Aguirre sabía en 2004 que los directivos de Telemadrid derrochaban, por @salvemostelema

La historia del ERE de Radio Televisión Madrid, que culminó el pasado día 12 de enero con 829 despidos, está plagada de mentiras y de informes “desaparecidos”. Es el caso de la auditoría encargada en 2004 por Álvaro Renedo, entonces Presidente del Consejo de Administración.

Tanto en los días previos como durante el mes de negociación del ERE, la representación sindical solicitó numerosa información a la Dirección de Telemadrid, necesaria para poder elaborar alternativas al informe de Deloitte en el que se basaba el despido colectivo. Información de carácter económico, gestión de plantilla, contratación de programas con productoras externas, ingresos publicitarios, coste de las futuras externalizaciones… Documentos como la citada auditoria. Pero el todavía subdirector general del Ente Público Radio Televisión Madrid, Ángel Martín Vizcaino, que ya ocupaba ese mismo cargo en 2004, no buscó excusas vanas para no entregar esos documentos , simplemente negó su existencia.

Pero el 4 de enero de 2013, justo el mismo día que concluía el periodo de negociación en Telemadrid, El País publicaba un artículo titulado: “Desastre anunciado en Telemadrid”. Y esa información estaba basada en la auditoría “desaparecida”.

(El País 04/01/2013):

“Esperanza Aguirre conocía la desastrosa gestión que se estaba llevando a cabo en Telemadrid. Un informe de la consultora Alfa Solutions, encargado por el Consejo de administración de RTVM (con mayoría del PP) alertaba ya en octubre de 2004 de graves deficiencias en los sistemas de contratación de servicios e inversiones.Este informe, según fuentes del Ente Público, fue entregado en mano a la entonces presidenta regional”

En ese momento, octubre de 2004, los máximos responsables de la gestión en el Ente Público eran el director general, Manuel Soriano (actual presidente del Consejo de Administración) y el subdirector general Ángel Martín Vizcaino , ambos nombrados por el gobierno de Esperanza Aguirre tras su victoria electoral en octubre de 2003. Es decir, en un año al frente de Telemadrid, dieron motivos sobrados para que un informe externo les desacreditara como gestores, alertando de su ruinosa gestión y denunciando que se había vulnerado la Ley de Creación del Ente Público Radio Televisión Madrid. El análisis de Alfa Solutions revelaba la escasa capacidad organizativa y la falta de transparencia a la hora de gestionar el dinero público. Las conclusiones finales de la consultora son incontestables:

“Falta de optimización económica en el presupuesto anual y ausencia de un plan a medio plazo.

Escasa eficiencia en la coordinación entre las direcciones responsables de optimizar el gasto y las direcciones encargadas de suministrar los recursos.

Falta en la capacidad en la gestión del gasto al acabar todo siendo urgente

NO EXISTE MENTALIDAD DE AHORRO DE COSTES

TOMA DE DECISIONES SIN LA TRANSPARENCIA ADECUADA

Dilución de la responsabilidad

Ejecución de presupuesto sin aprobación definitiva

Incremento innecesario de costes

Falta de transparencia en la gestión y decisión final”

Todo esto lo conocía el gobierno regional de Esperanza Aguirre ya que así se lo trasladó el Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Renedo, que no dudo en alertarle sobre las irregularidades que en materia de contratación se estaban llevando a cabo en Telemadrid. Así lo detalla El País (04/01/2013) en su información:

“El entonces presidente del Consejo de Administración, Álvaro Renedo, dirigió en septiembre de 2004 una carta a Aguirre en la que le exponía su preocupación por la contratación de varios programas (la serie Capital, el concurso Metro a metro y el musical Alcalá Club) y de la campaña publicitaria para el lanzamiento de la programación de otoño. Exponía que se había vulnerado la ley de creación del ente porque tanto los tres programas como la campaña deberían haber sido aprobados por el Consejo.

Para conocer los mecanismos de contratación, este organismo encomendó también a la consultora Alfa Solutions un estudio específico. En una carta-informe remitida en marzo de 2005 al subdirector general de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno (que sigue en el cargo), ponía de manifiesto anomalías en la contratación de algunos programas de alto presupuesto puestos en marcha en la etapa de Manuel Soriano como director general. De nuevo aparecían Capital, Metro a metro y Alcalá Club, además de Gran Vía de Madrid y Abierto por la mañana.

La autorización del Consejo (o de su comisión delegada) era necesaria en los contratos que sobrepasaban los 601.000 euros. Pero el director general firmó con la productora Fábrica Visual por 1,2 millones de euros y con La Granota Groga, por 910.000 euros”.

A pesar de las graves conclusiones de la auditoría y de la carta enviada por el presidente del Consejo, el gobierno de Esperanza Aguirre mantuvo en el cargo tanto a Manuel Soriano como a Ángel Martín Vizcaino. Y no solo no tomó medida alguna contra ellos, si no que les otorgó incluso mayor capacidad para contratar sin la autorización del Consejo.

Según la información de El País el límite para contratar por parte del director general de Telemadrid sin requerir aprobación del Consejo de Administración estaba fijado en 600.000 euros. Sin embargo Manuel Soriano realizó contratos muy por encima de esa cantidad, vulnerando la Ley de Creación del EPRTVM (Ley 13/1984, de 30 de junio).

En su artículo 9 se detallaban claramente las competencias del director general:

” Artículo 9. Corresponde al Director General:

d) actuar como órgano de contratación de “Radio Televisión Madrid” y de sus sociedades, sin perjuicio de la facultad de delegación, dando cuenta de todo ello al Consejo de Administración y con su autorización en aquellos contratos que excedan de veinticinco millones de pesetas.

e) autorizar los pagos y gastos de “Radio Televisión Madrid” y de sus sociedades, sin perjuicio de lo dispuesto en los estatutos de estas sociedades y de la facultad de delegación, dando cuenta de todo ello al Consejo de Administración.”

Este articulado estuvo vigente hasta que mediante Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, se modificó de la siguiente manera:

“La modificación de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación, Organización y Control Parlamentario del Ente Público Radio Televisión Madrid, responde a la necesidad de mejorar la gestión del Ente Público y supone flexibilizar las competencias de contratación del Director General, sin renunciar con ello al Control del Consejo de Administración”.

La Ley 5/2004 se publicó en el BOE de 18 de febrero de 2005. Tal modificación, se traducía en el articulado de la Ley de Creación del EPRTVM de la siguiente manera:

“Artículo 9. Corresponde al Director General:

d) actuar como órgano de contratación de “Radio Televisión Madrid” y de sus sociedades, sin perjuicio de la facultad de delegación, dando cuenta de todo ello al Consejo de Administración y con su autorización en aquellos contratos que excedan de 600.000 euros.”

Es decir, la modificación a la Ley de Creación del EPRTVM para elevar hasta 600.000 euros la capacidad del Director General de contratar sin autorización del Consejo de Administración, se produce pocos meses después de que el presidente del Consejo, Alvaro Renedo alertase a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre de “que se había vulnerado la ley de Creación del Ente”. (El País 4 de enero 2013).

Insistimos. Tanto la auditoría como la carta-informe enviada a Esperanza Aguirre son de octubre de 2004 mientras que la modificación de la Ley se publicó en el BOE en febrero de 2005. Luego cuando se producen las contrataciones de los programas que cita la información de El Pais, el límite no eran 600.000 €, si no 25 millones de pesetas, lo que corresponde a 150.000€. Muy lejos de lo legalmente permitido.

Ahí está el origen del despido colectivo que se ha llevado por delante a 829 profesionales del Ente Público Radio Televisión Madrid. El gobierno presidido por Esperanza Aguirre, conocedor de la auditoría de Alfa Solutions y de las graves conclusiones que arrojaba sobre los directivos, conocedor de los contratos que se estaban produciendo al margen del Consejo de Administración vulnerando la ley, no solo no tomó medidas contra los responsables si no que les capacitó para poder incurrir en mayor gasto. Lo que realmente supuso lo de “flexibilizar las competencias de contratación del Director General” fue darles a los directivos de Telemadrid más capacidad para contratar programas con productoras externas a coste muy por encima de su valor real, eludiendo así el control del Consejo de Administración y desaprovechando los medios técnicos y humanos de Radio Televisión Madrid.

Nueve años después, llegamos al 4 de Enero de 2013 cuando finalizó el periodo de consultas entre los sindicatos y la dirección del Ente Publico Radio Televisión Madrid. Los sindicatos CCOO, CGT y UGT presentaron distintos planes de viabilidad como alternativa al despido colectivo presentado por la dirección del Ente Público. Pero la Dirección, la misma cuya gestión había sido denunciada en 2004, siempre defendió en la mesa el estudio de Deloitte-Cuatrecasas que justificaba el despido de 925 trabajadores “por causas económicas” y libraba de cualquier responsabilidad a los directivos del Ente Público Radio Televisión Madrid.

La inspección de trabajo, que estuvo presente durante todo el periodo de consultas, acredita en su informe que la mejor propuesta que presentó la dirección planteaba 829 despidos. Nunca estuvo encima de la mesa la posibilidad de reducir semejante despropósito. Los despidos se comunicaron el 12 de enero mediante burofax. En los días posteriores, miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid y algún medio de comunicación afín dirigieron sus diatribas hacia los sindicatos, trasladando a la opinión pública la idea de que no se habían podido reducir los despidos en 300 o 400 trabajadores por culpa de la negativa a negociar y cerrazón de la representación sindical. Basta recurrir al informe de la inspección, que se puede consultar en la dirección general de trabajo, para ver que en él no aparece tal posibilidad . Y no aparece porque la dirección de Telemadrid jamás hizo semejante propuesta. Una mentira más.

Los protagonistas de esta voladura controlada de Telemadrid, Manuel Soriano y Ángel Martín Vizcaino se han mantenido al frente de la cadena pública madrileña durante todos estos años. Son ellos, como directivos y el gobierno autonómico como responsable político, los únicos culpables de la gestión. Y con la misma irresponsabilidad que han gestionado el dinero público han ordenado y ejecutado el despido de 829 trabajadores. Una injusticia que ahora solo la decisión de un tribunal puede reparar.

Enlaces de interes:

Información sobre la contratación del programa Gran Vía de Madrid

Actual Ley de Creación del EPRTVM

Desastre anunciado en Telemadrid

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