España teleoperada, por Javier Astasio

 

Pido perdón de antemano a quienes puedan sentirse ofendidos por ello, pero tengo la sensación de que para la derecha España es una especie de empresa, de sociedad anónima, de cuyo consejo de administración forman parta cada cierto tiempo para gestionarla como tal, como una empresa, pensando en balances y beneficios y poco o nada en los ciudadanos que, al final, somos quienes realmente configuran el Estado.

Convencidos de ello, tratan de administrar el país como han venido administrando las fincas y las empresas de papá, recortando gastos y despidiendo al personal superfluo y, en su opinión, costoso e innecesario. Raro es que, hasta el momento, no hayan caído en la cuenta de que los ministerios y cualquier otra administración pueden, si es que ya no lo están, dejarse en manos de teleoperadores estratégicamente situados en países donde los salarios son más bajos que en España.

Hoy me ha parecido escuchar que la nueva Ley de Régimen Local, la misma que, al igual que ocurrió la semana pasada con la maldita ley Wert, el gobierno se propone aprobar en solitario y me extraña que, salvo honrosas excepciones, las calles de toda España no se vean salpicadas por las protestas y manifestaciones que merecen el alejamiento, cuando no la desaparición, de ventanillas y servicios de los ayuntamientos, ventanillas y servicios que se trasladarán a las capitales o a municipios  más grandes.

No me extraña que a la derecha, y por desgracia no sólo a la derecha, ahora que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria les priva de la suculenta fuente de ingresos de las recalificaciones, les convenga que los ayuntamientos se alejen lo más posible de los ciudadanos y, de paso, vaciarlos de contenido, porque de alguna manera intuyen que cualquier cambio que se produzca en el mapa político español surgirá, al igual que en la Transición, desde el ámbito de la política municipal.

No deben gustarles a quienes desde hace años se dedican profesionalmente a gestionar el país los resultados de las últimas elecciones municipales en Portugal, donde los partidos "tradicionales" se han visto, otra vez salvo honrosas excepciones, superados claramente por independientes surgidos del descontento por los recortes y el empobrecimiento por las medidas anti crisis del gobierno de Passos Coelho. Aunque otros resultados, los de ayer en Francia, les vendrán muy bien para agitar el fantasma del populismo ultra y devolver asó a las ovejas del descontento a los rebaños del orden.

Pero, al margen de este interés en desactivar cualquier renovación de la política en España, que, pese a que no seamos conscientes de ello, a todos nos perjudica, lo grave de esta nueva ley es que alejará de los ciudadanos, especialmente de los más desprotegidos, ancianos aislados en pueblos pequeños o vecinos que, por falta de recursos o de habilidades técnicas carezcan de acceso a las redes, la solución a sus problemas.

No conozco en profundidad la nueva ley, pero todos los comentarios a la misma que escucho o leo van en el mismo sentido y me recuerdan a esas empresas, especialmente las del sector bancario que, una vez captados los clientes cierra sus sucursales, obligando a hacer grandes desplazamientos para cualquier gestión que, antes, se resolvía en la plaza del pueblo. La banca ya lo está haciendo y, si esta ley entra en vigor sin correcciones importantes, España pasará de ser un país a ser, España S.A., una empresa fría y teleoperada.

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