Ciudadanos acreedores de un Estado deudor, por @Estela_cuesta

Opinión-. Las Comunidades valenciana, catalana, castellano manchega, balear, murciana, canaria y, posiblemente, andaluza, no tienen dinero para pagar las deudas y hacer frente al gasto público diario. Por eso el Gobierno ha puesto a su disposición un mecanismo de financiación con el que hacer frente a los pagos que vencen en breve. Es un fondo de liquidez que funciona muy parecido al que hay en Europa para rescatar a los Estados. Con este fondo de liquidez, el Estado se endeuda más para que las Autonomías lo estén menos. Es arreglar la gotera de una habitación, pero las del resto de la casa son tan grandes que hay que utilizar el paragüas para ver la tele.

"Es como si Hacienda fuese un colador..."
Las autonomías no tienen dinero para financiarse, pero los ciudadanos pagan los impuestos religiosamente cada día del año; los bancos son rescatados –a cargo del Estado, por mucho que digan-, pero a sus clientes les cobran las comisiones religiosamente también y rápido les embargan si no pagan ¿Qué hace Hacienda con el dinero de todos?.
La gran parte de los impuestos que se recaudan van a las arcas autonómicas. Además, cada comunidad tiene la potestad de crear impuestos exclusivos, como el impuesto sobre el aprovechamiento cinegético de Extremadura, o los impuestos sobre el juego en el que se han hecho abanderadas la mayoría de las CCAA. En tercer lugar, existe una serie de tributos cedidos por el Estado que recaudan directamente las autonomías: sobre el Patrimonio, sobre Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre determinados medios de transporte, sobre la venta de hidrocarburos, etc. Y por último, un porcentaje de impuestos estatales como el IRPF, el IVA, el tabaco o la electricidad también va para las autonomías.
Con el aumento demográfico de los últimos años, las comunidades que más impuestos recaudaban como Madrid, Barcelona o Baleares solicitaron en 2009 cambiar la Ley Tributaria y se eliminó el principio de solidaridad por el que cada Comunidad tenía que devolver al Gobierno el dinero sobrante una vez cubiertos los gastos.  Desde entonces pueden quedarse con el dinero “sobrante”. Pero parece que eso no ha sido suficiente, ya que paradójicamente estas tres recién nombradas son algunas de las que ahora piden dinero al Estado porque están en números rojos.
En términos contables, las cuentas del Estado español –y por ende, de las Autonomías- son un escándalo tremendo y descarado. La balanza entre ingresos y gastos está completamente desequilibrada. Es como si Hacienda fuese un colador en el que de cada 10 euros que caen, 6 se destinan al Estado de Bienestar y a gastos legítimos y 4 se pierden… En este país se recauda mucho, pero se guarda en muchos monederos manejados por muchas manos. Si los recortes que cada día aumentan en Sanidad y Educación es porque hay muchas facturas que pagar, ¿En qué se ha empleado el dinero público hasta ahora? ¿Es proporcional el servicio que presta el Estado a cualquier ciudadano con los impuestos que paga este ciudadano al Estado? ¿Esta crisis económica de España tiene que ver también con lo ramificada que está la Administración a través de las autonomías, diputaciones, ayuntamientos, asociaciones estatales de diversa índole, el número de políticos a los que hay que alimentar…?

A modo de recordatorio, la Administración es una empresa pública en la que los ciudadanos son los únicos dueños -ponen el dinero- y los políticos son los que trabajan para ellos. Por tanto, si la empresa tiene pérdidas, el sentido común obliga a hacer recortes. Pero atención al matiz, no se trata de recortar servicios públicos como anuncian cada día para que los políticos gestores -los trabajadores contratados por la sociedad- mantengan sus privilegios. Se trata de recortar en dietas, en viajes, en cargos públicos, en asociaciones de carácter púbico, ¡en sueldos!, en oficinas públicas de X, en pedir responsabilidades a quien las tuviera en el pasado, en no ocultar la corrupción y en ser transparentes. Se trata primero de ser legales y, a partir de ahí, que pidan los "esfuerzos a la sociedad" que hagan falta.

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