14 de abril: Atentado europeo contra la información, por @FeSPeriodistas

El Parlamento Europeo deberá pronunciarse sobre la propuesta de penalizar a informadores y otras personas que flitren secretos de las grandes corporaciones.

El Parlamento Europeo deberá pronunciarse el próximo jueves 14 de abril sobre la propuesta de una nueva directiva europea sobre los “secretos comerciales”, que debe servir de marco para normativas similares en los Estado miembros.

El caso es que este debate llega en momentos en que los “papeles de Panamá” han puesto en evidencia la necesidad de que se protejan las iniciativas ciudadanas que revelan fraudes y secretos que las administraciones parece que no se preocupan en investigar.

La llamada "Directiva relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgada", en apariencia, aspira a evitar las filtraciones y el robo de información confidencial de las corporaciones. Sin embargo, las organizaciones sociales y los sindicatos de periodistas de distintos países, tanto como la Federación Europea de Periodistas (FEP) –a la que pertenece la FeSP- entienden que se trata de un intento de violación de la libertad de expresión y que ataca directamente al periodismo de investigación.

Aunque, ante esta inquietud se han hecho distintas reformas al proyecto inicial este mantiene que las empresas puedan llevar ante los tribunales a los periodistas o a cualquier persona (los ‘whistleblowers’) que divulguen secretos de empresas que por sus características relevantes sean de interés público o afecten los intereses sociales.

Ya tenemos un antecedente en Luxemburgo cuando en 2014 un empleado de la multinacional PwC, Antoine Deltour, fue denunciado y la Justicia admitió procesarlo por haber filtrado al “Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación” (ICIJ) acuerdos tributarios pactados en secreto que permitían a cientos de multinacionales eludir millones en impuestos dentro de la UE. Deltour se enfenta a una condena y fuerte multa por “violación de secretos comerciales”. Aunque en enero de este año, la Comisión Europea haya considerado ilegal el régimen fiscal preferente de Bélgica para atraer a empresas multinacionales.

El año pasado, se utilizó al Gobierno de François Hollande como globo de ensayo para lanzar una normativa de este tipo en el país galo, pero debió dar marcha atrás ante la fuerte reacción de los sindicatos de periodistas y las organizaciones sociales.

El texto frances, que no difería en mucho del propuesto al Parlamento Europeo, preveía hasta tres años de cárcel y multas de hasta 375.000 euros para quienes filtraran “secretos comerciales” y el doble de esas penas si se trataba de revelaciones que afectaran “intereses nacionales”.

Además de su carácter punitivo la propuesta es rechazada por su indefinición de los supuestos secretos que ampara y va en contra del concepto general de que es deber de los ciudadanos denunciar los delitos.

Además, se ha abierto una petición en “wemove.ue” para que la ciudadanía europea sume sus firmas contra el proyecto.

Para firmar: https://act.wemove.eu/campaigns/nuestro-derecho-a-saber

 

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