A tiempo de una negociación entre Google y los editores, por @fape_fape

El polémico anuncio del cierre del servicio Google News ha puesto en evidencia una mala gestión por el Gobierno de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que no ha tenido en cuenta que se conjuguen de forma armónica los derechos de los autores y creadores con los de los usuarios y el desarrollo de la innovación y la tecnología, ofreciendo una solución a través del pago a los editores, “irrenunciable”, cuyos efectos no pueden ser tan satisfactorios como inicialmente se presentan al preverse una caída estrepitosa del tráfico de sus ediciones electrónicas

google-news-leypropiedadMientras que el Grupo Popular mostró una total intransigencia a las enmiendas de los grupos de la oposición, con el fin de tratar de solucionar parte de los problemas que podría proporcionar la ley,  como ahora se ve,  el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, habla ya de frenar las medidas previstas en la reforma hasta que no se haya desarrollado el correspondiente reglamento.

En la idea de que la función de un legislador es la de solucionar problemas y no crearlos, lo idóneo hubiera sido aguardar al desarrollo de la legislación europea y luego haber realizado la correspondiente trasposición a la española. En este sentido, el reconocimiento de los periodistas como autores está recogido de manera explícita en la comunicación de la Comisión Europea para “Un mercado único para los derechos de propiedad intelectual“,  de 24 de mayo de 2011; de ahí que una plataforma integrada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y los Colegios Profesionales de Periodistas de Andalucía, Castilla y León, Murcia, País Vasco y La Rioja se expresaran a favor de apoyar la enmienda en la que se incluía a periodistas y fotorreporteros como titulares de los mismos derechos que reconoce a los editores.

Sin embargo no fueron aceptadas ni ésta ni otras propuestas que, previsiblemente, hubieran mejorado el texto actual,  incluyéndose exclusivamente una remuneración a los editores por la utilización por los agregadores de fragmentos no significativos de los contenidos, que es lo que ha provocado el pulso del gigante de los buscadores, anunciando el cierre inminente de su servicio de noticias,  lo que ha puesto enfrente de los editores de diarios a miles de usuarios clamando por la libertad de información, la  misma por la que también pueden pelear sus antagonistas, que tratan de defender la viabilidad de sus negocios en una situación de crisis económica con especial incidencia en el sector de la prensa.

Puede ser que la idea de tratar de ayudar a los empresarios de los periódicos -cuyo papel, como el de los medios audiovisuales, es fundamental en las democracias-, la que haya movido al Gobierno y al partido que lo sustenta a aprobar la reforma tal y como se planteó inicialmente, en vez de abordar un plan transparente de viabilidad de los periódicos en España, como se le planteó también en el Parlamento, sin respuesta por su parte, frenando la sangría de empleos de periodistas y el vaciamiento de las redacciones en perjuicio de una información de la calidad, entendido por ello como un periodismo fiscalizador del poder y con medios para poder acudir a fuentes y a contrastar convenientemente las informaciones, para alcanzar el objetivo de ofrecer una información veraz a la que tienen derecho los ciudadanos.

En esta situación, en un enfrentamiento cuyo fondo es estrictamente comercial, pero donde también se juega con intereses de usuarios y de autores, cuando aún no se ha desarrollado el reglamento correspondiente, cabe aprovechar este tiempo para que se establezca una negociación entre las partes en conflicto -Google y editores-, de la misma forma que se ha llevado a cabo en otros países del entorno europeo, que conlleve a un acuerdo satisfactorio para todos. Lo que la ley no ha sabido resolver.

Con dos reflexiones finales,  que los posibles ingresos de los periódicos se inviertan por los editores en reforzar las redacciones, y advertir que la elaboración de la información tiene un coste que, posiblemente, lleve al cobro de los contenidos en Internet, a más corto que medio plazo.  Todo desde la posición del colectivo profesional que ha sido marginado y discriminado en sus derechos de propiedad intelectual.

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