Dinero para Rato, por Ernesto Carratalá

La opinión pública está esperando la próxima comparecencia pública de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, por ver cómo responde a la pregunta del millón que, a buen seguro, le hará alguno de los avispados colegas.

Y es que todos estamos esperando saber cómo reaccionan los ultraliberales que cuestionan la sanidad, la educación y los servicios públicos, los que piden que se adelgace el sector público, ante la imperiosa necesidad de soltar 7.000 millones de euros además de los casi 5.000 ya desembolsados por el Frob, para hacer frente al monumental desaguisado provocado por los gestores de Bankia, es decir de Caja Madrid, es decir, Rodrigo Rato y los suyos.

A ver cómo explican los ultraliberales, a la cabeza de los cuales se encuentra la señora Aguirre, alumna adelantada de Merkel, cómo se recortan diez mil millones en dejar tirados en la calle a los foráneos, - ya no siquiera se les llamará inmigrantes-, dependientes, enfermos crónicos y estudiantes sin posibilidades, y, a cambio, se suelta a Bankia casi 12.000 millones. Y luego viene Rajoy y dice que “no hay dinero para servicios públicos”.

En cuanto al fondo de la gestión, lo de Bankia es que no tiene nombre. La caja que lidera este proyecto, ahora estrepitosamente caído, Caja Madrid, es el paradigma de las barbaridades que en materia de gestión bancaria se cometieron en los últimos años. Por cierto, de esto no se puede echar la culpa a Zapatero y los suyos. Caja Madrid la controla el gobierno de Madrid y los mayores desatinos no los cometió, como pudiera parecer, el equipo de Rato, sino un tal Miguel Blesa, amigo de Aznar y puesto allí por él y su esposa, - otra que lleva camino de acabar en los juzgados como se descuide- , Ana Botella.

El equipo de Blesa llevó a cabo una política en Caja Madrid que recuerda, como poco, la de Mario Conde, a principios de los noventa, en Banesto. Por cierto, el “agujero” que dejó el de Tuy, fue notablemente inferior al descubierto en la caja madrileña, de 20.000 millones de euros.

A raíz de la intervención de Banesto, su nacionalización y posterior venta al Santander, la fiscalía de la Audiencia Nacional, - entonces no había Fiscalía Anticorrupción-, abrió una investigación que acabó con penas de cárcel para casi todos los miembros del consejo de administración por delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, y falsedad documental. Aquí, convendría que se abriese una investigación porque 20.000 millones de agujero no los generan sólo los morosos y fallidos inmobiliarios.

Pero me temo, que ésta es una propuesta que alguien se encargará de que quede en el mayor de los olvidos.

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