Detrás de las palabras están los hechos, por @Juandesola

192 familias de Navalcarnero temen no poder hacer frente a partir del próximo mes de enero a la subida de hasta en un 95 por ciento de su alquiler social. 

El IVIMA, el Instituto de la Vivienda de Madrid, privatizó el pasado mes de agosto promociones de vivienda pública, primero con la gestora Azora y después con la sociedad limitada Encasa Cibeles, por valor de 201 millones de euros. Una venta de 3.000 viviendas sociales situadas en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, que ahora se traduce para sus inquilinos en la pérdida inmediata de la ayuda de reducción del precio de la renta para viviendas administradas por el IVIMA al pasar a manos de titularidad privada. 

Esta ayuda, concedida por un periodo de dos años por parte de la Comunidad de Madrid a personas, en su mayoría, en riesgo de exclusión social, supone para estas familias la única manera de hacer frente a los gastos de alquiler, y que rebaja las cantidades a pagar hasta en un 95 por ciento. Según los vecinos de la Avenida de la Dehesa en Navalcarnero, la firma de esta compra-venta tuvo lugar el pasado 25 de octubre en el más estricto secreto. 

Sole Vilacides, una de las portavoces de la comunidad de vecinos, asegura que se enteró del cambio de propietario por casualidad. “Recibí una llamada preguntándome si iba a dejar mi piso. Pensé que me estaban gastando una broma. Me dijeron que buscara en Internet la página de Azora. Ahí descubrí que IVIMA acababa de vender 3.000 viviendas sociales, entre ellas mi casa, más otras 1.500 que saldrán a subasta en 2014”. 

Una situación que tachan desesperada, y que plantea dos escenarios entre la comunidad de vecinos: el de los propietarios a los que les tocaba renovar la reducción antes de octubre, y que al ser las viviendas aún de titularidad pública sí podrán disfrutar de la ayuda los próximos dos años, y el de las familias a las que les caducaba la bonificación después de octubre, y que al estar ya arrendados por Encasa Cibeles, les ha sido denegada la petición. 

Es el caso de Hana. 37 años y madre de dos niños de 6 y 8 años. Con unos ingresos de 500 euros mensuales, y gracias a la reducción, ella y su marido pagaban un alquiler de 320 euros. Ahora, al ser una de las familias a las que les ha sido denegada la ayuda, tendrán que pagar 415 euros por su vivienda pública. “No sé cómo lo vamos a hacer. Además pagamos el autobús escolar de los niños que nos cuesta 37 euros por cada uno, más la comunidad que son 35”. 

En la misma situación están Halima, de 43 años, y su familia. En casa viven ocho personas, seis hijos de entre 23 y 9 años, y el matrimonio. Ingresan en total 750 euros al mes (400 del salario de su marido y 350 de la Renta Mínima de Inserción). Gracias a la reducción pagaban 45 euros de alquiler. A ellos también les han quitado la ayuda. “Ahora la mensualidad que tendremos que pagar será de 370 euros, más 60 de comunidad. Con mis hijos mayores parados y los ingresos que tenemos no sé cómo llegaremos a final de mes”. 

Bouchra también está más que preocupada. Tiene 25 años y es madre de dos niños de 4 años y tres meses. En casa viven siete personas. Sus padres, una hermana, su marido, ella y los dos pequeños. Con la ayuda hasta ahora pagaban 350 euros mensuales de alquiler, incluida la comunidad. A partir de enero tampoco tendrán la reducción por residir en los que a ellos les vendieron como una vivienda pública. Por eso tendrá que hacer frente a un arrendamiento de 420 euros, más 43 de comunidad. 

Pero no todo son familias con hijos. En estos pisos también vive gente como Estrella. Con 70 años sufre una discapacidad que le ha dejado con movilidad reducida. Su marido tiene 80. Ambos podrán seguir pagando 250 euros del alquiler durante un año más porque han podido renovar la ayuda de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, con unos ingresos de 600 euros por sus pensiones no contributivas aseguran que “no sabemos cómo lo haremos. Nosotros dejamos nuestra casa del pueblo por venir a una vivienda mejor que nos aseguraron eran de titularidad pública, y que para gente mayor, como nosotros, era lo ideal. Ahora con 70 y 80 años mira como estamos”. 

El caso de Zaida también es especial. Separada y madre de dos hijos de 17 y 22 años, con 47 años vive gracias a la pensión que le pasa su exmarido de 360 euros y al paro que le queda. Nunca ha cobrado la ayuda, pues asegura que se pasa por 2 euros de la cantidad máxima a ingresar en casos como el suyo al recibir la pensión de manutención. “Mi queja es que, estando pagando 60 euros por mi plaza de garaje, por un mal funcionamiento de las instalaciones me robaron el coche. El IVIMA se ha desentendido y yo me he quedado sin coche y pagando la letra hasta el año pasado”. 

Erminio también apoya a sus vecinos. Es de etnia gitana, y tiene dos niños de 6 y 7 años. En su caso, asegura que si le quitan la reducción pasará de pagar de 320 euros a 420 euros al mes. “Pero no me importa. Yo por lo menos tengo la gran suerte de tener trabajo, y aunque cobro 835 euros al mes, sé que podré hacer frente a los gasto de alquiler, comunidad, luz, agua… cosas que mis vecinos dudo tengan la opción. Me considero hasta afortunado”. 

El pasado 4 de noviembre estos vecinos de Navalcarnero recibían una carta en la que se les informaba de que el IVIMA dejaba de ser su arrendador. Ahora lo sería la sociedad Encasa Cibeles. Desde entonces, parejas jóvenes en paro y con una media de dos hijos, personas enfermas, mayores, con discapacidades y movilidad reducida es el perfil de unos vecinos que esperan desde el 6 de noviembre una reunión con su alcalde para buscar una solución. Aseguran que están doblemente indignados por que los terrenos en los que están construidas sus viviendas pertenecían a una marquesa, María Martín, que decidió dejar en herencia parte al ayuntamiento y parte a la Iglesia para fines sociales. 

Ahora sólo esperan que las partes implicadas respeten las condiciones iniciales de sus contratos que les permitan seguir viviendo en residencias sociales.