El Beni de Cádiz y las traducciones al catalán, por Adrian Vogel (@adrianmundano)

 

De un tiempo a esta parte los responsables de que este país funcione, gobierno, jueces, fiscales, perecen empeñados en que perdamos la fe, no sólo en ellos, que ya la tenemos perdida, sino en el sistema. Siempre se ha hecho la broma de decir que, si todos somos iguales ante la ley, los hay que son más iguales que los otros, porque está claro que no se mide con el mismo rasero a quien se enfrenta solo a la ley que a quien tiene el respaldo del poder, sea cual sea este poder.

Hace ya tiempo que quienes creemos que, si no somos iguales, sí deberíamos al menos serlo, vivimos escandalizados por el tratamiento procesal que se está dando a la infanta Cristina a propósito de los turbios negocios de su marido, Y no es una opinión de lego, porque son muchos los jueces y fiscales y sus representantes que no se explican por qué la hija del rey no está imputada en el caso, pese a que manejaba dinero de la sociedad pantalla con la que, presuntamente, Urdangarín saqueó el patrimonio de los españoles cobrando a determinadas administraciones una extendiera también a su hija, porque tal parece que ha pasado por los barrizales provocados por su esposo, sin haberse manchado siquiera la suela de los zapatos.

Él caso Noos que, contra viento, marea y la prensa más conservadora investiga el juez Castro es todo un ejemplo de cómo el aura de dignidad y respeto con el que de siempre se ha mantenido al margen de los pecados del mundo no es más que un disfraz, porque lo que de momento hemos conocido da para todos un culebrón de bajas pasiones, en el que, como en Dallas, se mezclan el dinero, el lujo y hasta el sexo, aunque sólo sea virtual.

Pues bien, sorprendidos aún por todo lo relativo a la infanta, su marido, su socio, la alcaldesa de Valencia y el escurridizo ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, nos damos de bruces con otro escándalo, no menos grave, en el que, para con el "más igual", la cementera Cemex, se ha tendido o se ha pretendido tender un manto de protección, capaz de desviar el brazo de la Justicia cuando se dirigía contra ella.

El escándalo del que hablamos, se ha desatado al conocerse que la Agencia Tributaria cesó fulminantemente la semana pasada a la inspectora que trabajaba sobre un presunto fraude de la multinacional del hormigón que, admite la falta hasta el punto de que incluye en sus cuentas una cifra de siete millones de euros destinada a pagar esa deuda y sus intereses.  Un cese que ha dado lugar a la dimisión de su inmediato superior, lo que podría ser el inicio de una cadena de abandonos en protesta por lo que consideran una medida arbitraria, destinada o aparentemente destinada a protegerá  la cementera.

Tanto la Agencia Tributaria, como el ministerio del implacable justiciero Cristóbal Montoro, se han escudado en la discrecionalidad de los nombramientos de cargos de confianza para justificar el cese de la inspectora. Pero dicho cese resulta más que sospechoso y, sobre todo, por la enorme solidaridad despertada entre sus compañeros. No sería justo ni decente que desde los más nobles despachos de Hacienda se estuviese protegiendo a una empresa, cuando para los pequeños contribuyentes, si son  cazados en falta, no existe la más mínima conmiseración.

Lo dicho, como dice el viejo chascarrillo, si somos iguales ante la ley, está claro que unos lo son más que otros y para que cesasen las sospechas y los contribuyentes no se sintiesen estafados al pagar sus impuestos, sería bueno que la inspectora "castigada" por su celo fuese repuesta lo antes posible en su despacho.