Matar la libertad, por Javier Astasio



A estas horas sigo pellizcándome con la esperanza de que la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se reconoce el derecho de  un farmacéutico sevillano a no dispensar la píldora del día después, amparándose en su derecho a la objeción de conciencia, no sea más que una pesadilla  fruto de este ardiente verano que nos asedia. Pero no, no hay suerte. La pesadilla no es tal, porque el fallo del que ha sido ponente el magistrado Luis Ollero es una realidad, una triste realidad en pleno siglo XXI.
Qué distinto este farmacéutico sevillano que tampoco vende preservativos en su botica de aquellos colegas suyos y esos ginecólogos que, en pleno franquismo, facilitaban anticonceptivos a todas esas mujeres que, entonces y ahora, no querían sacrificar su derecho al placer o quién sabe si a la felicidad en aras de una ideología que contempla a la mujer como una máquina destinada a dar hijos a su dios y a su iglesia, una máquina sin la más mínima autonomía ni, por supuesto, los mismos derechos que el hombre.
Este farmacéutico y otros cruzados como él, colocados en un puesto clave del sistema sanitario, la oficina de farmacia, no hacen otra cosa que cortocircuitar el sistema de derechos y libertades que nos hemos dado los españoles, anteponiendo al respeto a nuestros derechos su moral y sus creencias, al igual que hacen determinados ginecólogos que, bien por verdadero convencimiento moral, bien por no señalarse ante su jefe de servicio o sus compañeros impiden que las mujeres puedan ejercer el derecho a interrumpir su embarazo en determinados hospitales o, incluso, comunidades autónomas enteras.
La sentencia del TC, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, numerario del Opus Dei y, durante diecisiete años, diputado del Partido Popular, equipara el derecho del boticario, sevillano como el propio Ollero y quién sabe si correligionario, al de esos ginecólogos que, por ejemplo, llevan años impidiendo, por ejemplo en toda Navarra, las interrupciones del embarazo, que allí, como en el resto del territorio español, son legales.
Evidentemente, una y otra cosa no son lo mismo, pese a lo que diga el TC por boca de Andrés Ollero, entre otras cosas porque la píldora del día después no es abortiva, porque se toma preventivamente, sin que haya constancia de la existencia no ya de un feto, sino ni siquiera de un óvulo fecundado, y porque el tiempo de que dispone la mujer que quiera eliminar el riesgo de embarazo con el fármaco en  de apenas unas horas, en las que cualquier dificultad para obtener cualquiera de los productos que, afortunadamente, existen en el mercado, multiplica el riesgo de un embarazo no deseado y, por tanto, el de sus consecuencias.
Pero, si el hecho en sí de la sentencia, el sentido de la decisión del pleno del TC, es preocupante, lo que de verdad resulta desasosegante es un párrafo de la misma en el que el ponente, Andrés Ollero, asegura que, cínicamente a mi modo de ver, que los organismos púbicos no deben interferir con la conciencia de los ciudadanos y que "no parece compatible con ello que los magistrados del TC puedan considerarse llamados a erigirse en directores espirituales de los ciudadanos", curioso y, como digo, cínico argumento, puesto que deja en manos de un farmacéutico que incumple lo que establece la ley que las ciudadanas que la soliciten disponen en su establecimiento de la píldora poscoital.
Mal van las libertades en este país si nos encontramos con personajes como este farmacéutico sevillano y quienes le dan la razón. La sentencia conocida ayer supone un giro dramático en la doctrina del TC respecto a las libertades y derechos y pone en grave riesgo que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos, pese al amparo de la ley, si a alguien no le parece bien  que lo hagamos. A la derecha más conservadora no le gusta que la gente sea libre y feliz, por eso, y lo han hecho muy bien, han ido copando taimadamente puestos claves en la Justicia, puestos desde los que poco a poco van matando nuestra libertad, esa libertad que tanto les molesta.



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