Hace unos días escuché el consejo que Francisco Granados, diputado popular en la Asamblea de Madrid, todo peluquería, gafas de diseño, acusado de "dejarse untar" por constructores y con amigos en la Gürtel, se permitió dar al padre de una niña enferma de asma, residente en Madarcos uno de los pueblos más pequeños y más alejados de la capital, con antecedentes de graves crisis y expuesta por tanto a volver a sufrirlas, que reclamaba en una carta que se mantuviera en servicio el helicóptero de emergencias que cubre la Sierra Norte de Madrid, la que peores infraestructuras tiene de toda la comunidad. La respuesta de Granados, que a mí, como a cualquier persona con sensibilidad, me heló la sangre, fue que los padres de una niña con ese problema deberían pensar en dejar de vivir en un pueblo tan pequeño y tan alejado de los hospitales y las universidades como Madarcos, que, lo quiera o no el señor Granados, es su pueblo.
Yo pensé que la respuesta de Granados era sólo la que cabía esperar de un personaje tan dudoso como él, salpicado en escándalos inmobiliarios y en el espionaje de compañeros de partido que se llevó a cabo siendo el responsable del área de Interior. Tan mal quedaba su figura que la propia Esperanza Aguirre, su gran valedora, le dejó caer de un gobierno en el que había llegado a ser el número tres. Pensé que eta cosa de Granados ese desprecio a quien no gasta rolex ni trajes y camisas a la moda, pero no, porque ese desapego se manifiesta también en otros compañeros.
Acaba de suceder en Castilla La Mancha, la comunidad que preside la política más cara y con más cara de toda la administración española, que, desde ayer se ha quedado sin atención médica continua y cercana en 21 zonas, al cerrar los centros que prestaban el servicio de urgencias desde las tres de la tarde a las ocho de la mañana del día siguiente a más de cien mil castellanos manchegos.
La decisión del cierre, que algunos han llegado a insinuar que tiene que ver con el color político del ayuntamiento en que se ubican, tiene que ver con el recorte presupuestario que ha reducido a casi la tercera parte la partida destinada al área de que dependen y obligará a que esos más de cien mil ciudadanos tengan que recorrer cerca de cincuenta kilómetros por malas carreteras para recibir la atención que precisen, eso, en el mejor de los casos, si no requieren hospitalización, porque, de requerirla, la distancia se agranda, a veces en dirección contraria, con lo que, por ejemplo, un vecino de Hiendelancina, Guadalajara, tendría que recorrer cuarenta kilómetros hasta el PAC de Atienza y, si precisase hospitalización otros ochenta kilómetros hasta Guadalajara, todos ellos, en invierno, por carreteras a veces con nieve y a veces heladas.
El argumento del gobierno de Cospedal es que los centros cerrados desde ayer eran poco utilizados y que, por lo tanto, no resultaban rentables. Volvemos a lo mismo de siempre ¿Por qué tiene que ser rentable la Sanidad? ¿Lo es acaso el Ejército? ¿Lo son los seguros? Claro que no. Pero es que no tienen por qué ser rentables todo el tiempo. Con una vida que hayan salvado en toso los años que llevan en funcionamiento, ya son de sobra rentables, Y han salvado muchas.
Está claro que los problemas de los ciudadanos no son los suyos y que lo que les pase no va con ellos, porque ellos siempre tendrán un hospital, una ambulancia o un helicóptero cerca y, si no, bastará una sola llamada para tenerlo. Son tan torpes que han tomado la medida en pleno invierno, cuando a media tarde la luz abandona los campos y los pueblos en los que también viven españoles y la sensación de soledad se hace mayor.
Definitivamente, no va con ellos.
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