España debe indemnizar a la familia de José Couso, por @FeSPeriodistas

josé couso

La Audiencia Nacional fija una compensación de 182.000€ porque entiende que hubo "omisión de protección diplomática" ante su asesinato en Bagdad.

La Audiencia Nacional ha establecido que el Estado español debe indemnizar a la mujer y los dos hijos del cámara José Couso con 182.000 euros en virtud que considera que España ha incurrido en "omisión de protección diplomática" en el caso del asesinato del periodista en Bagfdad en 2003 cometido por tropas estadounidenses.

El digital “diario.es” informa que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal ha considerado que “las circunstancias del caso hacían exigible que el estado desenvolviera su actividad diplomática en favor de los perjudicados por el fallecimiento del señor Couso. ‘Sin embargo, la Administración General del Estado se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de los Estados Unidos en el sentido de que el ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento del señor Couso fue un lamentable accidente’.

El Tribunal hace constar que no hubo ninguna gestión por parte de la Administración General del Estado. ‘No consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque (sobre la que se lamenta la ya citada sentencia del TS de la Sala Segunda) sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable. Y ello pese a las muy numerosas peticiones que al respecto se formularon por diversos grupos parlamentarios, según consta en el expediente administrativo’.

José Couso falleció víctima de un ataque contra el hotel en el que, como conocían los ejércitos invasores de Irak, se alojaban los periodistas internacionales que contaban al mundo lo que estaba ocurriendo. El Gobierno de José María Aznar había decidido que España participara en la coalición internacional para la invasión y derrocamiento de Sadam Hussein.”

Por último el medio señala: “la sentencia resalta que, además del derecho de la recurrente, estaba en juego la libertad de información como valor objetivo del ordenamiento jurídico y como medio para la formación de la opinión pública libre. De manera que el derecho a la indemnidad por su ejercicio obligaba también al Estado a dispensar la protección diplomática”.

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