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Atando cabos, por Javier Astasio

 

Ayer la Guardia Civil sorprendió a  propios y extraños con un informe al juez Velasco en el que, además de la bomba que supone pedirle que investigue la relación de Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, con la financiación ilegal del Partido Popular, hace un relato de los mecanismos de financiación del PP y sus consecuencias que para sí los quisieran los sesudos periodistas y contertulios de todo pelo que, a diario, se ganan el pan, carísimo pan, por cierto, hablando sobre ella..
Apunta la Guardia Civil en su informe que la financiación ilegal del PP ha sido tanta y a lo largo de tanto tiempo que ha llegado a alterar la esencia de la democracia, quebrando el pluralismo político". Justo lo que algunos venimos denunciando desde hace años, que el PP ha aprovechado sus espacios de poder para "recompensar" con contratos públicos a quienes, bajo cuerda, llenan las arcas del partido con sus donativos, en A, en B o "haciéndole precio" en viajes y otros servicios tan necesarios y prácticos cuando se está en continua campaña electoral, como lo ha estado el PP, cortando cintas, presentando proyectos aquí o en el extranjero, moviendo el producto ante todos esos votantes a los que impresiona más un hospital o un colegio nuevo y recién pintado, aunque sean privados y estén vacíos y sin dotación de personal, que las imprescindibles reformas que habría que hacer en centros públicos con personal cualificado y lleno de experiencia a los que poco a poco se va jubilando o aburriendo, sin recursos y con recortes en sus salarios.
No hay o, a mi modo de ver, al menos, no debería haber duda en que la UCO, la Unidad Central operativa de la Guardia Civil está en lo cierto y ha dado con las palabras justas para definir lo que viene pasando en la política española, especialmente en la madrileña desde hace décadas, No hay más que pararse a reflexionar como ha cambiado el panorama político, especialmente en la derecha, que ha cambiado los rostros de sus representantes de los primeros tiempos, brillantes intelectuales la mayoría, por otros más oscuros y siniestros, aunque plenos de habilidades en artes tan necesarias como la recaudación o la propaganda, la mentira sostenida, la intoxicación o la amenaza. "artes" que con tanta facilidad identificamos en Trump y su cuadrilla y que tanto nos cuesta descubrir en nuestros pagos.
Uno de los ejemplos más claro de esto que os digo lo hemos sufrido durante años aquí, en Madrid, y es otro que el que encarnan, Esperanza Aguirre, sus mariachis y su sucesor hoy en la cárcel. Está claro que Granados e Ignacio González fueron, además de sus manos derechas, recaudadores antes que frailes. Ambos están en la cárcel y ambos metieron la mano en esa estructura de donativos y recompensas, lo que no quiere decir que todo lo que recaudaron fuese para sus áticos, sus mansiones o sus cuentas en paraísos fiscales. Es algo tan sencillo como que, a quien carece de escrúpulos para saltarse la ley y ponerse en riesgo por cometer ese delito, le cuesta poco ir un poco más allá quedándose con parte de lo recaudado.
Si lo hacen y lo hacen con tanto descaro, si hacen ostentación de bienes imposibles de conseguir con un comportamiento honrado es porque tienen lengua y quienes les "contratan" como rufianes saben que pueden usarla para contar lo que saben de sus desvelos por hacer del Partido Popular un partido potente, capaz de arrasar en cuantas elecciones compita. El problema es que, para recompensar a los donantes que engordan la caja B, hay que adjudicar contratos y obras, y para adjudicarlos, al menos en una democracia, hace falta disfrazar las transacciones, darles visos de legalidad.
Es ahí donde entran en juego los "tontos útiles" y no por serlo menos culpables que aprueban esas adjudicaciones a todas luces irregulares, los que trocean los contratos para escamotearlos al control, los que, en fin, hacen el trabajo necesario para engrasar el circuito de la corrupción.
Es de haber cumplido ese papel de lo que acusa la Guardia Civil a la indignada Cristina Cifuentes, de haber participado en la adjudicación presuntamente irregular de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid, mientras era vicepresidenta de la misma, al empresario Arturo Fernández, implicado en todas las tramas de corrupción madrileñas.
Cristina Cifuentes se indigna y lo niega. Se defiende diciendo que no se ha llevado nada. Olvida que lleva cerca de dos décadas ocupando un escaño en la cámara madrileña y que los escaños los consiguió en elecciones en las que su partido, está documentado, se financio de la manera que ha quedado descrita. La verdad es así de tozuda y los beneficios de la corrupción se pueden recibir en metálico o en especie.
Por eso, cuanto más sabemos, más nerviosos se ponen. Y es que para escribir la historia de estos años hay ya datos de sobra. Sólo falta atar cabos.