Castigados con pena de prisión, por Mar García Martinez-Albelda (@mar_y_tal)

Recoge la Real Academia Española –RAE- en la novena acepción de la palabra “Política” lo siguiente: “Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo”. Y eso hacemos, creamos poder popular e intervenimos en los asuntos públicos, esos que determinan nuestro presente y nuestro futuro. Y lo hacemos convencidas, como medio de supervivencia para que el conformismo no nos destruya. Lo hacemos por nosotras pero también por aquellas personas que no ven o no quieren ver lo que se nos viene encima. Y así llevamos unos cuantos años, unas más que otras. Nos enfrentamos, casi a diario, a detenciones arbitrarias, atestados falsos, sanciones administrativas, insultos, criminalizaciones, golpes y abusos de poder.
Y sin saber muy bien hacia dónde vamos, pero convencidas de que tenemos que seguir caminando, el poder vuelve a dejarnos claro que hacemos daño. Vuelve a su política del miedo, si es que alguna vez la dejó de lado. Ante una sociedad tremendamente conformista y anestesiada ni siquiera hace falta esforzarse en disimular. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ese que legisla sobre nuestros úteros, ese que no sabe qué hacer con cuatro ex-altos cargos de la Guardia Civil y de la Policía acusados por Argentina de torturas a víctimas del franquismo, se saca de la manga una reforma del Código Penal que persigue terminar con cualquier indicio de protesta social tal y como la conocemos actualmente. Somos muchas las que nos enfrentamos en primera persona y por primera vez a una crisis de estas características. Y quizás por eso, las formas de protesta se han ido reinventando desde las manifestaciones hasta los escraches. De las  ocupaciones de plazas a ocupaciones de oficinas bancarias.
El derecho a la rabia es el precursor de la necesidad de luchar. Y eso es lo que ahora nos quieren quitar. Medidas redactadas a la luz de la repercusión mediática esconden un golpe más de autoritarismo de un Gobierno que tiene muy claro la importancia de reprimir parte de la sociedad antes de que el resto se contagie. Y así, de la noche a la mañana, nuestra Democracia queda un poco más coja que ayer, el artículo 21 de la Constitución se resiente de nuevo. Ante estos atropellos han sido varias las voces que han alzado la voz. Así, la Comisión Legal del 15M –LegalSol- ha publicado recientemente un informe en el que analiza los puntos más destacados de esta reforma. Del abanico de ocurrencias de Gallardón destaca especialmente una quizás por recordar demasiado a tiempos pasados que, por otra parte, se niegan a condenar. Llega el artículo 559 con la nueva creación de un delito que, lejos de proteger a sus ciudadanos, condena al ostracismo la libertad de expresión y comunicación. Y dice así: “La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.” ¿Quién decide cuál es el grado de incidencia que tiene una comunicación sobre un tercero? ¿Volvemos al reparto clandestino de octavillas?
Por su parte, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas –que realizó una recogida de firmas contra el Anteproyecto el pasado mes de Septiembre- alerta sobre otra modificación que atenta directamente con el derecho a protestar. Así, la desaparición de los términos “grave” y “activa”, refiriéndose a las formas que ha de adoptar la resistencia a la autoridad policial para que ésta sea considerada delito de atentado, del artículo 550 del mencionado Anteproyecto, muestra la voluntad de crear confusión respecto a lo que es o no un comportamiento violento. Al desaparecer el adjetivo “activa” en relación a la resistencia a la acción policial se introduce un margen importante de discrecionalidad y subjetividad en casos de resistencia pasiva, lo que favorecerá la arbitrariedad tanto de la policía en sus informes como de la ley en caso de ser juzgado este tipo de acción no violenta.
Paradójicamente, en relación a los delitos de desórdenes públicos se contempla la “alteración de la paz pública” como resultado de actuaciones “tanto en grupo como individuales amparadas en el grupo”. Y yo me pregunto quién está realmente alterando la paz pública, quienes son los responsables de que las calles se llenen de ciudadanos hastiados que se juegan su integridad física. Me pregunto si los recortes o los desahucios no alteran esa paz pública. Me pregunto hasta dónde vamos a permitir su impunidad, cuánto poder estamos dispuestas a darles. Es necesaria y urgente una respuesta contundente ante una reforma del Código Penal que está pasando desapercibida. Es indispensable la unión de diferentes plataformas que trabajan desde hace tiempo en este ámbito y es necesario que salgamos todas a las calles en defensa de nuestros derechos. ¿Si no tuvieses miedo qué harías?

“Nuestra integridad vale tan poco… 
pero es todo lo que tenemos, 
es el último centímetro que nos queda de nosotros,
 si salvaguardamos ese centímetro, somos libres” 

-V de Vendetta-



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