Inseguridad ciudadana, por Javier Astasio


Cuánto daría a cambio de que Jorge Fernández Díaz, como su hasta hace una semana compañero de consejo de ministros, encontrase una novia, en París o donde fuese, que le metiese prisa para dejar el gobierno y, de paso, con su marcha dejar tranquilos a os españoles. Cuánto daría porque este místico insensible a nada que no sean sus vírgenes condecoradas y sus confesores desapareciese de nuestras vidas, devolviéndonos la tranquilidad, los derechos y la seguridad jurídica que, como ciudadanos que somos de un país civilizado y democrático, merecemos.
Hablo de seguridad jurídica, porque, desde hoy, lo lógico ha dejado de serlo, porque los que creemos en las manifestaciones pacíficas, los que creemos en la no violencia y la resistencia pasiva podemos ser identificados, detenidos y multados con miles de euros sin que un juez, garantía para impedir los abusos del poder, tenga conocimiento del procedimiento, del que, al prohibir la toma de imágenes, se habrán borrado, además, todas las pruebas,
Desde hoy, el ministro del Interior puede imponer multas de hasta seiscientos mil euros a todo aquel que ose manifestarse contra cualquier cosa que haga el Gobierno si a este no le parece bien que lo haga o como lo haga. Desde hoy, un ciudadano que participe en una sentada, por muy pacífica que sea, contra los abusos de Blesa, Rato y sus colegas a su paso por Bankia puede salir peor parado que ellos si cae en las garras del ministro.
Desde hoy, las manifestaciones, a favor y en contra de Tsipras, que están teniendo lugar en la Plaza Sintagma de Atenas, serían ilegales aquí. Desde hoy, las habituales concentraciones contra gobiernos tan impopulares y arbitrarios como el madrileño podrán ser declaradas ilegales y los participantes en ellas, desalojados, identificados y detenidos o multados. 
Lo malo es que al ciudadano, salvo que tenga tiempo y dinero para defenderse en los tribunales, de aquí o en Estrasburgo o La Haya, no le van a quedar instrumentos de defensa a la mano, porque estoy seguro de que la Policía va a cambiar de táctica, cambiando las detenciones por las multas y los palos que ella misma administrará, todo sin testigos, porque a cualquiera que ose tomar imágenes de cualquier abuso policial y, peor aún, las difunda, le va a caer encima todo el peso de la Ley, injusta ley, de Seguridad Ciudadana.
Nos quedan apenas unos meses de padecer ese mamotreto del ministro Fernández, que parece más bien inspirada en cualquier compendio de leyes franquistas y que, en alguno de sus aspectos, llega a superar. Nos quedan poco más que unos meses de vivir sumergidos, otra vez, en las tinieblas de la dictadura, de la que parece surgido este nefasto ministro que vive encapsulado y cautivo entre su despacho y las charlas de sus consejeros espirituales, los mismos que "guardan" esa ofensa levantada en cemento y piedra, que, para las víctimas del bando legítimo en la Guerra Civil, es el mal llamado Valle de los Caídos.
Una ley, ésta, peor que las franquistas, porque trata de combatir, como quien combate las moscas a cañonazos, todos los medios que las nuevas tecnologías ponen al servicio de la información y de la comunicación, como querer poner puertas al campo de la libertad, sin darse cuenta de que los tiempos de Franco, en los que el joven Fernández Díaz debió ser feliz, ya han pasado.
Quedan apenas unos meses para convencernos y convencer a quienes tenemos cerca de que no hay que prolongar ni un minuto más allá de las próximas elecciones este poder absoluto y arbitrario que, hace cuatro años, pusimos en manos del PP. Desde entonces, nos han "regalado” leyes imposibles, salidas del delirio autoritario de algunos de sus ministros que, como Gallardón, como Wert, han salido por la puerta falsa de la Historia, sin que sus leyes hayan siquiera entrado en vigor. Este, el ministro de la porra, quiere pasar a ella por habernos devuelto al franquismo, cuarenta años atrás,
Con esta que llama Ley de Seguridad Ciudadana y que acaba de entrar en vigor, los ciudadanos nos sentimos más inseguros, porque hemos perdido derechos y porque viviremos bajo el chantaje de tener que hacer frente a unas multas imposibles si queremos defendernos de las arbitrariedades de quienes nos gobiernan. Con esta ley, pese a lo que diga el ministro y sus amigos, no se protege al ciudadano sino que es el Gobierno el que se protege de los ciudadanos.


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