluso elaboró una ley y la remitió al Congreso. No resistió el cambio de legislatura en 1993 y ni se llegó a debatir. Los diarios de sesiones del Parlamento guardan también iniciativas legislativas que pedían la declaración de la zona con la máxima figura de protección jurídica, la de Parque Nacional, impulsada en 1990 por Izquierda Unida y en 1981 por el PSOE, ambas rechazadas.
Habrá que esperar hasta agosto de 1997 para que el BOE publique una Orden que aprueba el Plan de Protección Medioambiental del Monte de El Pardo, traje a medida que en apariencia establece todo tipo de garantías, pero con una advertencia previa: “las actuaciones a desarrollar tendrán en cuenta los siguientes criterios y principios básicos: la conservación primaria sobre cualquier actividad medioambiental que se desarrolle en el Monte de El Pardo”. Se vuelve a insistir que “el Monte de El Pardo, como bien integrante del Patrimonio Nacional estará afecto al servicio y uso del Rey y de los miembros de la Real Familia, para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen. Es éste, por tanto, su objetivo principal al que debe subordinarse cualquier uso o actividad que pretenda realizarse”.
Traducido, el objetivo principal es conservar lo que hay, y el uso está restringido al rey y su familia.
Miradero al Manzanares clausurado por
 peligro de derrumbamiento (Foto: PND).
Un apartado de interés de esta Orden y del Plan que contiene es que zonifica el Monte, estableciendo una zona de reserva de 14.758 hectáreas para “preservar recursos bien conservados, frágiles, representativos o singulares por lo que quedan excluidas del uso público (…). En estas áreas no podrá ubicarse ningún tipo de infraestructura ni instalación, salvo las de instrumentación científica o técnica debidamente autorizadas”.
Añade el Plan un listado de construcciones en el Monte cuya alteración o nueva construcción, obras limitadas al máximo, requerirán la autorización del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y un informe de impacto.
Esto es lo que se argumentó desde Ecologistas en Acción en 2006 para solicitar información, sin éxito, sobre las obras que entonces comenzaron en la finca La Angorrilla, cercana al Pantano de El Pardo, con entrada por la puerta vecina al cementerio de Mingorrubio. Existen fotos aéreas –Google Earth- que confirman la construcción en los años siguientes de una piscina cubierta y otra al aire libre, se asfaltaron los accesos y se remodeló completamente la casa y sus alrededores, obras difícilmente compatibles con la protección medioambiental donde se ubica. De creer a los vecinos, la inquilina y destinataria de tales obras fue Corinna zu Sayn-Wittgenstein, quien se ha alojado en la finca durante una década –dicen-. El coste de las obras, desconocido, elevado y sufragado por el Estado.
El Plan de Protección del Pardo también establece una zona de uso público, 842 hectáreas, entre la pared de la presa y el complejo deportivo Somontes, por donde discurre el Manzanares en un estado de semiabandono, con miradores y zonas de descanso acordonadas para evitar su uso por descomposición de la madera y sin ningún centro de interpretación tal como exige la normativa.

Presión del entorno

Ecologistas en Acción ha interpuesto en los últimos años diversas iniciativas que buscaban alertar sobre la presión urbanística y de infraestructuras en los alrededores del Monte.
Un debate recurrente de tiempos de la burbuja inmobiliaria y las tuneladoras hiperactivas era el cierre de la autovía M-50 entre San Sebastián de los Reyes (N-I) y Las Rozas (N-VI) mediante una conexión subterránea que atravesaría el Monte, proyecto parado por la elevada inversión necesaria. En la actualidad el Monte ya es atravesado por líneas de alta tensión y de ferrocarril.
La organización ecologista ha alertado también hace un par de años sobre la construcción de una llamada Casa de Campo del noroeste, un macrocomplejo con numerosas instalaciones deportivas, entre ellas campos de golf, hípica, campos de fútbol, piscinas, en la finca El Garzo, situada en Las Matas, pedanía de Las Rozas, colindante con El Pardo.
Ecologistas en Acción se muestra especialmente preocupado por el desarrollo inmobiliario de Madrid, que en los últimos años ha cercado el Monte, especialmente por la zona sur donde no existen figuras de protección que hagan de tampón. Al norte, este y oeste, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares ha impedido que la urbanización llegue hasta las tapias del Monte, como sí ha sucedido en el sur.

Pollos de águila imperial y 2.000 jabalíes

Patrimonio Nacional tiene una intensa actividad comercial y de explotación de espacios, con los reales sitios y también con el Monte de El Pardo.
De los 113 millones de presupuesto con que contó el organismo en 2013, nada menos que se autofinanció en un 21%. Una fuente de ingresos son las entradas que pagaron los 2,7 millones de visitantes a los palacios en el último año; los más visitados, el Palacio Real de Madrid con algo más de un millón, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial -433.000-; el Valle de los Caídos, el Palacio Real y Aranjuez, cada uno con un cuarto de millón de visitantes. El Palacio de El Pardo atrajo a 35.000 turistas.
Patrimonio Nacional también consigue ingresos por arrendamientos varios y desconocidos, donde cabría imaginar las decenas de restaurantes de El Pardo y las instalaciones deportivas que abundan por la zona, localizadas en suelo público y de gestión privada.
Por otra parte se encuentra la leña que se corta y vende del Monte; y la caza.
La última Memoria de Patrimonio Nacional afirma que tiene inventariados en sus terrenos (80% en el Monte de El Pardo) 4.348 ciervos, más de 2.000 jabalíes, 7.243 gamos y 11 parejas de águila imperial, con nueve pollos.
Entrada al Monte cercana al cementerio de Mingorrubio,
acceso a la finca La Angorrilla (Foto: PND). 
El organismo señala como novedad de 2013 que parte de esos animales eran tradicionalmente cazados y vendida su carne, aunque recientemente se ha procedido a la “completa eliminación de esa práctica, trasladándose los animales por los adjudicatarios en vivo para repoblación o a centros homologados de procesado en aquellos supuestos en que no sean válidos para el primer fin”. Es decir, que la primera intención es ceder los animales a otros espacios naturales, solución siempre difícil y escasa, y la segunda, al matadero.
Se siga o pueda seguir en la actualidad esta práctica, es un hecho que en 2012 Patrimonio sacó a concurso más de 100.000 kilos de carne de caza procedente de El Pardo y de muchos de sus inquilinos, 1.800 gamos, 800 venados y 900 jabalíes.

Transparencia limitada

El pasado 28 de julio un portavoz no identificado de Zarzuela anunció a la prensa diversas medidas que el nuevo rey Felipe VI tiene previsto implantar en favor de la transparencia de sus gastos, como la revisión de las cuentas por una auditoría externa, ciertas incompatibilidades laborales para la familia real y personal a su servicio, o la limitación y destino de los regalos recibidos.
Según la Constitución, el rey tiene una responsabilidad directa sobre parte del personal y el presupuesto de la Casa Real, los 7,7 millones de euros aprobados para este año.
Otra cosa son las cuentas de Patrimonio Nacional o la Guardia Real, que suman más de 150 millones de euros y más de 3.000 personas dependientes directamente del Estado y del Gobierno central, no del rey, aunque a su servicio.
Durante el reinado de Juan Carlos, durante las últimas tres décadas, se reconoce una gestión muy personal y opaca de cuanto ha rodeado a la Casa Real, con la consiguiente responsabilidad por omisión de los sucesivos gobiernos, sombras que parecen haberse extendido a los organismos del Estado directamente relacionados con la monarquía. La credibilidad de la nueva fase histórica iniciada con Felipe VI va a depender también de las decisiones que se adopten en un entorno del que no es directamente responsable, pero sobre el que influye sobremanera.

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