LA PEOR DE LAS SOSPECHAS, por Javier Astasio


No puede haber en democracia peor sospecha que la de que uno de los pilares de Estado de Derecho, el de la Justicia igual para todos e independiente no es tal y, por desgracia, esa sospecha acaba de instalarse en la conciencia de quienes creemos en la división de poderes que hace fuerte al Estado y a los ciudadanos. Una situación y una alarma que, salvadas las distancias, evoca los tiempos oscuros en los que, en Italia, se persiguió hasta su muerte en atentado a los jueces Falcone y Borsalino por haber osado llevado ante la ley a los capos de la Mafia.
Ayer, como otros muchos, me fui a la cama con la noticia de que el Fiscal General del Estado, el que fuera magistrado del Supremos, tribunal en  el que se significó por su animadversión contra el ex juez Baltasar Garzón, cuya inhabilitación por su instrucción de los crímenes del franquismo defendió ante la sala que finalmente acabó con su carrera, había emprendido una cruzada contra todos esos fiscales que se habían significado en la persecución de los delitos de corrupción, especialmente contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, toda una figura de prestigio internacional por su trabajo contra el terrorismo yihadista y de ETA y, ahora, contra la corrupción, y, con él,  el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que había tenido la osadía de dar su visto bueno a la investigación del caso Auditorio, en la que se acaba de llamar a declarar ante el juez a Pedro Antonio Sánchez, presidente por el Partido Popular de Murcia.
Resulta evidente que hasta ahora la corrupción no había pasado factura al partido responsable, gracias a la aviesa Ley del Suelo aprobada en los tiempos de Aznar en el Gobierno, de los mayores desmanes urbanísticos. Quizá por ello no se había hecho necesaria la demostración de fuerza que ha exhibido el fiscal general contra sus subordinados más significados en el progresismo. Tan evidente como que no son casuales los repetidos robos, con allanamiento incluido, que ha sufrido en los últimos meses el más inmediato colaborador del fiscal, robos en los que ha desaparecido su ordenador portátil y nada más, a pesar de que en el domicilio había dinero y objetos de valor. Algo que puede interpretarse como un intento de hacerse con el material investigado o, salvando también las distancias, como un aviso, similar a aquella cabeza de pura sangre que los Corleone dejan en la cama del productor que se negaba a contratar al protegido de la "familia".
Ojalá sean sólo sospechas y tanto el fiscal general José Manuel Maza como el ministro de Justicia Rafael Catalá puedan dar una explicación coherente y tranquilizadora a lo que está ocurriendo, porque lo anterior, sumado a la vergonzante injerencia del ministro, "vapuleando" a las fiscales que investigaron al presidente Sánchez y manejando en público información y opiniones que deberían ser discretas, sumado a las presiones directa que están sufriendo el cesado Manuel López Bernal y sus familiares, resucitando contra ellos asuntos, como la tala de árboles, presuntamente protegidos, en su finca, ocurrida hace treinta y tantos años y, supongo que rebuscando en su basura, sus armarios y sus cajones.
Presiones y acosos que, pese a haber sido denunciadas ante la Fiscalía General y la Delegación del Gobierno no han sido investigadas, tal y como daba a entender el fiscal Bernal en la sobrecogedora entrevista que daba esta mañana a Pepa Bueno en la Cadena SER, no han sido investigadas ni, mucho menos, corregidas, De momento y, tras la emisión de la entrevista, el grupo socialista en el Congreso ha solicitado la comparecencia inmediata ante el Parlamento de los ministros de Justicia e Interior, del Fiscal general del Estado y del propio cesado y acosado fiscal Bernal.
Sólo espero que las comparecencias solicitadas por Antonio Hernando sirvan para algo más que para que unos y otros se tiren los trastos a la cabeza y que, de ellas o de sus consecuencias, salga el firme propósito de reforzar y proteger a quienes, desde sus puestos de trabajo, llevan a cabo tan importante labor de protección de nuestros derechos y bienes.
Únicamente dejando trabajar a los fiscales y reponiendo a los cesados sin que sobre ellos o su labor puedan hacerse reproches, disiparían la esta terrible sospecha, la peor de las sospechas, de que se les ha presionado y se les cesa por haber molestado al PP que, ahora sí, está sufriendo las consecuencias de su corrupción de años. Demasiadas molestias para salvar el culo de quien, como Pedro Antonio Sánchez, dice no haber cometido ningún deluto.

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