El dinero del PP, por Javier Astasio

 
 
No pasa un día sin que nos enteremos de algún nuevo chanchullo en torno a las cuentas del partido que gobierna la mayor parte de las administraciones de este país. Ayer, por ejemplo supimos que también los cargos del partido en la Asamblea de la Comunidad de Madrid han estado cobrando desde hace años diversas cantidades que rondan los dos mil euros mensuales "para gastos de representación", por un importe total que podría superar los doscientos mil. Todo un dinerito que, lo subrayo, marca la diferencia entre los diputados del Partido Popular y los de otros partidos que, por ejemplo, tienen sus sedes a punto de ser embargadas.
Casi simultáneamente aparecía en los kioscos el semanario Interviú con un reportaje en el que se desvela que muchas de las sedes del PP en la provincia de Alicante no figuran a nombre del partido, sino al de diversas asociaciones de nombres dispares, todas sin ánimo de lucro que, no sólo eluden la fiscalización del Tribunal de Cuentas, sino que reciben jugosas subvenciones de los ayuntamientos de los municipios en los que están enclavadas, con lo que se da la feliz circunstancia de que algunos alcaldes ayudan a financiar con el dinero de todos los vecinos las infraestructuras del partido que les ha llevado a la alcaldía. Una curiosa táctica que la Sexta ha encontrado en otros puntos del país y que demuestra lo que se estrujan el cerebro estos tipos cuando se trata, no de trabajar por el bien común, sino de hacerlo por su maquinaria electoral.
Llevamos décadas sospechando que algo huele a podrido en las cuentas de los partidos políticos, especialmente en las del partido de la calle Génova. Allá a finales de los ochenta estuvimos a punto de sacar la madeja tirando del hilo que el juez Manglano encontró por casualidad cuando, en unas escuchas ordenadas a propósito de un caso de narcotráfico, aparecieron conversaciones que revelaban la existencia de una trama de financiación ilegal con cobros de comisiones a constructoras, se suponía que a cambio de adjudicaciones de obras y contratas. 
Aquello no fue a más, gracias a la inexperiencia de aquel juez voluntarioso que cometió demasiados errores en la instrucción del caso y a la maquinaria legal que puso en marcha el partido de la derecha, pillado con las manos en la masa, gracias a las conversaciones de, entre otras, un prepotente alcalde de Benidorm apellidado Zaplana. Aquello se anuló y tuvimos que asistir a la paradójica salida legal de tener que olvidar todo lo que habíamos escuchado sobre los tejemanejes de dragones y primos.
Hubo cambio de líder, Antonio Hernández Mancha, que fue devorado por sus compañeros y por las circunstancias, y llegó Josemari que tomó el relevo en el liderazgo de un Manuel Fraga, acosado por las sospechas de que aquella trama se había urdido en su entorno, a la vez que nada apetecible para la mayor parte del electorado que, salvo pare el de su Galicia natal, como  más tarde se vería.
Después de aquello hubo refundación del PP, ya lo creo que la hubo. Se cambió de líder, se cambió de imagen y se cambió también de "recaudadores". Lo que no se cambió fue la enorme necesidad de fondos necesarios para mover la pesada maquinaria de un partido que, a imagen y semejanza de los de sus modelos Reagan y Tatcher, tenía que pagar toda una legión de asesores, a la vez que alimentar el verbo de sus corifeos.
No sé cuánto habrá que esperar para ver que con fondos legales  no es posible pagar una estructura como la del Partido Popular. No sé si alguna vez lo sabremos. Lo que sí sé es que es intolerable que, mientras dos de cada tres jóvenes españoles están en paro y soportamos un paro del 27% de nuestra población activa, haya quienes se llevan a casa un sueldo y un sobre que, cuando cotiza, cotiza un IRPF muy por debajo de lo que debería cotizar por el total de ingresos. Tan intolerable como que ahora pretendan recortar el número de nuestros representantes y hacer que estos dejen de recibir un sueldo por sus escaños.
Está claro que el PP, con su dinero, que es el que involuntariamente nosotros pagamos de más a sus donantes, puede de sobra compensar a esos diputados sin sueldo que nos quiere imponer. Y, mientras tanto, la democracia es la que pierde.
 
 
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