2017, el año de los delitos de opinión, por @FeSPeriodistas

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), a la que pertenece la FeSP, presenta un balance negativo del año en libertad de expresión e información.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), entre cuyos fundadores está la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ha presentado un balance muy negativo del año 2017 en materia de libertad de expresión e información. "Ha sido un muy mal año para la libertad de expresión, en particular a causa de las condenas por terrorismo a personas sin ninguna relación con actividades violentas, solo por sus opiniones en redes sociales o por sus creaciones como versos o canciones", indica en su informe.

La PDLI cita varios casos de titiriteros, músicos y personas que han sido condenadas por sus opiniones en canciones o en las redes sociales, y recuerda que la policía continuó imponiendo multas a periodistas, en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida comoLey Mordaza-, pese a que el Defensor del Pueblo ha indicado en varios casos que esas sanciones no se ajustan a los requisitos constitucionales.

En el informe también se indica que las dos iniciativas legislativas que han registrado en el Congreso de los Diputados el PSOE y el PNV, para derogar esa ley, están paralizadas y da la sensación de que con ellas pretenden "cambiarlo todo para que todo siga igual".

El informe de la PDLI también recoge algunas noticias positivas para la libertad de expresión e información, entre ellas la reforma de la ley que regula RTVE para elegir a su presidente o presidenta y al Consejo de Administración por concurso público (aunque se ha cumplido el plazo establecido para elaborar el reglamento de ese concurso y los grupos parlamentarios no han sido capaces de hacerlo); la resolución del Parlamento Europeo en la que insta a los Estados miembro a regular la protección de los filtradores de informaciones de interés,y el rechazo por parte de España de las solicitudes de extradición que presentó el Gobierno de Turquía para dos periodistas nacidos en ese país y residentes en otros.

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