El Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia quiere expresar su preocupación ante la denuncia efectuada por los empleados del Ente público que han visto agravada su situación por el despido de parte de la plantilla, lo que a su juicio hace “totalmente inviable la realización de la programación”
Según han comunicado, todos los trabajadores venían realizando ya más horas de las estipuladas, sin recibir contraprestación económica o compensación en días libres, con unos salarios medios de entre 12.000 y 14.000 euros anuales.
El Colegio de Periodistas ha venido insistiendo en numerosas ocasiones en la necesidad de que los medios de comunicación cuenten con una dotación suficiente, tanto técnica como profesional, para cumplir su función social, especialmente si está en juego el derecho fundamental a la información. Dicha exigencia es aún más determinante si nos referimos a los medios públicos.
Al optar por un modelo de gestión indirecta para ‘La 7’, la Administración regional, a través del ente público Radiotelevisón de la Región de Murcia (RTRM), adquirió en paralelo la ineludible obligación de vigilar las condiciones en las que la empresa adjudicataria y las productoras por ella contratadas realizan su labor, no en vano es dinero público el que sostiene esta actividad.
Preocupa y mucho al Colegio, que al amparo de estos contratos se pudiera estar ofreciendo el espejismo de producciones a bajo coste, que en realidad estarían construidas a partir de situaciones de precarización laboral, colocando a los profesionales en el eslabón más débil de la cadena.
Dada esta situación, desde el Colegio quieren ponerse a disposición de los profesionales de la comunicación para ayudar y asesorar en la defensa y dignidad de nuestra profesión. Al mismo tiempo, demandan de la dirección de RTRM y de su Consejo de Administración, así como de las autoridades laborales, una pronta respuesta, mediante la inspección y evaluación de las condiciones en las que, Grupo Secuoya y las productoras por ella contratadas, realizan los programas financiados con dinero público.
Solicitan además que, dentro de la necesaria transparencia que debe operar en estas relaciones, dichos datos sean puestos a disposición tanto del Colegio como del conjunto de la sociedad, para que sean debidamente evaluados y puedan ponerse en marcha las medidas que pudieran resultar precisas.
