Un vocal del Colegio de Abogados de Madrid lleva a cabo un pleito contra colegiados sin comunicárselo al Decano

Califica de práctica obsoleta el Código Deontológico

Un vocal del Colegio de Abogados de Madrid lleva a cabo un pleito contra colegiados sin comunicárselo al Decano

En año electoral, al decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil, le ha surgido un problema que puede condicionar su reelección. Un vocal de su junta de Gobierno, el diputado Francisco García-Mon, está a punto de lograr el desahucio del despacho de unos compañeros  por un pleito del que nunca dio cuenta a Hernández Gil, algo que debe hacerse, según se desprende del artículo 12 del Código Deontológico de la Abogacía.

No se trata del desahucio por el impago de una hipoteca o alquiler. Es mucho mas complicado. Es una cuestión de un contrato de arrendamiento de hace, ya, muchos años.

Los herederos del antiguo casero, -quien había pactado, incluso según se dice, la venta de la oficina con el padre de los demandados- , contrataron a García-Mon para lograr la nulidad de dicho contrato. El letrado, que lleva desde 1988 en la junta de gobierno del Colegio, nunca informó al Decano ni a dicha junta de tal circunstancia. Todo lo contrario, según fuentes jurídicas. Cuando los demandados han recurrido la ejecución de la sentencia que les obliga a abandonar su oficina, y han informado de la condición de García-Mon, éste se ha limitado a contestar que tal práctica es obsoleta e innecesaria.

En dicho recurso, uno de los abogados demandados, la letrada Mercedes González de Lama, cita textualmente el artículo 12 del Código Deontológico de la Abogacía Española que dice que “el abogado que pretenda iniciar una acción, en nombre propio o como abogado de un cliente, contra otro compañero por actuaciones profesionales del mismo, habrá de comunicarlo previamente al Decano por si considera oportuno realizar una labor de mediación”. La letrada también señala que de “igual forma se recoge en el Código Deontológico de la Comunidad de Madrid en cuyo artículo 5º se llega a exigir la mediación del Decano, través del acto de conciliación”. Peor, todavía, en este caso, ya que el letrado, además de esta condición, es dirigente del colegio que dice representar los intereses de sus miembros.

 

Delincuentes.

El vocal de la junta rechaza llevar a cabo tal trámite por considerarlo “una práctica obsoleta y no practicada en la actualidad”, en el escrito de alegaciones al recurso  en el que acusa a los demandados de  actuación temeraria llegando a amenazar con acciones penales, incluso pidiendo al titular del juzgado que lleve a cabo actuaciones en tal sentido, y calificando poco menos que de delincuentes a sus compañeros a los que, paradójicamente, representa en su calidad de miembro de la junta de gobierno.

El titular de la misma, Antonio Hernández Gil, hijo del que fuera presidente de las Cortes,  ex secretario del consejo de Repsol, y abogado de confianza de Los Albertos,  todavía no ha expresado su deseo de presentarse a la reelección cuando quedan algunos meses para que se celebren las elecciones para renovar la junta que preside. Pero todo parece indicar que lo hará. Cuenta con el apoyo de PRISA y del PSOE donde se han dado instrucciones claras a sus militantes de que intenten lograr la mayor influencia posible en las instituciones y en el tejido social después de haber perdido el poder político.

El problema para Hernández Gil es que García-Mon puede acabar por convertirse en un problema para su imagen. Una imagen que pasa por la de hacer creer que representa a todos los colegiados. Pero si deja actuar a su vocal y no toma cartas en este asunto, la frágil paz social por la que atraviesa la institución que preside,  puede acabar por romperse, y más cuando se conoce que una de las letradas a las que se pretende desahuciar, pertenece al turno de oficio, el colectivo que ha protagonizado las protestas más significativas de los últimos años debido al retraso en el pago de sus honorarios.

“Es la lucha de David contra Goliat” señala González de Lama, la titular del despacho junto a su hijo, Alfonso, y un compañero al que ceden una parte del mismo para sus labores profesionales. Los tres deberán desalojar, en los próximos días, una oficina en la que el padre de Mercedes ejerció la profesión y en el que, -siempre creyeron-, existió un contrato de compra-venta que les convertía en propietarios. Una circunstancia que la jueza de Primera Instancia 57 de Madrid, María Jiménez García, rechazó en sentencia gracias a la labor de un abogado que actúa en contra de sus compañeros sin conocimiento de las autoridades corporativas.

Otro de los aspectos controvertidos de la actuación de García- Mon también tiene que ver con el Código Deontológico el cual dice que el abogado debe “buscar la mejor solución para finalizar un pleito o procedimiento”. En este caso, no lo está haciendo dado que el desahucio no resolverá ningún problema ya que los demandantes, en cualquier caso, deberán indemnizar por el mismo. Supuestamente el letrado no ha informado a sus clientes de tal extremo ya que ni siquiera han ofrecido acción judicial sobre este asunto.

Francisco García-Mon es hermano de Antonio García-Mon, asesor jurídico de PRISA,  y ex consejero de Promociones Audiovisuales de Sevilla, y Promociones Audiovisuales de Jaén, propietarias de la extinta Localia Televisión en Andalucía. Sociedades  en la que también participó Cajasol. Su presidente, Antonio Pulido, vinculado al PSOE andaluz,  mantiene muy buenas relaciones con Antonio, lo que le permite cierto grado de influencia en el ámbito socialista.

Así pues, no hay duda de los apoyos políticos y sociales con que cuentan los García-Mon para uno de los cuales, una parte  del Código Deontológico de los abogados está obsoleta.

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