La FAPE recuerda el derecho constitucional “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y, en caso de que esto no se produzca, se rige por la autorregulación de la profesión, a través de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología, y por la legislación vigente.
En definitiva, los periodistas no estamos exentos de la ley y estamos obligados a respetar los derechos de los demás, sobre todo los relacionados con el respeto al honor, la intimidad, la propia imagen y la presunción de inocencia. También reconocemos nuestra obligación a difundir informaciones veraces, verificadas y diligentemente contrastadas, y debemos dar oportunidad a quien esté afectado por una información a que dé su versión de los hechos. Y, por supuesto, respetar y cumplir su derecho de rectificación.
Hay que subrayar que cada vez que los Gobiernos tratan de regular la libertad de expresión es para limitarla, recordando que la UE renunció a legislar sobre las “fake news” precisamente por el riesgo de limitar la libertad de expresión. Las “fake news” se combaten con periodismo que se ciña a los códigos éticos y con planes de educación escolar. De ahí que la FAPE haya propuesto que se imparta una asignatura de Periodismo en la ESO con dicho propósito educativo.
