Hubo un tiempo en que algunas zonas de Madrid, el barrio de Salamanca, fundamentalmente, estaban cerradas a la libre circulación de los ciudadanos. Fue durante los primeros años de la transición y, con absoluta pasividad por parte de la Policía, cuando no con plena connivencia, nadie podía cruzar las fronteras imaginarias trazadas por grupos de jóvenes y mayores, uniformados o no, que, al grito de ¡Viva Cristo Rey!, podían abrirte la cabeza sin más o después de poner a prueba tus conocimientos de algún que otro himno fascista o la propia dignidad del interceptado.
Resultaba indignante. Todo un barrio, uno de los más hermosos y tranquilos de la capital, acostado en el Retiro, en manos de esos energúmenos. Tan indignante que algunos, con el tiempo, hemos acabado excluyéndolo en nuestra guía sentimental de la ciudad y sólo ahora que aquellos animales han dejado de patrullar sus calles y bares, para irse a vivir con papá y mamá a los alrededores de la carretera de la Coruña, me dejo ver por allí, especialmente cuando en el Retiro hay Feria del Libro.
Agua pasada y recuerdos de lo que ocurría hace más de treinta años. Pero no tan pasada. Porque, ayer, cuando supe de la orden del Ministerio del Interior que establece un límite de seguridad, se habló de trescientos metros a la redonda, en torno a los domicilios de quienes, políticos y banqueros, están siendo objeto de escraches por parte de quienes piensan que unos y otros son responsables, por acción u omisión, de tantos desahucios, ya de por sí duros, que, en ocasiones, han desembocado en verdaderas tragedias humanas, con niños, ancianos y enfermos arrojados a la "puta" calle y víctimas mortales, colgados en la casa que les iban a quitar o destrozados a los pies de la misma en patios y calles.
Interior no quiere que se perturbe la vida de esos ciudadanos especiales, tan especiales que pareciera que de dejasen extirpar el corazón a cambio de su acta de diputado o senador, para no tener que conmoverse ante las consecuencias de una legislación que a ellos jamás les va a afectar pero que, a centenares de miles de ciudadanos, les ha arruinado ya y para siempre la vida. Por eso ha dado orden de establecer esos círculos de seguridad en torno a ellos, trescientos metros, una plaza de la Cibeles alrededor a cada uno de ellos. Multipliquen las dimensiones de esa glorieta de Cibeles por trescientos cincuenta diputados y doscientos sesenta y cinco senadores, olvidémonos por ahora de banqueros y similares y tendremos una superficie inabarcable, superaría con creces el casco urbano de Madrid y obligaría a desplegar miles de policías para controlarla.
Todo, porque a unos y otros no les gusta verse en el espejo. Ven el país a través de los papeles que les pasa el partido y deciden sobre él con el cerebro limitado a los tres dedos del compañero de grupo que "ordena" el sentido de su voto. Ellos se resignan a tan castrante actividad porque comen, duermen viajan y cobran a costa de nuestros impuestos y porque, además, hacen carrera, una carrera que a saber hasta dónde les llevará.
Por eso no entienden que la gente no quiera seguir resignándose, como ha hecho hasta ahora, a votar, o no votar, cada cuatro años y perder entre elección y elección cualquier posibilidad de controlar lo que hacen sus representantes. Se quejan de los escraches después de haberle hecho una pedorreta a la pacífica y constructiva iniciativa de quienes ahora rodean sus domicilios, que presentaron la iniciativa legislativa más respaldada de los treinta y cinco años de Constitución. Como siempre, la única solución que se les ocurres, excepción hecha del decreto sobre la Función Social de la Vivienda, recién publicado por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, es la policial.
Buscan para ello razones en los mismos derechos humanos a los que los escracheados se empeñan en dar la espalda. Derechos como la inviolabilidad del domicilio -inviolabilidad del barrio a ojos del Ministerio del Interior- o la protección de la infancia -qué poco se acuerdan de los hijos de los que son desahuciados- a la que hay que evitar el sufrimiento de ver señalados a sus padres.
Para acabar, dos ejemplos sobre esto último: el de Felipe González ha criticado los escraches por el daño que puedan causar a los hijos de los señalados, sin que yo tenga constancia de que tan bien pagado asesor del hombre más rico del mundo haya dicho otro tanto de los hijos de los desahuciados, y el del ex diputado popular canario Sigfrid Soria, que ha amenazado con "arrancar la cabeza a cualquier perroflauta" que se atreviera a acosarle, intimidarle o agredirle -no especifica en cuál de los tres casos usará la violencia- se llevará una hostia por su parte.
En fin, lo que decía al principio, corregida y aumentada, vuelve la "Zona Nacional".
...
Los detractores, agrupados en la plataforma No al TTIP/CETA, señalan que el pacto concede más poder a las multinacionales (muchas de ellas filiales estadounidenses), favorece la privatización de servicios públicos y significa un paso atrás en los derechos sociales y ambientales.
