La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal limita el derecho a la información, por @aprensamadrid

El informe de expertos para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Código Procesal Penal) que prevé el Gobierno introduce cambios en su articulado que limita abiertamente con el derecho a la información y a la libertad de expresión en opinión de los periodistas presentes en el Foro APM “El papel de los medios durante los procesos judiciales. Código Procesal Penal”, organizado el 28 de mayo por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). “Algunos artículos de la reforma limitan el derecho a la información”, aseguró Marisa Ciriza, vicepresidenta de la APM.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, encargado de inaugurar el Foro, destacó que la reforma que prepara el Gobierno pretende abordar un conflicto real que no puede eludirse. El texto quiere regular las situaciones en las que confluye el derecho a la información con los derechos a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, al honor, a la intimidad y a la imagen de los imputados.

Para Ruiz Gallardón, sería preocupante que la resolución final adoptada por los jueces o por un jurado popular se pudiese ver condicionada por los prejuicios de la opinión pública durante la fase de instrucción o en la celebración del juicio. Ruiz-Gallardón señaló que “los juicios paralelos son el punto neurálgico del debate y tenemos que tomar una decisión legislativa”. El ministro es consciente de que "es un tema espinoso donde lo políticamente correcto puede no casar necesariamente con las soluciones que necesita nuestra sociedad". Así, cree que “el buen periodismo no debe permitir decisiones prematuras ni tener prejuicios” en sus informaciones y señaló que sería preocupante que una decisión de un tribunal esté influenciada por un prejuicio que se haya formado en la opinión pública.

Durante su intervención, el ministro calificó el texto de “formidable” subrayando que el texto a debate no es el anteproyecto del Gobierno y que está abierto a cualquier modificación. El Ministerio de Justicia remitió el texto a los colectivos afectados, entre ellos los periodistas, para conocer su parecer antes de la redacción del anteproyecto.

En el texto propuesto por los expertos se introduce una limitación del secreto de sumario. Ruiz Gallardón explicó que, con esta medida, se prevé eliminar el vacío informativo de los largos secretos de sumario que dan lugar a la especulación y a juicios paralelos.

La opinión de los periodistas

Nemesio Rodríguez, vicesecretario de la APM, señaló que la Asociación está en total desacuerdo con todos los artículos referidos a las cuestiones periodísticas. El informe de expertos regula, entre otras situaciones, la publicidad de las actuaciones judiciales y establece lo que los medios pueden o no difundir durante la fase de investigación, así como la potestad del tribunal para acordar el cese de la difusión de las informaciones. De aprobarse el texto, el fiscal podrá requerir al encausado, testigos, peritos profesionales, o a cualquier tercero, abstenerse de revelar la información que se considere reservada. Además, el texto contempla que la difusión pública de la información reservada podría incurrir en responsabilidades penales.

María Peral, redactora jefa de Tribunales del diario “El Mundo” coincidió con Rodríguez, en calificar de “regresivo” el informe en tres puntos: la posibilidad de que el juez ordene el cese de la difusión de la información judicial; la “mordaza” que se les pone a los encausados, peritos, testigos…, y en el hecho de que, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, afirmó Peral, se amenaza con consecuencias penales en caso de que el requerimiento del juez no sea atendido por un medio de comunicación.

José Antonio Álvarez Gundín, subdirector de “La Razón”, calificó el informe de “restrictivo” y destacó que pone el foco en los periodistas y no en el funcionamiento de los tribunales. Gundín cree que “esta reforma está pensada para cercenar al mensajero, no para que los que tiene que hacer que se cumpla la ley”. En este sentido apuntó que “matar al mensajero era posible cuando solo había uno” pero que “con internet es imposible que un juez ponga vallas”. El subdirector de “La Razón” dijo que “es más eficaz poner el foco de control en el funcionamiento de jueces y tribunales”.

Por su parte, José Manuel Romero, subdirector de "El País", insistió en la idea de que “lo que hay que cuestionar es porqué los secretos de sumario se alargan tanto en el tiempo”. Por otra parte, Romero apuntó que “como excepción, podría aceptar el requerimiento de un juez si demuestra que una investigación se va a frustrar”. Así, dijo que con la ley actual “ya se pueden tomar medidas [judiciales] con informaciones más o menos desafortunadas”.

La opinión de los prelegisladores

Gabriela Bravo, portavoz del Consejo del Poder Judicial y una de las expertas que ha participado en el informe para la reforma del Código Procesal Penal, aseguró que “no es cierto” que la reforma de la ley confronte con el derecho a la información y a la libertad de expresión. Para Bravo, “el nuevo código procesal establece el principio general de la publicidad de las actuaciones judiciales y fija las excepciones”. En este sentido, dijo que aunque se trata de derechos fundamentales, ningún derecho es absoluto.

Sobre la regulación, que incorpora el nuevo texto, de la difusión y retransmisión de los juicios, Bravo señaló que “es muy importante que haya una regulación expresa porque así se van a evitar arbitrariedades”. La portavoz del Consejo del Poder Judicial insistió en que el requerimiento del cese de informaciones será excepcional y previa ponderación de derechos. Bravo cree que es importante que prevalezca el derecho a la información pero “en aras a este, no pueden sacrificarse otros intereses como la presunción de inocencia o la tutela judicial efectiva que se pueden ver afectados”. Lo que se intenta, según la portavoz, es “no dar lugar a esos juicios paralelos que a veces condenan anticipadamente”.

Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal y experto participante también en el Informe del Código Procesal Penal, calificó el texto de “corto, ambiguo y algo tímido”. El catedrático cree que “no son juicios paralelos, sino secantes”. En este sentido apuntó que el juez no solo se somete a la ley sino también a la presión de los medios y que “de forma inconsciente o consciente este no es independiente ni imparcial”.

Rafael de Mendizábal Allende, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, dijo no creer en el secreto de sumario. Para De Mendizábal, “lo que no se puede hacer es culpabilizar al periodista”. Señaló que, según sus años de experiencia, “el secreto lo rompen los jueces o los fiscales” y estos son “los que deben ser castigados”.

Al magistrado emérito le preocupa la “excesiva publicidad” de los juicios porque cada vez “es mayor la presión de los medios”. Esta presión, continuó diciendo, “un día puede llevarse por delante la justicia”.

Luis Martí Mingarro, miembro de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE y exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es partidario de ver cada proceso judicial de forma individual velando también por el derecho a un juicio con todas las garantías. Martí señaló que “la justicia impartida sin la publicidad ya no es justicia” y que, por tanto, “el periodista es el profesional que debe vertebrar esa publicidad judicial”. Para el exdecano, el derecho a la tutela judicial efectiva no es víctima de la publicidad sino de los defectos de nuestro sistema.

FOTOGRAFÍAS DE MIGUEL ÁNGEL BENEDICTO/APM

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