Dimisión inmediata, por Fernando Blázquez (@ferblazrom)

Que la clase política filtra datos a la prensa afín no es nada nuevo. Es un me das – te doy. Un hoy por ti, mañana por mí. Yo te doy la exclusiva de una información y tú me haces la cama y hablas de mis maravillas. Bien, la práctica es habitual y, oiga usted, tampoco es nada del otro mundo. Durante unos años se beneficiarán estos y, cuando cambie el turno Gobierno, se beneficiarán los otros. Pasa hasta en las mejores familias.

El Gobierno de Zapatero, por ejemplo, era muy amigo de funcionar con filtraciones tipo globos sonda: se lanza una información sobre lo que el Ejecutivo podría estar pensando y, en función de la respuesta social, se confirma o se desmiente. Lo hicieron con los 420 euros de prestación por desempleo, con el aumento de los años de cotización para recibir la pensión máxima o los 400 euros de regalo en el IRPF. Está feo y no es la forma más elegante de actuar, pero no tiene mayores consecuencias.

El problema llega cuando la misma filtración de los datos constituye un delito. La semana pasada el diario El País publicaba que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, había filtrado los datos del ERE del PSOE al diario La Razón, demostrándolo después con pantallazos de los correos electrónicos. Báñez no niega la filtración, aunque afirma que nunca salieron datos confidenciales.

En cualquier caso, esto supone un delito de revelación de secretos tipificado en el Título X, Capítulo I del Código Penal. De hecho, el artículo 198 de ese capítulo recoge que “la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior [la filtración], será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años”.

Que tu hijo te coja el móvil y juegue al Bubble Shooter es una anécdota graciosa y sin mayor importancia que el cachondeo que se forma en Twitter. Que te pillen filtrando datos secretos implica la comisión de un delito. Y una ministra que comete delitos lo menos que debe hacer, por vergüenza torera, es dimitir.

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