Nada hay menos estético que hacer y deshacer, tomar y dejar las leyes a la medida del poder. Los que hemos vivido bajo el franquismo conocimos esa manera de gobernar y padecimos las leyes en vez de sentirnos protegidos por ella. Hace sólo unos días, el Partido Popular perdió otra oportunidad para condenar el franquismo penalizando su exaltación. Y creo que, si no lo hicieron, es porque aun no se creen capaces de resistir la tentación de cantar las alabanzas a un régimen que, a muchos de ellos, les colocó en donde están.
Y es que no es lo mismo contemplar el mundo desde el caballo, mirando a los otros desde lo alto de la silla y con la garantía de que, si vienen mal dadas, se pueden volver grupas al tumulto o, en el peor de los casos, echar la montura sobre la gente de a pie. Así eran las cosas durante los años más duros del franquismo caciquil y a ello quieren volver quienes, ahora, nos echan encima el caballo de su aviesa manera de entender el poder y las leyes.
De todos es sabido que la Comunidad Autónoma de Madrid anda empeñada en convertir la salud de los madrileños en un rentable negocio para determinadas empresas que, por cierto, han dado pruebas sobradas no sólo de sus intenciones meramente crematística, sino de su incapacidad gestora en otras experiencias anteriores. Y no es que me invente lo que digo, fue el propio ex consejero, Juan José Güemes, hoy vinculado directa o indirectamente a esas empresas, quien, en una convención, casi una mini feria del sector, alentó a los concurrentes a ver la sanidad madrileña como una oportunidad de negocio.
De todos es sabido también que de una manera desconocida hasta entonces, todos los implicados en la sanidad, pacientes, médicos, enfermeros, farmacéuticos y demás personal, se pusieron enfrente de las intenciones de los hombres del maletín y el gobierno de la Comunidad, encarnados en la triste figura del consejero Lasquetty. Se pusieron enfrente en una estrategia imaginativa y activa que les llevó a convocar movilizaciones, manifestaciones, un referendo que recogió, con nombre y apellidos, más de un millón de firmas contra las intenciones privatizadoras del gobierno madrileño, una oleada de incómoda insumisión, también con nombre y apellidos, contra la imposición del euro por receta y toda una serie de acciones legales que, finalmente, han ido paralizando en los juzgados la mayoría de tan arbitrarias medidas.
Es fácil imaginar la contrariedad de la consejería y de las empresas beneficiadas en las poco o nada claras adjudicaciones de hospitales ante las paralizaciones. Su gozo en un pozo y la negra perspectiva de que, en el mejor de los casos, el "negocio" se iba a retrasar meses, lo que ante la otra perspectiva, la del negocio seguro y ya que quizá nunca se llegaría a poner en marcha si se produjese un previsible vuelco electoral. Es fácil imaginar también la preocupación y quién sabe qué más de unos y otros. Tanta que ha llevado a la elaboración de una nueva estrategia, en este caso judicial, y digo judicial y no legal, haciendo pasar un tamiz de grano más grueso las demandas de los sindicatos médicos, para ver si, con suerte, pasa la cosa.
Para eso, la nueva estrategia pasa ahora por someter todas las resoluciones paralizantes al pleno de la Audiencia Provincial de Madrid, en un intento de desbloquear las concesiones. Cincuenta jueces a cuyo frente está el magistrado Martínez Tristán, casado con una consejera del gobierno de Castilla La Mancha, ex alto cargo de la de Madrid -también entre Madrid y Castilla La Mancha funciona la puerta giratoria, aspirante a una vocalía del Consejo General del Poder Judicial, cuyo nombramiento depende del partido del Gobierno y que ha sido, además, el autor intelectual del reagrupamiento de las demandas para llevarlas al pleno.
Lo dicho cambiar o utilizar las leyes a medida. Y si me atrevo a escribirlo es porque al deslenguado senador popular Francisco Granados le escuches decir, nada más decretarse la suspensión de las adjudicaciones que si, finalmente, no se ajustaban a la ley, se cambia la ley si es necesario. Pues en eso estamos, en hacer a la ley los arreglos que nos la dejen para el gobierno como un traje a la medida del gobierno madrileño y sus "socios".
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