Consecuencias de un despido injustificado, por @salvemostelema

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Un sinvergüenza decide despedirte. ¿Por qué?, elucubra con sus secuaces, que pueden ser tan cercanos como aconseje la necesidad/oportunidad de realizar un estudio. Causas económicas sobrevenidas, decide. Y la justicia le dice que no, en primera instancia, pero con rotundidad. Pero ya da igual, el mal está hecho porque la maquinaria del estado, la misma a la que has estado manteniendo ininterrumpidamente durante casi 30 años vía cotizaciones e impuestos no entiende de razones ni juicios. Solo está preparada para recoger el sonido de la sirena, la alarma roja que se ilumina cuando el cotizante se convierte en parado. Cuidado, piensa la máquina, se intentará aprovechar. Hay que poner freno, está en juego el bienestar y la estabilidad del sistema. ¡Váyanse a la mierda 6 millones de veces!, una por cada parado, si se admite la frase que José Antonio Labordeta pronunció en sede parlamentaria mirando a la cara a los mismos individuos que entonces se reían de sus palabras y que hoy siguen donde estaban por el bien general, no lo duden.

La protección social se ha convertido en materia perversa, lo sabía. Lo que desconocía es la crueldad de las pequeñas cosas, tal vez sean nimias, pero la desesperación las carga de peso. Un último acontecer me ha llevado (sí en primera persona) a la indignación. He intentado renovar las “tarjetas sanitarias europeas” de mis hijas y no he podido hacerlo como siempre solicitándolas a la Seguridad Social por vía telemática. Un mensaje automático de ordenador me contestó “De acuerdo con la información disponible en nuestras bases de datos, no es posible tramitar su petición”, para terminar indicándome un teléfono de contacto para posteriores averiguaciones, por su puesto no es un número 900, gratuito.

La “información disponible”, que dice el autómata, es que soy un desempleado y solo tienen derecho a la Tarjeta Sanitaria Europea los pensionistas o los trabajadores en activo con contrato fijo, según me explica, ahora sí, un amable (no es ironía) trabajador de la Seguridad Social. La solución, que dicen que todo lo tiene menos la muerte, es solicitar un Certificado Provisional Sustitutorio. La diferencia con la tarjeta es su vigencia, 90 días frente a dos años. La imagen que me vino a la cabeza y expresé a quien me atendió es la de la Alemania nazi. A los judíos se les impuso una estrella amarilla, la cámara de gas llegó más tarde. Al funcionario le pedí disculpas ya que él no legisla, al que creó la norma le pregunto ¿por qué mis hijas, o las de cualquier otro desempleado, no pueden realizar un viaje de estudios como siempre, con la misma tarjeta? Ellas no han cambiado, sus calificaciones siguen siendo excelentes y su curiosidad por aprender inmensa. Lo único que ha sucedido respecto a la última vez es que su padre ha sido despedido después de más de 28 años de trabajo en la misma empresa, a la que accedió mediante oposición pública en 1985, porque a un gobierno, con nombre y aPPellido, le ha venido en gana. Sin argumento, eso ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y vulnerando el principio constitucional de seguridad jurídica (artículo 9.3 de esa Constitución que vocean como argumentario para repujar a martillazos que todo debe permanecer inalterable), esa es mi apreciación.

Y ya que estamos continúo con las tropelías. La creencia general es que el máximo tiempo de percepción de la prestación por desempleo es de dos años. Pues no, son 720 días. ¿Por qué si 365 X 2 = 730?, pregunté en el SEPE. Me contestaron que como hay meses con más días y otros con menos se hizo tabla rasa y se contabilizan 30 días X 12 meses = 360 días al año. Entiendo, mejor igualar por lo bajo que siempre es más barato. Nos timan 5 días al año, 10 del máximo de prestación, que multiplicado por millones de parados es un dineral que el sistema puede emplear, por ejemplo, en la ayuda activa de búsqueda de empleo o, también, en exigir a un buen puñado de desempleados que justifiquen dónde están buscando trabajo. ¿Es esta una manera grosera de recordarnos que somos unos mantenidos? Y no me hablen de fraude porque el primero y el más grave es olvidar que un parado cobra la prestación de desempleo porque durante años ha cotizado. Es su derecho, no una dádiva benevolente del estado que merezca agradecimiento.

El sistema es perverso en los tiempos y en los conceptos. Desde los púlpitos del poder espetan verbos como emprender o aprender. Pero solo son palabras carentes de significado que quedan bien en el manual discursivo del vacío que fluye desde la tribuna gubernamental. Cuando decides cambiar de actividad y solicitas un curso de aprendizaje eres rechazado porque tu perfil no es el adecuado. “Usted nunca se ha dedicado a ello”, te dicen. Claro, por eso necesito formación, respondes. Y quedas fuera. Pocas plazas, muchos candidatos y tú que pareces un ser llegado de otra galaxia.

La sensación es que los mecanismos estatales han sido diseñados, o tal vez solo están siendo utilizados, para convertirte en un ser amortizado. Lo puedo aceptar, incluso, pero hay un abismo entre esa amortización y las obligaciones oficiales. En mi caso 17 años. A los 50 estoy amortizado (así supongo consignado en instancias estatales), pero el grupo mariano exige de mis cotizaciones hasta los 67. Estoy dispuesto a desaparecer y no volver a dar la lata, pero ¿cuál es el camino? No puedo sino volver a pensar en José Antonio Labordeta para repetir: ¡váyanse a la mierda 6 millones de veces!

José A. Alfonso

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