La España que no existe, por @CarlosPenedoC


  • Mayoría política y ciudadana a favor de la reforma de la Constitución
  • Gobierno y PP se encastillan en la letra de la Carta Magna
  • Estructura territorial y Estado del bienestar, principales carencias del texto de 1978


Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado: "lo que está en la Constitución está en la Constitución y lo que no está no existe en la vida política y social de España". Traducción: lo que no se encuentre en el texto escrito en 1978 ni se puede hablar en la España de 2014. No comparten la opinión respetados constitucionalistas, la mayor parte de los grupos políticos e incluso la sociedad española, todos partidarios de su reforma.
El Roto en El País, 16-6-2014.
La evidente exageración del fiscal general a principios de junio para evitar el debate sobre monarquía o república refleja el enquistamiento del Partido Popular y del Gobierno en la Constitución de 1978, inmutable por la falta actual de consenso ante la negativa de quien tiene la llave para que no lo haya, el propio Partido Popular.
En un plano anecdótico, dentro de esa única España que existe y que se fijó en piedra en 1978 encontramos la preferencia del varón sobre la mujer –ley sálica- o la pena de muerte –figura en la Constitución en caso de guerra, aunque fue posteriormente abolida en otros textos legales-, no aparece por ningún sitio ni las 17 Comunidades Autónomas ni la Unión Europea hoy omnipresente; y corresponde al rey “declarar la guerra y hacer la paz”.
Con más calado, desde círculos políticos y constitucionales se apunta hacia dos reformas necesarias: repensar el modelo territorial que la Constitución apenas esbozó, hacia un escenario federal; y blindar el Estado social para ponerlo a salvo de crisis y Gobiernos que lo amenacen.
Ante la reciente proclamación del rey Felipe VI y los llamamientos a que lidere o impulse la regeneración política del país, la misma Constitución dice en su artículo 56 que “la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados”, que aclara el artículo 64, “los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes”.
El rey es por tanto constitucionalmente irresponsable y no puede ni abdicar sin el refrendo del Parlamento. Por tanto, hacer responsable al rey Felipe de la estabilidad nacional, de la resolución del contencioso soberanista en Cataluña o cualquier otro, es exagerar su función simbólica, de representación o arbitraje, crear expectativas de imposible cumplimiento. Mirando al pasado, la función política del rey ha sido posible con la complicidad absoluta del Gobierno de turno, sucedió con Adolfo Suárez y con Felipe González de presidentes.
La reciente sucesión en la Corona ha puesto en primera línea del debate político el modelo de Estado, la propia Constitución y, de fondo e ignorado por los principales responsables del Estado, la demanda ciudadana de una mayor participación política.
En el pleno del Congreso del pasado 11 de junio convocado para debatir la Ley orgánica de abdicación del rey Juan Carlos los grupos políticos dejaron clara su posición:
  • Alfredo Pérez Rubalcaba, Partido Socialista: “España sufre tres crisis simultáneas, una social, otra política, cuya principal expresión es la desconfianza hacia las instituciones, y una crisis territorial, tres crisis que exigen cambios, entre otros, cambios constitucionales que exigen no un nuevo proceso constituyente sino una reforma constitucional; reformas con consenso, pero reformas al fin y al cabo, para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos, para cambiar nuestro sistema electoral; reformas que tienen que recoger en nuestra Constitución los avances sociales que en estas décadas se han producido y consolidarlos; reformas, en fin, para abordar nuestros problemas territoriales, el funcionamiento de nuestro Estado autonómico y hacerlo en una dirección federal. Son reformas que en estos momentos consideramos inaplazables e imprescindibles”.
  • Josep Antoni Duran i Lleida: “El pacto constituyente —sigo palabras de Miquel Roca— está finiquitado; palabras de un ponente constitucional, no simplemente del portavoz de Convergència i Unió hoy en esta sesión. Toca oír lo que piensa el pueblo de Cataluña, y ustedes en lugar de eso buscan simplemente la adhesión a un nuevo pacto, la adhesión a una nueva Transición”.
  • Cayo Lara, Izquierda Plural: “Se ha agotado un modelo que ustedes, los banqueros y los grandes empresarios quieren perpetuar con la apariencia de cambiar todo para que nada cambie (…). Los derechos pactados en la Transición, incorporados en la Carta Magna, se violan masivamente un día sí y otro también (…). Eso sí, cuando se trata de reformar la Constitución, tan sagrada para unas cosas, no hay ningún problema en hacerlo en dos tardes para asegurar a los bancos y a los mercados que no se preocupen, que tendrán su dinero pase lo que pase”.
  • Aitor Esteban Bravo, PNV: “Hacemos un llamamiento expreso a la apertura de un proceso de reforma constitucional; una reforma que, más o menos enunciada, está en el discurso y agenda de la mayoría de los grupos políticos; una reforma pendiente y necesaria a la que a todas las instituciones —también a la monarquía— les compete dar impulso”.
  • Pablo Iglesias, Podemos: la estrella política emergente, que evidentemente no participó en el pleno del día 11, tomó posesión dos días después como eurodiputado, momento en el que dijo que “acataba la Constitución hasta que los ciudadanos la cambien para recuperar sus derechos sociales. Eso es lo que toca ahora, trabajar para abrir un proceso constituyente que devuelva la palabra al pueblo".
En el campo de los especialistas, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Fernández opina, en contra de mucho texto publicado en las últimas semanas, que la Corona está bastante bien regulada en la Constitución y que incluso el proceso de abdicación y proclamación de nuevo rey se ha hecho correctamente, siendo innecesaria una ley reguladora de la abdicación que ha sido reclamada desde diversos ámbitos. En este apartado sobre la Corona, que aparece en el Título II, sólo señala la necesaria eliminación de la preferencia del varón a la mujer en la sucesión al trono.
Este constitucionalista apunta hacia dos reformas de calado: un nuevo marco territorial y asegurar el Estado social.
En relación con el primer punto se sitúa la reforma del Senado sobre la que se viene hablando décadas sin avance alguno, aunque el catedrático defiende una reforma en profundidad del Título VIII, “De la organización territorial del Estado”, que considera con escaso contenido y prácticamente agotado.
Igual o mayor énfasis concede García Fernández a que es imprescindible replantearse el contenido social de la Constitución como respuesta al ataque que viene sufriendo en los últimos años. Se muestra de este modo partidario de convertir en derechos los que la Constitución considera en su Título I como “principios rectores de la política social y económica”. Esos artículos hacen referencia a la protección social (artículos 39 y 40), a que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo” (artículo 41), a que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. El catedrático considera necesario reforzar como derechos en la Constitución lo que hoy son declaración de intenciones.
En relación con las encuestas, ya en 2009 el CIS realizó un estudio entre 580 parlamentarios –Congreso, Senado y asambleas autonómicas- con el significativo resultado de que el 81,1% de los consultados creía necesaria una reforma de la Constitución, y se mencionaba concretamente como asuntos prioritarios la organización territorial, la preferencia del varón en la sucesión al trono, el Senado, la Corona-Monarquía, la ley electoral y más derechos civiles de la ciudadanía (sociales, vivienda, participación, voto).
Más recientemente, en noviembre de 2012 el CIS preguntó en su Barómetro por la Constitución, en el que la mayoría de los encuestados (51,5%) se declaraba poco o nada satisfecho con la Constitución y un 67,5% se mostraba poco o nada satisfecho sobre el funcionamiento de la democracia en España.
Como indicador de la actual opinión del ciudadano sobre la organización territorial del Estado puede servir el último barómetro conocido del CIS, correspondiente al mes de mayo, donde una minoría del 31% de los españoles está de acuerdo con el actual Estado autonómico, mientras un 34% se muestra partidario de reducirlo hacia un mayor centralismo (un 20% defiende un Estado sin Comunidades Autónomas); y en el polo opuesto, el 22% de los encuestados defiende mayor autonomía y hasta la posibilidad de independencia.
Desde 1978 la Constitución se ha reformado en dos ocasiones, una en 1992 para introducir el sufragio pasivo de los ciudadanos comunitarios (que los extranjeros comunitarios se puedan presentar como candidatos en elecciones municipales) y la polémica reforma de agosto de 2011 del artículo 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Es interesante recordar también que en 2006 el Consejo de Estado elaboró, a petición del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, un informe sobre la reforma de la Constitución centrado en cuatro puntos: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la inclusión en la Constitución del proceso de construcción europea, la referencia de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. El planteamiento es criticado por poco ambicioso y el resultado fue calificado como mero ejercicio académico, que no tuvo grandes repercusiones políticas.
El expresidente del Gobierno Felipe González señalaba el pasado mes de mayo en un acto público que las distintas Constituciones en los últimos dos siglos de la historia de España se han agotado en sí mismas sin reforma, lo que siempre abría al final de cada proceso un proyecto constituyente.


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