Las responsabilidades de Alberto Fabra, por Vicente Garcia Nebot

Hacer enfadar a la
Justicia tiene consecuencias muy negativas para aquellos que se creen por
encima de todo. Sin embargo, cuando estas consecuencias afectan al interés
general ya es necesario pedir responsabilidades políticas de envergadura.

En la capital de la
Plana los diferentes alcaldes y concejales de urbanismo de los últimos años se
han posicionado, conscientemente y de forma reiterada, por encima de todos los
juzgados y tribunales. Y una vez tras otra se han estado carcajeando en
silencio de los diferentes autos y sentencias que repetían una y otra vez que
el PGOU de 1998 era radicalmente nulo.

En 2009, hace tres
años, el Tribunal Supremo, es decir la más alta magistratura de nuestro país
declaró nulo el PGOU de Castellón, y unos pocos le pedimos al Ayuntamiento de
Castellón que iniciara un procedimiento de revisión del planeamiento para
ajustarlo a las nuevas circunstancias que diez años después de su aprobación
era evidente que necesitaban de un cambio importante.

Les dijimos que era
necesario ajustar el caduco plan a la normativa estatal y autonómica en materia
de urbanismo. Que era necesario proponer a los castellonenses una ciudad para
el Siglo XXI y abandonar una ciudad 
construida a base de pegotes de intereses económicos de amigos y
conocidos. Que entre todos, los partidos políticos, los agentes sociales y la
ciudadanía en general, podíamos acometer el trabajo de elaborar un instrumento
en el que nos encontráramos todos  a
gusto, fácil de gestionar y económicamente sostenible.

Sin embargo, el hoy
President de la Generalitat y entonces Alcalde de Castellón y anteriormente
concejal responsable de urbanismo, optó por enfrentarse a la Justicia.  Sometió a información pública en 2009, con el
beneplácito, complicidad y  connivencia
de la Generalitat Valenciana, el mismo documento que en 1998 ya había expuesto
al público. Como si el tiempo no hubiese pasado. Como si durante una década no
hubiésemos cambiado todos, la ciudad, sus habitantes, las circunstancias económicas,
el ciclo económico en sí.

Hoy,  tres años perdidos después, el Tribunal
Supremo se siente engañado y al TSJ de la Comunidad  Valenciana le ha entrado la vergüenza  torera. Y ambos le han dicho, por activa y
por pasiva, que no caben más engaños a la ciudadanía y a la Justicia. Que hay
que redactar un PGOU nuevo, adecuado a las circunstancias físicas, jurídicas y
legales de la segunda década del Siglo XXI. Ya no vale disfrazar al plan de
1998 con tapas nuevas y someterlo a información pública otra vez. Y van tres.

A los
representantes de los promotores que, tan amargamente se quejaban de que el
último Auto del TSJ nos dejaba sin planeamiento, quisiera tranquilizarlos,
Todavía nos queda el extraño Régimen Transitorio que se ha sacado de la manga
la Generalitat dirigida por Alberto Fabra. Y mientras no lo impugne ningún
afectado por alguna licencia mal dada pueden estar tranquilos por cuatro años.

El problema es más
grave.  Si empezamos ahora la tramitación
de un nuevo PGOU, con su proceso de participación pública, su Documento de
Referencia  previo de la Generalitat
Valenciana, y su justificación  de
viabilidad económica, y su proceso de redacción, tenemos entre un lustro y una
década por delante. Y no exagero. Créanme.

Y ya no caben
trampas. No pueden engañar más a la Justicia. Por cierto, el
artículo 118 de la Constitución española establece, entre otras cosas, que es
obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y
tribunales, y el artículo 18.2 de la LOPJ dispone que las sentencias deben
ejecutarse “en sus propios términos”. Y nuestros dirigentes de Castellón no lo
han hecho. Lo dice el TSJ.

Hay que recordar,
pues, el artículo 404 de nuestro código Penal, para el cual la autoridad o
funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución
arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez
años. Y en el Ayuntamiento de 
Castellón  se tiene toda la pinta
de que se han dictado muchas resoluciones arbitrarias, a sabiendas.

Los hay que están
pidiendo ahora la dimisión de Miguel
Angel Mulet
, actual concejal de urbanismo. Otros, más atrevidos piden la
del Alcalde actual, Alfonso Bataller.
Todo ello sin darse cuenta que el autentico responsable de todo este
desatino  y del daño tan profundo que le
están causando a la ciudad es Alberto
Fabra.
Y es él el primer y último responsable político de esta situación y,
por lo tanto, el que debe dimitir inmediatamente.

Deja un comentario

Su dirección de email no será pública.


*