Un estudio de Access Info Europe, Comité para la Protección de Periodistas, Federación Europea de Periodistas, Fundación Open Society, Instituto Internacional de la Prensa y Reporteros sin Fronteras constata los retrocesos en materia de información.
Seis ONG internacionales –Access Info Europe (AIE), Comité para la Protección de Periodistas, Federación Europea de Periodistas (FEP y a la que pertenece la FeSP), Fundación Open Society (OSF), Instituto Internacional de la Prensa (IPI) y Reporteros sin Fronteras (RSF)– acaban de publicar el informe El estado de la libertad de prensa en España 2015 en el que detallan la difícil situación de la libertad de prensa en España.
Representantes de estas organizaciones integraron una misión que visitó Madrid y Barcelona entre el 1 y 4 de diciembre pasado, “motivada por el interés en conocer el estado de la libertad de prensa en España en un momento de profunda transformación política, económica y social", según indica el documento de 50 páginas dado a conocer recientemente.
El informe advierte de la necesidad en España “de una mayor transparencia en la asignación de la publicidad oficial" y asegura que la legislación de transparencia aprobada "no cumple con los estándares internacionales".
Al mismo tiempo, señala que la regulación actual de la difamación en España "está muy por debajo de los estándares internacionales sobre libertad de expresión y protección de la reputación".
Por otro lado indica que muchos periodistas les expresaron su "frustración" por la "práctica extendida" de funcionarios del Gobierno español de celebrar ruedas de prensa sin preguntas. Lo que considera un derecho de los periodistas que contribuye de forma indispensable a "reforzar la transparencia del Gobierno y a ejercer una cobertura informativa equilibrada y contrastada."
En el informe RSF España critica que la nueva ley de seguridad ciudadana "no sólo atenta gravemente contra la libertad de información sino que puede conducir a la censura".
Mientras que la FEP plantea "serias preocupaciones" por la actual dirección de RTVE, "muy criticada tanto dentro de la Corporación como fuera de ella por decisiones que se han interpretado como limitaciones a la independencia editorial".
Por su parte, Access Info Europe expresa su escepticismo ante la nueva ley española de acceso a la información y considera que "no está a la altura de los estándares de transparencia más vanguardistas" y que resulta una "ley que nace vieja a pesar de haber sido redactada y aprobada en 2013".
El reparto de fondos públicos para publicidad institucional en los medios de comunicación también recibe su correctivo, ya que el informe destaca que el gasto "no se distribuye de acuerdo a cifras de circulación, número de lectores, o de acuerdo a ningún criterio claro".
Considera que una mayor transparencia en los criterios de asignación y en el desglose de las cuantías que recibe cada medio "sería necesaria para garantizar que las prácticas de censura indirecta no estén distorsionando la competencia justa e impidiendo una mayor libertad de prensa".
