En un comunicado la FeSP se solidariza con los trabajadores de Unidad Editorial amenazados de despidos y rechaza la petición de cárcel para trabajadores de TV3 y ABC.
Tras su reunión del último fin de semana en Madrid, la Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ha divulgado hoy el siguiente comunicado:
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia que los empresarios de los medios de comunicación se apropian de los derechos de autoría de los periodistas -tanto los de plantilla como los autónomos y freelances-, mediante la introducción de cláusulas abusivas en los contratos. Amparándose en una legislación sobre la propiedad intelectual ambigua e insuficiente, cometen todo tipo de atropellos: utilizan un mismo trabajo en varios medios de un grupo empresarial pero pagan solo una vez, lo reutilizan cuando quieren sin un pago adicional, lo venden a terceros sin contraprestación para el autor o autora, lo difunden en publicaciones en papel y en internet aunque sean empresas distintas...
La UNESCO ha declarado el 23 abril Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, pero en esta conmemoración se ignora que los periodistas son los autores de sus obras y, como tales, todos sus derechos deben ser respetados. La FeSP se suma a la campaña mundial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) -a las que pertenece-, puesta en marcha para denunciar esos abusos, y reclama al Gobierno y al Parlamento que promuevan las reformas legales necesarias para evitarlos.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida en Madrid, expresa su solidaridad y apoyo a los trabajadores del Grupo Unidad Editorial -El Mundo, Marca, Expansión, Telva y otras publicaciones-, ante el expediente de despido colectivo que ha presentado la empresa para prescindir de 224 personas de las 1.514 que constituyen la plantilla, lo que conlleva el cierre de algunas delegaciones y revistas. Es el tercer ERE que padecen en los ocho últimos años, fruto no solo de la crisis económica sino también de una mala gestión de sus directivos, que no han sabido buscar soluciones eficaces y se limitan a seguir las órdenes de los propietarios, el grupo italiano RCS.
También muestra su sorpresa y rechazo ante la petición por la Fiscalía de penas de cárcel para un trabajador de TV3 y dos periodistas del diario ABC. Al primero le acusan de haber accedido en 2012 al correo electrónico de un directivo y difundir un documento con datos sobre un ERE, pero él lo niega. El fiscal solicita siete años de prisión por sendos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y el Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se ha sumado a esa petición. La FeSP se solidariza con los trabajadores y apoya las medidas de protesta que han convocado.
Para Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, de ABC, el fiscal pide sendas penas de dos años y seis meses de cárcel por un delito de revelación de secretos, porque publicaron el contenido de una conversación telefónica, incluida en un sumario, en la que un miembro de la mafia italiana comentaba a otro lo que había hablado con el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Estos periodistas cumplieron con su obligación profesional de publicar esa noticia de interés general; si existiera algún delito en este caso, lo habría cometido la persona que no custodió ese documento judicial o no guardó el obligado sigilo, no esos dos profesionales que hicieron correctamente su trabajo.
La Junta Ejecutiva de la FeSP, asimismo, manifiesta su rotundo rechazo a la directiva aprobada por el Parlamento Europeo sobre la protección de los secretos comerciales, porque es un serio peligro para la libertad de información, el periodismo de investigación y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz de interés general.
