Algunos diputados, el escrache y la vergüenza, por Javier Astasio

 
 

La policía tiene ya instrucciones para impedir que los ciudadanos expresen su rechazo a quienes, pese a sentencias de tribunales internacionales que el Reino de España dice respetar, pese al dolor y la alarma social creado por las decenas de miles de desahucios, pese a las muertes,  pese a ese barra libre para la banca que ya pagarán sus clientes, no manifiestan el más mínimo interés, más bien al contrario, en rectificar lo que origina tan terribles consecuencias.

A la mayoría de los representantes y cargos públicos de este país -me niego a englobar a todos en el equívoco término de "políticos"- les gusta lucirse en las tribunas, recibir el aplauso de sus compañeros de partido, aparecer en televisión, hablar para la radio, "soltar" sus ocurrencias en foros y tertulias, tuitear barbaridades desde su móvil o matar con él el aburrimiento en los larguísimos plenos jugando al apalabrado o a lo que sea. Les gustan las palmaditas en la espalda y los besos de anónimos simpatizantes e, incluso, que les paguen el café o el vino en la barra de cualquier bar. También les gusta recibir a fin de mes un sueldo razonablemente digno, especialmente ahora que hay seis millones de parados y que quienes encuentran trabajo cobran unos salarios que, aparte de insultantes, la mayoría de las veces son incompatibles con la vida, que sigue siendo cara, especialmente en determinadas ciudades de España.

Les gustan todas esas ventajas y homenajes, pero les molesta la crítica. Les molesta que les recuerden que están donde están para defender los intereses de los ciudadanos -los bancos no votan, aunque sí les faciliten créditos, individuales o a su partido- y atender sus peticione o, cuando menos, saber por dónde va el latido de la sociedad. Les basta las más de las veces con adular al poderoso, doblar el espinazo, sobre todo cuando se aproximan elecciones, para figurar en las listas y prorrogar por cuatro años más su ventajoso contrato con la sociedad, ventajoso porque nadie les exige cumplirlo, y volver a los lucimientos, los halagos y las prebendas.

No les gusta -no- que les señalen. No les gusta que marquen su territorio, que se haga púbico donde viven o que se diga a sus vecinos quiénes son y que hacen o, más bien, dejan de hacer, porque, como dicen que sabiamente hacen los delincuentes de a pie, no "trabajan" en su vecindario. Por eso el pío ministro del Interior, después del fracaso de Cristina Cifuenets y la costosa máquina de opinar del PP hayan fracasado en su intento de criminalizar a la Plataforma Anti Desahucio, equiparándolos con terroristas,  ha cursado instrucciones a su equipo de antidisturbios “multadores”, para identificar, en algunos casos detener y, siempre que haya el más mínimo resquicio para ello, sancionar a quienes se paran ante el portal de un diputado, haciendo escrache, para señalar a quienes no quieren cambiar las leyes injustas.

Dan lástima estos diputados llorones que no asumen las consecuencias de legislar contra los intereses de la mayoría. Y ene este punto hay que recordar que la IPL para modificar la ley hipotecaria de este país contó con un millón de firmas, todo un récord en este país tan "pasota", al menos hasta entonces. Por ello, las autoridades han dado ya instrucciones s a la policía para intervenir ante esta nueva modalidad de denuncia pública que tan incómoda se está volviendo para los señalados.

Creo que quienes organizan estos escraches deben esmerarse en cuidar las formas, para que nadie pueda acusarles de ejercer la violencia contra sus objetivos. En un país de curiosos como éste, basta con hacer un corro ante un portal para que el corro crezca y quienes estén cerca se acerquen para saber qué está pasando. Y si, finalmente, como parece pretender Interior, se ordena montar guardia en el portal de esos diputados a los policías que deberían estar persiguiendo a la verdadera delincuencia, será el propio gobierno el que estará practicando el escrache contra aquellos, porque nada hay más vergonzante para un representante de los ciudadanos que tener que ser defendido de los ciudadanos por la policía que los ciudadanos pagan con sus impuestos.
 
 

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