Los jue­ces, a fa­vor de ce­rrar web de en­la­ces, por Rogelio Delgado (@rogeliodr)

La piratería sigue en España en una situación que afecta de forma importante el mercado.Mas si analizamos y conocemos la realidad apreciamos que más allá del conjunto de pérdidas que se produce por un consumo irresponsable existen otros casos ,ligados con el uso de material audiovisual en centros de formación,que perjudica a los propietarios de los derechos y esta permitido por la propia administración pública

Fuente : El Economista

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público en su web el informe completo en el que analiza, artículo por artículo, el anteproyecto de ley con el que el Gobierno modificará la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

El texto, que recoge en detalle la revista jurídica digital Iuris&Lex en su número de esta semana (disponible en http://www.eleconomista.es/ecoley/iuris), censura algunas medidas, como la implantación definitiva de la compensación por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, pero, sobre todo, arroja leña al fuego en torno al debate sobre la protección de los derechos de autor en Internet.

Por ejemplo, el Poder Judicial aplaude que la reforma zanje el debate sobre la legalidad o no de la actividad de las webs de enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor. En concreto, el legislador califica a quienes “explotan webs de enlaces que redirigen masivamente a contenidos puestos ilícitamente en la red” como sujetos “participantes en la vulneración”.
Precisamente, la Ley Sinde, que creó la Comisión de Propiedad Inteletual (CPI), generó polémica por permitir a este órgano administrativo el cierre de páginas web, a pesar de que la LPI no las penaliza. Un “avance notable” En este marco, a juicio del Poder Judicial, el hecho de que se deje claro este punto supone un “avance notable en pos de la más eficaz protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, superando de este modo la concepción de que los enlazadores deben ser vistos, con independencia de las condiciones en las que presten sus servicio, como meros prestadores de servicios intermediarios de la sociedad de la información”.
Es más, a pesar de la profundidad de ciertos cambios, resulta necesario, a juicio del informe, ir más allá en las previsiones legales que permiten, por ejemplo, a la Sección Segunda iniciar procedimientos contra operadores de servicios de la sociedad de la información (como los buscadores tipo Google) o presionarles para que cumplan con las órdenes de cesación que éste expida. Se pide, entre otras cosas, que no sólo personas individuales puedan denunciar ante la Comisión, sino también colectivos.

Entre las novedades de la reforma se encuentra la ampliación del espectro de responsables, incluyendo ahora no sólo al infractor, sino a terceros que induzcan, cooperen o controlen esta actividad. Sistema de copia privada Además, el informe critica que se siga financiando la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de a través de un canon. El Poder Judicial recuerda que se trata de un sistema inédito en Europa que, “si bien pudo responder a una razón de urgente necesidad, precisamente por esa misma causa encuentra difícil justificación en el contexto, más sosegado, de la elaboración de una ley ordinaria de reforma de la LPI”.

Por otro lado, se arremete contra la cuantía que percibirán los autores: según el informe, “la más estrecha configuración del límite de copia privada, que justificaría una disminución de la cuantía de la correspondiente compensación equitativa, podría situar el límite y la compensación en unos niveles tan exiguos que los titulares no se vieran compensados adecuadamente del perjuicio efectivamente sufrido”.


Deja un comentario

Su dirección de email no será pública.


*