DEROGAR LA LEY RAJOY, por Javier Astasio


Por fin ayer, el Congreso decidió acabar con una ley, la vigente y tenebrosa Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, parece sarcasmo, del no menos tenebroso ministro Fernández Díaz, que pasará a la historia, esperemos que lo antes posible, con el expresivo apodo de Ley Mordaza.
Parece que fue hace siglos cuando Fernández Díaz, el de las devoluciones en caliente, el de la caza a pelotazos de los inmigrantes en la playa del Tarajal en Ceuta, el de las detenciones e identificaciones indiscriminadas en las manifestaciones de las mareas, el de las persecución a los sindicalistas y periodistas, el que pretendió prohibir obtener pruebas y publicarlas de los excesos policiales, el que quiso, en fin, amordazar y atar de pies y manos y amordazar a la ciudadanía, para que su partido campase a sus anchas, desmantelando derechos y libertades en este país que él cree de María y la Banca y no de quienes vivimos y trabajamos en él, el ministro de la policía de parte, esa que fabrica pruebas y dosieres contra su amo. Parece que hace siglos y, sin embargo, fue antes de ayer, como quien dice.
La disparatada ley, más propia de una república bananera que de un país civilizado y democrático, lleva la firma de Jorge Fernández Díaz, pero, no lo olvidemos, tuvo el visto bueno de todo el gobierno Rajoy de entonces en Consejo de Ministros y fue aprobada, en solitario, eso sí, con los votos de todo el Grupo Popular. Por eso no es de extrañar que ese, afortunadamente hoy mermado, Grupo Popular haya defendido con uñas y dientes y no sin extrañeza por las prisas de la oposición en abolirla, la derogación de una ley que cercenaba el derecho de los ciudadanos a manifestar en la calle, en la prensa y en las redes, su disconformidad con las injustas imposiciones del gobierno.
Está claro que aquel gobierno, no muy distinto de este, salvo por su debilidad actual en el Congreso, no quería testigos de sus desmanes. No los quería en la calle y no los quería en sus casas, leyendo el periódico escuchando la radio o sentados delante del televisor o ante las pantallas de su teléfono, tableta u ordenador.
Por eso, esta ley pretendió convertir a los ciudadanos en seres inertes, sin voz ni movilidad, para que no pudiesen medir en la calle, ni reconocer su fuerza frente a los atropellos, y lo hizo a conciencia, mandando contra las mareas a sus gladiadores y a sus infiltrados, atentos a cualquier incidente para desatar su violencia y para detener "sin ton ni son" a  "todo bicho viviente", sin motivos ni pruebas, con el fin de asustar a los indecisos, para que acabasen escondiendo su miedo en sus casas. Y, si los incidentes no llegaban, si las manifestaciones eran pacíficas, como pretendían sus convocantes, los incidentes se fabricaban, como se fabricaban las pruebas, para justificar los desmanes.
La ley de Fernández Díaz que ayer emprendió el camino parlamentario para su derogación o, al menos, la de sus artículos más arbitrarios, anteponía la palabra de las fuerzas de seguridad ala de cualquier ciudadano y negaba, además, la posibilidad de documentar con imágenes los incidentes, a sabiendas de que, en los tribunales, esa palabra no siempre salía bien parada. 
La ley que ayer comenzó a demolerse, es la ley de un tirano que quieren que recordemos con la cara de Fernández Díaz. Pro no, es la ley de un tirado con otro nombre y otros apellidos esa ley es la ley de Mariano Rajoy, la ley tras la que Mariano Rajoy pretendió parapetarse con sus injusticias No lo olvidemos, Fernández Díaz ya no están, pero siguen estando los mismos.

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