La prueba de las amenazas del Gobierno a la libertad de información, por @FeSPeriodistas

Amnistia Internacional difunde un video que muestra la brutalidad policial para limitar el trabajo de los periodistas, especialmente los fotógrafos, y lo que ello conlleva de vulneración de un derecho ciudadano tan básico como es el de prensa

 Grabar abusos policiales es tan arriesgado que a parte de ser objeto de agresiones por parte de los agentes antidisturbios puede costar una multa de hasta 30.000 euros. Esto será así si la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que promueve el ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz, prospera en su actual redactado. Coincidiendo con el inicio del trabajo en comisión en el Congreso de los Diputados, Amnistía Internacional (AI) ha iniciado una campaña con el título #derechoaprotestar donde considera que los parlamentarios «deben proteger el derecho de reunión, expresión e información y exigir cambios en el Proyecto de Ley». Con este motivo ha hecho llegar a todos ellos un vídeo en el que demuestra como está en peligro el derecho a la información en España y por este motivo insta a los diputados a modificar el texto actualmente en discusión.

El vídeo recoge una serie de imágenes en las que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado golpean, insultan e impiden las grabaciones de periodistas que están desarrollando su actividad profesional durante diferentes manifestaciones. Amnistía Internacional explica en el escrito donde se informa de la campaña que la organización «lleva años documentando abusos policiales por parte de los agentes antidisturbios en las protestas. Si se aprueba el artículo 36.26, que sanciona el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto el derecho de información como otros derechos humanos estarían peligrando», ha asegurado Esteban Beltrán, director de AI España. «Grabar este tipo de imágenes podría ser sancionado hasta con 30.000 euros de multa», ha añadido Beltrán.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ya ha expresado en más de una ocasión su rechazo a las nuevas disposiciones que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno español incluye. La FeSP siempre ha defendido que el derecho a la información de la ciudadanía debe ser una de las máximas prioridades en una sociedad verdaderamente democrática y que todo aquello que se encamine a cercenarla es un camino que nunca debe tomarse.

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