Jueces y jueces, por Javier Astasio


Resulta inquietante -al menos a mí me resulta inquietante- que las imágenes de la ilustre señora juez doña Mercedes Alaya, camino de su juzgado, a las que ya nos tienen acostumbrados periódicos y telediarios puedan llegar a  servir para marcar el paso de las estaciones en Sevilla que, salvo su infierno veraniego, vive en una eterna primavera. Algo que confirma la teoría de Guillermo Cabrera Infante, según la cual, una mujer, para ser elegante, necesita, al menos, de dos estaciones. Pero más inquietante resulta aún comprobar que cada recorrido bajo los flashes de la juez que se corresponde con alguna de sus diligencias, se corresponde a su vez con algún hito en la vida del Partido Popular.
La verdad es que resulta chocante que una mujer tan sobria y tan discreta en el vestir gaste de diligencias tan estridentes, porque no cabe duda de que pedir a la ex consejera de Economía de la Junta de Andalucía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez casi treinta millones de fianza civil como poco menos que autora intelectual del fraude de los ERE resulta tan llamativo como para que, desde hace casi cuarenta y ocho horas en este país no se hable de otra cosa. Más aún, cuando de lo que se acusa a la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones es de haber diseñado desde su cargo en la Junta de Andalucía el reglamento, posteriormente aprobado por el Parlamento Andaluz, que, según la juez, permitió el fraude que investiga.
No cabe duda que la nueva vía abierta por la juez, de ser bienintencionada y no tiene por qué no serlo, nos conduciría ante un paradójico escenario, en el que los ministros y diputados o senadores, como legisladores que son, deberían asumir las responsabilidades derivadas de cualquier ley, decreto o reglamento que se viole para delinquir, Por ejemplo, como ayer apuntaba Iñaki Gabilondo, el Código de la Circulación. Está claro que, de extenderse la iniciativa de la señora Alaya, no quedaría un sólo político sin procesar ni ninguno de sus sueldos por embargar.
Pero, si resulta chocante la medida tomada por la instructora contra la señora Álvarez, más chocante resulta que lo haga contra una persona cuyo procesamiento fue ya revocado por instancias superiores y está aún pendiente de un nuevo recurso. Nos ería más prudente, me pregunto, que la juez esperase a que dicho se resuelva para dar ese triple salto mortal que ha dado. No sería mejor, vuelvo a preguntarme, que todas estas medidas y otras parecidas, sean revisadas por instancias superiores antes de ver la luz y hacerse, y con razón, con todos los titulares.
El caso es que el daño ya está hecho, porque en la cabeza de los ciudadanos de a pie, también con razón, no cabe que alguien pueda tomar una medida tan drástica sin la prudencia que se espera de alguien que tiene como cometido decidir sobre vidas y haciendas ajenas. Por eso, aunque ahora se vuelva a revocar el procesamiento de la ex ministra, habrá quienes crean que, por el río de Magdalena Álvarez, corría agua de los eres fraudulentos.
Qué distinto el caso de Mercedes Alaya del del Juez Elpidio José Silva, pasado por la trituradora mediática y judicial por haber osado mandar a la cárcel por dos veces al amigo de José María Aznar que se apropió mediante engaños de los ahorros de cientos de miles de jubilados para jugárselos en la jungla de los bonos basura en un intento nada desesperado de tapar el agujero de su gestión en Cajamadrid, como los malos alcaldes tapan los baches, con arena. Está claro que los jueces en la soledad de sus despachos o, ahora, frente al portátil, en sus casas, toman decisiones que pueden ser prudentes o escandalosas, acertadas o erróneas. Lo que no está tan claro es que dichas decisiones se vayan a encontrar con la objetividad de sus superiores ni mucho menos con la de la prensa.
Hay demasiados cadáveres de jueces en la cuneta de los medios y demasiados jueces en sus altares para pensar otra cosa. Está claro que, para el poder, hay jueces y jueces. 



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