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CATALUÑA NO SE LOS MERECE, por Javier Astasio

 
Cuando ayer me fui a la cama conociendo la decisión del juez del Supremo y, sobre todo, lo más significativo de los autos en que expresaba su decisión de fijar fianza para los miembros de la mesa del Parlament de Catalunya que votaron la Declaración Unilateral de Independencia, confieso que en lo primero que pensé fue en lo deprimido que me sentiría de haber sido uno de todos esos ciudadanos catalanes que han creído y creen de buena fe en todas las promesas hechas por Mas, Puigdemont, Junqueras y los suyos, una vez comprobado que su firmeza, a la hora de la verdad, dura lo que dura la visión de los barrotes de una celda, de la que nunca les librarían el crowfunding ni las colectas con que, hasta ahora, acostumbraban a sufragar las multas.
Que conste que no acabo de creerme la aparente sinceridad de Carme Forcadell, la misma que se sentó con descaro sobre el reglamento del Parlament y los derechos de la oposición, para hacer, de la capa de autoridad ecuánime a que su cargo le obligaría, un sayo de iniquidad para pasar por encima de todo y de todo. Que conste que soy de los que sospechan que la sumisión ante el juez puede ser sólo una estrategia para eludir la prisión, sea por razones individuales y egoístas o pensando en mantener viva en la calle la llama de una causa que, desde la cárcel sería difícil alentar.
Lo cierto es que Carme Forcadell, de carrera política tan fulgurante como Puigdemont, reconoció que la DUI no llegó a proclamarse, porque nunca se votó implícita ni explícitamente los días siete y ocho de octubre. También que se somete al artículo 155 de la Constitución que disolvió la cámara de la que sigue presidiendo la Diputación Permanente y que se compromete a dejar la política o a seguir en ella dentro del marco constitucional. Quizá una estrategia, pero, en todo caso, una estrategia que no deja de conllevar una cierta indignidad y no menos humillación.
El tiempo nos dirá si Forcadell y sus compañeros engañaron al juez y si el juez Pablo Llarena aplicó las medidas suficientes para evitar una actividad ilegal y clandestina de los encausados. El tiempo nos dirá también de qué manera el aparato de propaganda de la causa independentista digiere lo sucedido ayer en Madrid.
La verdad es que, para ello, tiene a su favor que no ha habido entre la gente de a pie tantos detenidos ni procesados como los hubo en las protestas ciudadanas contra la política austericida del gobierno del PP, con lo que no cabe el agravio comparativo, pero, aun así, será difícil explicar a toda esa gente que ha ocupado la calle durante días, a la que soportó las cargas policiales para votar o para defender un referéndum, el del 1 de octubre, al que Forcadell no concedió ayer validez alguna.
El tiempo nos dirá, además, en qué quedan todas esas discusiones entre familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo que ha abierto este tortuoso proceso, en el que la falsedad o la torpeza de unos y otros ha abierto enormes heridas y ha exacerbado los ánimos en una sociedad que tradicionalmente se había mostrado pacífica y razonable. 
Y, ante todo esto, cabe plantearse cuál va a ser el coste personal que habrán de pagar quienes, por sus ansias de gloria, por su impaciencia, para taparse las vergüenzas de la corrupción o, simplemente, por sus ambiciones personales, han arruinado el sueño de tantos catalanes decentes y, de paso, el prestigio y la riqueza de un territorio, Cataluña, que, hasta ahora, era reconocido como uno de los más avanzados de Europa.
No, de ninguna manera debería salirles gratis tanto desatino. De alguna manera habrán de pagar el enorme destrozo que están dejando tras de sí, porque ni Cataluña ni la buena voluntad de quienes les han creído se los merecen.